Venezuela Quiere Unidad

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lunes, 1 de febrero de 2016

Genaro Mosquera: El criterio es la unidad, y trabajar duro por nuestra democracia

** Mosquera, invitó a que cualquier divergencia o discrepancia entre los factores de la MUD, deben ser discutidos y debatidos internamente, para llegar a acuerdos que posteriormente sean expuestos de forma pública, notoria y comunicacional, sin herir susceptibilidades.

Prensa MUD-Piar.- Genaro Mosquera, coordinador de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) en el municipio Piar, reiteró su compromiso por la unidad y la democracia en Venezuela, “aportando ideas y trabajando duro desde esta entidad del sur del estado Bolívar, para lograr cambios políticos sustanciales que en la actualidad el país reclama y exige en torno  a la recuperación de su desarrollo y  progreso”. 
          Así lo dio a conocer el joven y exitoso político piarense, luego de ser reelecto por unanimidad desde todas las organizaciones partidistas que integran la MUD en el municipio Piar, correspondiente al período inmediato que recién inicia. Mosquera, indicó que la victoria del pueblo venezolano, de las fuerzas civiles organizadas y de las diferentes organizaciones políticas opositoras, que fue expresado el pasado 6 de diciembre, es un reflejo inequívoco del sentimiento, respeto y madurez democrática de la sociedad venezolana que no están dispuesta a perderla.
          El reelecto coordinador de la MUD-Piar, Genaro Mosquera, aseguró que los valores y criterios de unidad en defensa de la democracia desde las diferentes organizaciones que componen la MUD en la entidad piarense, “hoy más que nunca se encuentran muy unidos y sólidas, aportando en un debate constante, para la superación de los profundos problemas en áreas: de la política, de lo social y de lo económico, a nivel local, regional y nacional”, precisó.
          Asimismo, Mosquera hizo un llamado a todos los factores políticos democráticos opositores y al pueblo en general, a no caer en provocación y en manipulación mediáticas que están siendo fomentadas desde las estructuras de gobierno para crear confusión. “La MUD-Piar al igual que la MUD nacional, se encuentran en unidad trabajando activamente en la recuperación política del país, y no descansaremos, hasta lograr una salida pacífica, constitucional, democrática y electoral del régimen Catro-Madurista que junto a su modelo le han causado tanto daño a nuestro País”.

          Destacó el coordinador de la oposición en Piar, que dentro de la MUD de su municipio, se encuentran trabajando activamente, discutiendo aspectos e ideas de interés generales, “con el fin de llegar a los acuerdos pertinentes, que permitan la convergencia dialéctica conclusiva hacia soluciones de problemas que atañen al conglomerado piarense en aspectos de orden político, económico y social”, recalcó.

sábado, 15 de marzo de 2014

Crimen de Lesa Humanidad.

Por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa humanidad, se entienden, a los efectos del Estatuto de la corte penal internacional aprobado en julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos graves cuando reúnan dos requisitos: “la comisión como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento de dicho ataque”. El ataque generalizado quiere decir que los actos se dirijan contra una multiplicidad de víctimas. A pesar de que el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, de 1945 (el primer instrumento internacional que habla expresamente de crimen contra la humanidad), no incluía el requisito de la generalidad, su Tribunal, al examinar los actos inhumanos como posibles crímenes de lesa humanidad, subrayó que la política de terror “se realizó sin duda a enorme escala”. En este sentido, el Estatuto aclara que por “ataque contra una población civil” se entenderá una línea de conducta que implique la comisión múltiple de actos mencionados en el párrafo 1 contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización. Al referirse a la población civil, se entiende que se refiere a los “no combatientes”, independientemente de que sean de la misma nacionalidad del responsable, apátridas o que tengan una nacionalidad diferente. Ahora bien, hay que tener en cuenta que en la actualidad predominan los conflictos civiles, en los que muchos grupos armados tienen un carácter irregular que hace difícil diferenciar entre los combatientes y los no combatientes. Esto indica que existe una importante zona gris, no contemplada en el concepto legal. Por otra parte, la presencia de un número reducido de no civiles en un grupo compuesto en su mayoría por población civil se considerará un crimen contra la humanidad en la medida en que se den las demás condiciones del crimen. El que los actos inhumanos se cometan de forma sistemática quiere decir que lo son aquellos cometidos como parte de un plan o política preconcebidos, excluyéndose los actos cometidos al azar. Dicho plan o política pueden estar dirigidos por gobiernos o por cualquier organización o grupo. El Estatuto de Nuremberg tampoco incluía el requisito de que los crímenes contra la humanidad se han de cometer de forma sistemática. No obstante, el Tribunal de Nuremberg, al examinar si los actos juzgados constituían crímenes de lesa humanidad, subrayó que los actos inhumanos se cometieron como parte de “una política de terror y fueron, en muchos casos… organizados y sistemáticos”. Los actos inhumanos prohibidos por el Estatuto de la Corte Penal Internacional, y la definición que da de ellos, son los siguientes: a) Asesinato: privación de la vida a una persona inocente concreta. b) Exterminio: privación de la vida a un grupo de personas inocentes, comprendiendo la imposición intencional de penosas condiciones de vida, y la privación del acceso a alimentos o medicinas entre otras acciones, encaminadas a causar la destrucción de una parte de la población. El exterminio está estrechamente relacionado con el genocidio, ya que ambos se dirigen contra un gran número de personas. Ahora bien, el exterminio se da en casos en que se mata a grupos de personas que no comparten características comunes o cuando se mata a algunos miembros de un grupo pero no a otros. c) Esclavitud: ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños. d) Deportación o traslado forzoso de población: desplazamiento de las personas afectadas por expulsión y otros actos coactivos de la zona en que estén legítimamente presentes, sin motivos autorizados por el derecho internacional. e) Encarcelamiento u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales del derecho internacional. f) Tortura: provocación intencional de dolor o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, a una persona que el acusado tenga bajo su custodia o control. Sin embargo, no se entenderá por tortura el dolor o los sufrimientos que se deriven únicamente de sanciones lícitas o que sean consecuencia normal o fortuita de ellas. La Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, de 1984, define como tortura sólo los actos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones o con connivencia oficial. Ahora bien, el párrafo siguiente dispone que dicha definición se entenderá sin perjuicio de cualquier instrumento internacional o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance que ampliara aquella definición. g) Violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada u otros abusos sexuales de gravedad comparable. Respecto al “embarazo forzado” se entenderá el confinamiento ilícito de una mujer a la que se ha dejado embarazada por la fuerza, con la intención de modificar la composición étnica de una población o de cometer otras violaciones graves del derecho internacional. A este respecto cabe señalar la guerra de la antigua Yugoslavia, donde miles de mujeres musulmanas fueron violadas por los soldados serbios, con objeto de humillar y de quebrar la cohesión social del grupo bosnio-musulmán. h) Persecución de un grupo o una colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con cualquier crimen de la competencia de la Corte. Por “persecución” se entenderá la privación intencional y grave de derechos fundamentales en contravención del derecho internacional en razón de la identidad del grupo o de la colectividad. i) Desaparición forzada de personas: aprehensión, detención o secuestro de personas por un Estado o una organización política, o con su autorización, apoyo o aquiescencia, seguido de la negativa a informar sobre la privación de libertad o a dar información sobre la suerte o el paradero de esas personas, con la intención de dejarlas fuera del amparo de la ley por un periodo prolongado. j) El crimen de apartheid: actos inhumanos de carácter similar a los mencionados en el párrafo 1 cometidos en el contexto de un régimen institucionalizado de opresión y dominación sistemática de un grupo racial sobre uno o más grupos raciales y con la intención de mantener ese régimen. k) Otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física. En cuanto al desarrollo histórico del concepto de crímenes contra la humanidad, el primer instrumento en el que se hizo referencia a ellos, aunque no explícita, fue la Convención sobre los usos y las leyes de la guerra terrestre, firmada en La Haya en 1907, concretamente en su cláusula Martens. Ésta dispone que: “En espera de que un Código más completo de las leyes de la guerra pueda ser dictado, las altas partes hacen constar que, en los casos no comprendidos en las Convenciones, los pueblos y los beligerantes quedan bajo la salvaguardia y el imperio de los principios del derecho de gentes tales como resultan de los usos establecidos entre naciones civilizadas, de las leyes de humanidad y de las exigencias de la conciencia pública”. Ahora bien, la necesidad de juzgar a los responsables de los crímenes contra la humanidad se recogió por primera vez en el Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Nuremberg, establecido el 8 de agosto de 1945 por el Reino Unido, Francia, EE.UU. y la URSS. La inclusión de los crímenes contra la humanidad respondió al deseo de los aliados de juzgar no sólo a los que habían cometido crímenes de guerra en el sentido tradicional del término, sino también otros tipos de crímenes que no quedaban comprendidos en ese concepto, como aquellos en los que la víctima fuera apátrida o tuviera la misma nacionalidad que el criminal. Posteriormente, el crimen contra la humanidad se incorporó también al Estatuto del Tribunal Militar Internacional de Tokio, del 19 de enero de 1946. Los Estatutos de los tribunales penales internacionales ad hoc para la ex Yugoslavia (1993) y para Ruanda (1994) también incluyeron y definieron el crimen contra la humanidad. El de la ex Yugoslavia señala, entre otros crímenes, el asesinato, el exterminio, la esclavitud, la deportación, el encarcelamiento, la tortura, la persecución por motivos políticos, raciales o religiosos y otros actos inhumanos. Ahora bien, a diferencia del Tribunal para Ruanda y del Estatuto de la Corte Penal Internacional, dispone que sólo son crímenes contra la humanidad los que se cometen contra la población civil durante un conflicto armado, interno o internacional. No establece que deba existir un nexo entre el acto y el conflicto armado, pero sí que se produzca durante éste. Tal requisito de comisión en el marco de un conflicto aparecía ya en el Estatuto de Nuremberg, pero a partir de entonces la tendencia fue hacia la prohibición de los crímenes contra la humanidad independientemente de que se cometieran en el marco de conflictos armados o no. Por consiguiente, el Consejo de Seguridad, al aprobar el Estatuto para la ex Yugoslavia, aplicó un criterio restrictivo del concepto de crimen contra la humanidad. Joana Abrisketa

sábado, 1 de febrero de 2014

Robin Hood en América Latina

La apuesta por políticas sociales segmentadas, en lugar de reducir, ayudan a reproducir la fuerte fractura social en la región. El verdadero reto de la izquierda reformista es optar por políticas que sean universalistas. La izquierda moderada de América Latina está de moda. En lo que llevamos de siglo hemos oído innumerables alabanzas al Chile de Bachelet, al Uruguay de Mujica o al Brasil de Lula y Rousseff por parte de un gran número de analistas internacionales, incluyendo voces tan liberales como las de Vargas Llosa o el semanario The Economist. Como colofón, este último ha declarado a Uruguay país del año, para regocijo del primero —que escribió El ejemplo uruguayo(EL PAÍS, 29-12-13), elogiando las reformas emprendidas por el “simpático estadista” Mujica, que “vive muy modestamente”. Y es que, con razón, los apologetas de esta izquierda “inteligente” contraponen sus buenos resultados —en libertades civiles, crecimiento económico y eliminación de la pobreza— al desastroso socialismo bolivariano. Sin embargo, esta comparación entre las izquierdas latinoamericanas tan subrayada en los medios es del todo insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta el nivel de desarrollo de la región en el año 2014. Deberíamos comparar los progresos de la izquierda latinoamericana con aquellos de la izquierda reformista que universalizó los Estados de bienestar en Europa durante el siglo XX —desde Suecia en los treinta, dando lugar al modelo paradigmático, a España en los ochenta, dando lugar a una versión más edulcorada (y que parece difuminarse en la actualidad a pasos agigantados)—. La clave de esta izquierda reformista europea —en contraste con experiencias previas, como la torpe izquierda de nuestra República, o con la izquierda dominante en el continente americano (de EE UU hacia abajo)— fue romper con la concepción del Estado que, histórica e intuitivamente, ha tenido el pensamiento progresista: el Estado como una especie de Robin Hood cuya función sería quitar a los ricos para dárselo a los pobres. Obviamente, la izquierda tradicional ha planteado variantes muy distintas de Robin Hoods: desde un Estado “bolcheviquizado” (o bolivariano) que asalta a los capitalistas violando las reglas del Estado de derecho a otro que transfiere dinero, o cartillas de alimentos, a los más desfavorecidos con la aquiescencia del sheriff de Nottingham. El segundo Robin Hood es mucho mejor que el primero en todos los sentidos, pero ni uno ni otro representan una garantía para crear una sociedad equitativa a largo plazo, algo que podemos ver en América Latina. Como un reciente informe del Banco Mundial muestra, a pesar de que la población latinoamericana viviendo debajo del umbral de la pobreza extrema ha descendido a la mitad en las dos últimas décadas (gracias al fuerte crecimiento económico y los programas sociales puestos en marcha), la desigualdad económica continúa en niveles altísimos. Una primera razón es que la izquierda moderada latinoamericana gobierna Estados con una capacidad recaudatoria muy pequeña. Eso sí, como las pequeñas bolsas recolectadas por estos amables Robin Hoods son redistribuidas inteligentemente entre los más desfavorecidos (y algunos grupos electoralmente estratégicos), son suficientes para apuntalar en el poder a Gobiernos de izquierda. A pesar de los programas sociales, la desigualdad económica continúa en niveles altísimos En segundo lugar, hay dudas sobre la efectividad a largo plazo de sus políticas contra la exclusión social. Fijémonos en los resultados del programa más ensalzado —las transferencias condicionadas a cambio, por ejemplo, de que los niños pasen revisiones médicas y vayan a la escuela (unos programas que cubren, en distintas versiones, a más de 113 millones de latinoamericanos)— en el país más ensalzado (Uruguay). A pesar de obvios beneficios inmediatos en términos de reducción de la pobreza, estas transferencias han generado incentivos perversos. Por ejemplo, el niño se registra en la escuela, pero no atiende a clase. Las transferencias tampoco enfrentan las causas de fondo de la desigualdad, como una alarmante tasa de abandono escolar (que se traduce en que un 70,8% de los uruguayos buscan su primer empleo solo con educación primaria), una fuerte segmentación del mercado laboral o una segregación urbana que separa a las clases sociales en barrios distintivos que, a su vez, también tienen escuelas que ofrecen unas oportunidades de aprendizaje muy diferentes. Aquí radica un problema esencial de estas políticas tan extendidas. Actúan sobre la demanda de la educación, dando incentivos económicos a los padres; a expensas, porque los recursos son siempre limitados, de la oferta educativa. Es decir, de dotar al país de unas escuelas públicas de la máxima calidad para todos, que es lo que, a la postre, puede romper la intensa transmisión generacional de la pobreza que sufre la región. A nivel general, las investigaciones de científicos sociales como Bo Rothstein han mostrado los efectos contraproducentes e inintencionados que tienen las políticas sociales condicionadas a las necesidades individuales: los que reciben las ayudas quedan estigmatizados (y eso puede afectar a su posterior integración social); los que no las reciben por poco, se enojan (o bien recurren al fraude para “colarse” entre los beneficiarios. Es importante subrayar que la corrupción puede ser un efecto lateral de programas sociales selectivos); y los que nos las reciben por mucho se dejan convencer fácilmente por demagogos de que ayudar a los otros equivale a malgastar. Además, todos pierden confianza social, que es el pegamento, delicado e imprescindible, que mantiene una sociedad cohesionada. Como resultado, los ciudadanos no se sienten partícipes de un proyecto común, sino identificados con su grupo social más cercano. Esto es lo que tememos que está pasando en América Latina: una apuesta por políticas sociales segmentadas que, en lugar de reducir, ayudan a reproducir la fuerte segmentación social en la región. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Una izquierda más revolucionaria? El ideal podríamos decir que es el de los mosqueteros: uno para todos y todos para uno Desde luego que no. Garantizar una verdadera igualdad de oportunidades solo es posible con una izquierda reformista que, reprimiendo la tentación de Robin Hood (que es muy atractiva), opte por políticas verdaderamente universalistas. Una educación, sanidad, políticas de ayuda a la familia y demás que alcance a todos, o la inmensa mayoría de la ciudadanía. Si las políticas están basadas en la concepción de que distintos ciudadanos comparten un mismo destino, generaremos cohesión social. En lugar del ideal de Robin Hood (que antepone la justicia distributiva a otras consideraciones), el ideal de esta izquierda reformista podríamos decir que es el de los mosqueteros (o sea, dar preferencia a la solidaridad social): el uno para todos y todos para uno. La izquierda reformista europea aprendió que renunciar a una redistribución directa (impuestos a los ricos y gasto social para los pobres) hoy puede facilitar una redistribución más sostenible mañana, porque el pastel de lo público crece. Es más fácil inducir a las clases medias-altas a pagar impuestos elevados —y a que se impliquen en la incesante y ardua tarea de mejorar la eficiencia de los servicios públicos— cuando estas se benefician también de las políticas sociales. Sin embargo, el electoralismo de la izquierda en América Latina impide el desarrollo de este tipo de políticas universalistas. Por ejemplo, cuando el recientemente elegido Frente Amplio uruguayo discutía en 2007 el diseño de su Plan de Equidad, unos cuantos “mosqueteros” propusieron aumentar el número de beneficiarios para más tarde universalizar el programa y así asegurar la financiación del mismo a través de impuestos de todos los uruguayos. Pero fueron derrotados por aquellos “Robin Hoods” que preferían unos fondos más generosos para los más necesitados. Fue una decisión comprensible presupuestariamente (es difícil defender transferencias a los ricos en tiempos de crisis) y políticamente (como alguno comentaba, “¿dónde estaban las clases medias durante la dictadura?”). Pero con efectos dudosos sobre sobre la exclusión social a largo plazo. El atractivo mediático de los Lula, Rousseff, Bachelet y Mujica es mayor que el de los seguramente más aburridos arquitectos históricos de los Estados de bienestar europeos que hoy consideramos emblemáticos. Pero hay que preguntarse si sus políticas sociales no están tan repletas de gestos simbólicos como sus comportamientos individuales. Debemos exigirles más. El dominio de los Robin Hoods no es solo un problema latinoamericano. Tanto allí como en el resto del mundo la nueva izquierda que parece emerger de esta crisis económica enfatiza de forma rabiosa la justicia distributiva —pensemos en el ubicuo lema “somos el 99%”— por encima del ideal de solidaridad social. Necesitamos con urgencia el retorno de los mosqueteros, porque, para construir sociedades equitativas, no bastan con políticas para el 51% ni para el 99%, sino que se requieren políticas para todos. Víctor Lapuente Giné es profesor en la Universidad de Gotemburgo y Johan Sandberg es doctorando en la Universidad de Lund.

jueves, 24 de octubre de 2013

Upata unida contra la inseguridad

A las 9:30 de la mañana partió la marcha desde El Obelisco, donde comerciantes, estudiantes, amas de casa, trabajadores, transportistas entre otros con camisas blancas, pronunciaban consignas como Upata unida jamás será vencida, No más asesinatos, Queremos seguridad, Exigimos justicia. Los marchantes caminaron hasta la plaza Miranda al frente del Hotel Andrea, anhelando volver a la Upata de la tranquilidad, la ciudad dormitorio, de cordialidad y respeto. Octavio Malavé señaló que en el municipio Piar nadie está exento de ser víctima del hampa y lo ocurrido con Aleida Sánchez, que aún después de entregar las llaves del vehículo como exigencia de sus victimarios le dispararon, lo que demuestra una gran descomposición social. Genaro Mosquera llamó a la unidad de todo el pueblo piarense a entre todos asumir la gravedad del problema de la inseguridad y mancomunar esfuerzos para superarlo. “La solución es posible solamente hace falta voluntad política y aplicar muchas estrategias. La próxima gestión gane quien gane la Alcaldía el próximo 8 de diciembre debe enfocarse y sembrar la semilla que se va a cosechar a mediano plazo de un municipio tranquilo”, aseveró. El comerciante Angolino Di Scipio, con 58 años en Upata, consideró que hay que girar la mirada a Dios, elevar una oración por la paz, el encuentro, la tolerancia y la unión no solamente de Upata, sino de toda Venezuela. Convocatoria contra la inseguridad “El paro cívico ha sido un éxito”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio del municipio Piar, Jony Houda, a las 9:00 de la mañana luego de cumplirse las primeras tres horas de las 12 previstas en rechazo a los altos niveles de inseguridad que vive la Villa del Yocoima, y con el objetivo de exhortar a las autoridades a tomar acciones inmediatas. Al cese de actividades se sumaron instituciones públicas como: La Alcaldía de Piar, Concejo Municipal, Registro Civil, Saime, ambulatorios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ipasme, entidades bancarias privadas -las públicas trabajaron con normalidad- el transporte urbano, rural y escolar; las escuelas y liceos permanecieron abiertas sin embargo la asistencia de los estudiantes fue muy baja. Houda dijo que en 100 por ciento se contabilizó el cierre de los establecimientos comerciales algo que no había ocurrido en otras convocatorias lo que a su juicio deja en evidencia la preocupación por lo que ha venido ocurriendo. “En este año en el municipio Piar, van más de 40 muertos en hechos violentos y sin contabilizar la gran cantidad de atracos, robos, vejaciones y asaltos a viviendas, esto nadie lo puede aguantar por eso Upata, es referencia nacional al paralizar sus actividades en contra de la inseguridad, no más muertos, queremos vivir en paz”, sostuvo. El vocero del comando unificado del transporte José Quiroz agregó que más de 15 líneas se sumaron al paro ya que este sector no escapa de este flagelo donde ahora los delincuentes no se conforman con el dinero del trabajo diario sino despojan a los choferes de los vehículos. Sin confrontación Aclaró que no se busca ninguna confrontación con el ministro de Interior y Justicia, el gobernador y el alcalde del municipio por el contrario lo que se busca es darles a entender que el municipio Piar amerita ser atendido en seguridad, que el plan Patria Segura sea una de las alternativas a considerar y que los crímenes no queden impunes. “Ministro, gobernador: el municipio Piar tiene una inseguridad altísima algo diferente a las estadísticas que ustedes manejan porque de 10 robos que ocurren uno solo se denuncia. También falta confianza en los cuerpos de seguridad”, destacó. Poco presupuesto El secretario de seguridad Ciudadana de la Gobernación y comandante general de la policía del estado, general Julio César Fuentes Manzulli, estuvo presente en una reunión realizada la noche del martes y se comprometió a presentar el próximo martes una serie de propuestas, que serán evaluadas con el gobernador Francisco Rangel Gómez. En ese mismo encuentro el alcalde Gustavo Muñiz manifestó que no cuenta con presupuesto para emprender una mejor gestión para la seguridad. Dijo que la policía municipal solo cuenta con una patrulla y seis motocicletas para atender a Upata, El Pao y El Manteco. Anunció la inclusión de 10 funcionarios al componente a partir del 1 de noviembre.

miércoles, 7 de agosto de 2013

73 % de los venezolanos están dispuestos a denunciar hechos de corrupción

El 23% de las personas consultadas que no reportaría un hecho de corrupción argumenta, en su mayoría, temor por las consecuencias que esto podría traer. En los resultados obtenidos por el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International, lanzado este martes, se pudo conocer que el 65 por ciento de los venezolanos encuestados cree que la corrupción se incrementó en el país durante los últimos dos años, sin embargo el 73 % de las personas manifiesta que está dispuesta a denunciar. De este número, la mayoría asevera que lo haría ante líneas de atención de los organismos del Estado (43%), en los medios de comunicación (26%) y directamente en la institución (23%).El 23% restante que no reportaría un hecho de corrupción argumenta, en su mayoría, temor por las consecuencias que esto podría traer. La institución percibida en Venezuela como más corrupta es la policía con una apreciación de 4,4 puntos de 5, siendo 5 la calificación para “extremadamente corrupta”, seguido por los empleados públicos y los partidos políticos. El 57% de la muestra asegura haber pagado sobornos al cuerpo de seguridad y el 48% en registros y notarías. Según la encuesta de Transparency International aplicada en 107 países, los venezolanos señalan que pagan sobornos en su mayoría para agilizar los trámites (51%) o porque es la única manera de obtener el servicio (32%). En el instrumento, cuya información se recabó entre septiembre de 2012 y marzo de 2013, el 57% de los venezolanos consultados considera que las medidas implementadas por el Gobierno para la lucha contra la corrupción han sido inefectivas. Sobre la relación entre los venezolanos y los operadores de servicios públicos, el 27% de los encuestados afirmó haber pagado soborno a alguna de estas instituciones. Otras acciones de la ciudadanía El 88% de los venezolanos entrevistados están dispuestos a contribuir en la lucha contra la corrupción, cuando se les consultó de qué manera, el 78% aseguró estar dispuesto a suscribir peticiones a los gobernantes, seguido por el activismo en las redes sociales (67%) y realizar protestas pacíficas contra la corrupción (59%). El Barómetro El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta realizada a 114.000 personas en 107 países y muestra que la corrupción es un fenómeno extendido. El Barómetro es una encuesta de opinión pública que permite conocer las perspectivas del público en general sobre la corrupción y el impacto que esta tiene en sus vidas, incluida las experiencias personales de soborno. Se diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en que éste se basa en la opinión de expertos.

domingo, 31 de marzo de 2013

América Latina, el nuevo campo de batalla económico entre China y EE UU

* El gigante asiático se convertirá en 2015 en el segundo máximo inversor en la región. * Su influencia en percibida de manera más positiva que la del vecino del norte. La estabilidad democrática y la prosperidad económica de América Latina en las dos últimas décadas han permitido que deje de ser considerada el “patio trasero” de Estados Unidos. Buena parte de esa pujanza económica se debe a la creciente presencia comercial de China en los países de la zona. El paulatino empuje del gigante asiático en la región puede amenazar la relación de privilegio que todavía mantiene Estados Unidos con sus vecinos del sur, que, de momento, sólo parece preocupado por el esa expansión comercial no pase las fronteras políticas. “La creciente economía del país asiático le obliga a buscar nuevos mercados, una necesidad que también comparte América Latina por los mismos motivos. Eso es bueno para la región y, por tanto, también es bueno para EE UU”, explica Daniel P. Erikson, asesor de la Oficina para Occidente del Departamento de Estado. La Comisión Económica Para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) estima que en 2015, China sustituirá a la Unión Europea como segundo principal inversor en América Latina, por detrás de EE UU. La fortaleza económica de China ha tenido un profundo impacto en los países de la región. El país asiático es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo destino de las exportaciones de Argentina, Costa Rica y Cuba, según CEPAL. La creciente economía del país asiático le obliga a buscar nuevos mercados, una necesidad que también comparte América Latina por los mismos motivos" China no sólo está recortando el protagonismo económico de EE UU en el hemisferio sur del continente americano -ha pasado de capitalizar el 4% del intercambio comercial a ser el principal socio de muchos de sus países-, también está ganando la batalla de la percepción de su peso en la región. Según un estudio del Barómetro de las Américas, elaborado por la Universidad de Vanderbilt y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, el 68,2% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe, considera que la influencia del gigante asiático en la zona es positiva, mientras que sólo el 62,2% opina lo mismo del ascendiente estadounidense. Uno de cada cinco consultados cree, además, que China ya es el país más influyente, por delante de Japón, India y EE UU. Liu Kang, profesor de Estudios Culturales Chinos del Departamento de Estudios Asiáticos y director del Centro de Investigación sobre China de la Universidad de Duke, justifica esa impresión positiva en “la diplomacia pragmática” que ha optado por desarrollar en la región el Gobierno chino. “La inversión de China en América Latina no está basada en la ideología, esta política de no intervención se ha demostrado mucho más eficaz que la desarrollada en Oriente Medio o en África, que ha suscitado mucha más controversia”. Kang resalta, como ejemplo de esa falta de implicación política, que sus relaciones comerciales ya no se supeditan al reconocimiento a Taiwán por parte de algunos países de la región. La estadística ayuda a ilustrar el impacto transformador de la presencia china en América Latina. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Chino, la región es el segundo mayor destino inversor del país, tras Asia. En 2000, Pekín invirtió 10.000 millones de dólares en la región, en 2009 eran 100.000 millones y dos años después, en 2011, superaba los 245.000 millones, de acuerdo con el Centro Woodrow Wilson. Esa inversión fue determinante para que América Latina soslayara el impacto de la recesión económica de 2009 -Ese a año las exportaciones de América Latina a EE UU y Europa disminuyeron el 26 y el 28% respectivamente, las que tenían como destino China, se incrementaron en un 5%-. Uno de cada cinco consultados cree, además, que China ya es el país más influyente, por delante de Japón, India y EEUU. EEUU también aborda de manera empírica el peso creciente de China en el continente Americano. Washington, no obstante, alerta sobre las prácticas comerciales de China, las condiciones de su mercado laboral -con una mano de obra más barata que permite rebajar los costes de producción- y la falta de garantías hacia los derechos humanos, como factores que favorecen la relación comercial de los países emergentes de la región con EE UU, por su afinidad político-económica, que con Pekin. Esta línea de pensamiento podría explicar por qué Brasil, Chile, Argentina o México son los países que, pese a tener a China como uno de sus principales socios económicos, tienen una visión más negativa de su influencia, de acuerdo con el Barómetro de las Américas. Del mismo modo, pese al inapelable éxito del modelo económico chino, el 27,5% de los consultados prefiere el sistema estadounidense, frente al 16,3% que se decanta por el chino, seguidos del japonés (12,4%), brasileño (7%), venezolano (2,1%) y mexicano (1,7%). Otro de los problemas que se plantean a medio plazo es la posible competencia entre China y los países emergentes de América Latina, como Brasil o México. De hecho, en ambos Estados ya se han empezado a sentir las consecuencias de la inevitable rivalidad derivada de sus respectivas pujanzas económicas. Mauricio Mosquita Moreira, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, aseguró en 2011 que China era la “principal amenaza” para la expansión industrial de Brasil, ya que ambos países producen bienes similares. La diferencia entre las políticas laborales y el respecto al medioambiente de determinadas empresas chinas instaladas en la región también han provocado fricciones con algunos Gobiernos americanos. La inversión de China en América Latina no está basada en la ideología, esta política de no intervención se ha demostrado mucho más eficaz que la desarrollada en Oriente Medio o en África, que ha suscitado mucha más controversia" La relación con México es sintomática de la creciente rivalidad económica entre ambos países. China se ha convertido en uno de los principales competidores de México en el mercado estadounidense. En 1980, el Gobierno mexicano comenzó a adoptar medidas protectoras en respuesta a la proliferación de productos chinos de bajo coste dentro de sus fronteras. La reestructuración del mercado laboral chino, que ha acordado una subida salarial a los trabajadores, ha permitido el renacimiento de la industria automovilística y aeronáutica mexicana, en competencia directa con la china. Pese a todo, la postura de México debe ser cauta, ya que los productos que exporta tienen una alta dependencia de las importaciones chinas. La dependencia de la economía de América Latina de China es importante, por cada 1% que crece el PIB en el país asiático, crece un 0,4% el de la región; por cada 10% que crece China, aumentan las exportaciones de América Latina a ese país, en un 25%. La presencia del gigante asiático en el hemisferio Sur americano ha servido garantizar la estabilidad económica de la región. Aunque EE UU vigila que esa influencia no traspase las fronteras de la política, de momento, parece aceptar la expansión comercial. Desde 2006, ambos países mantienen un diálogo periódico para intercambiar ideas sobre la región. Desde que Barack Obama está en la Casa Blanca ese fórum se reunión en 2010 y 2012 y está prevista otra reunión a finales de este año. La existencia de la Alianza Transpacífica (TPP), de la que forman parte Chile, EE UU, Perú o México -China no-, o la Alianza de Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, como miembros plenos -ni China ni EE UU forman parte- da una idea de la importancia que América Latina da a las relaciones comerciales con el Pacífico Sur. Diario El País de España.

miércoles, 6 de febrero de 2013

Venezuela obtiene 37 puntos de 100 en Índice de Presupuesto Abierto

El informe internacional elaborado por la Internacional Budget Partnership (IBP), mide la transparencia y calidad de los presupuestos cada dos años y se elabora sobre la base de 100 puntos: a mayor puntaje, mejor y más participativo el proceso presupuestario.

Se dieron a conocer los resultados del Índice de Presupuesto Abierto correspondientes al año 2012, que publica la Internacional Budget Partnership (IBP) bianualmente. El informe arroja que Venezuela obtuvo un puntaje de 37 puntos sobre 100, ubicándose debajo del promedio de 43 puntos del total de 100 países encuestados. Asimismo, es inferior a los puntajes de todos sus vecinos en la región, a excepción de Bolivia y Ecuador.

En el año 2010, Venezuela obtuvo 34 puntos en el estudio, que incluyó en esa oportunidad, a 95 países, dos años más tarde muestra una mejoría de 3 puntos. Estos resultados indican que el gobierno venezolano proporciona información mínima al público sobre el presupuesto y las actividades financieras del gobierno nacional durante el año presupuestario. Por ello, los ciudadanos se enfrentan con el reto de responsabilizar al gobierno por la administración de los fondos públicos.

Transparencia Venezuela participa en la elaboración de este índice, respondiendo a la Encuesta de Presupuesto Abierto, que contiene 125 preguntas de las cuales 95 son sobre la la disponibilidad pública y la exhaustividad de los ocho documentos presupuestarios clave que los gobiernos deberían publicar y las 30 preguntas restantes se relacionan con las oportunidades para la participación ciudadana en el proceso presupuestario y con las funciones que desempeñan las legislaturas y las entidades fiscalizadoras superiores en la formulación y la vigilancia del presupuesto.

En base a estos resultados la IBP realiza una serie recomendaciones al Ejecutivo para mejorar su transparencia presupuestaria. Entre estas medidas se encuentran: la elaboración y publicación de un presupuesto ciudadano, los informes entregados durante el año y una revisión a mitad de año, mejorar la calidad del informe de auditoría al incluir todos los gastos, publicar los Informes de auditoría de fondos extra presupuestarios.

En cuanto al papel de la Asamblea Nacional, ésta debería realizar un debate formal sobre políticas presupuestarias preliminares antes de que el Ejecutivo presente la propuesta de presupuesto, debería tener autoridad plena para modificar la propuesta de presupuesto del Ejecutivo y debería examinar todos los informes de auditoría; el Ejecutivo debería realizar consultas con los miembros de la legislatura como parte del proceso mediante el cual se establecen las prioridades.

Finalmente, la IBP destaca la importancia de la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto nacional, por lo que recomienda a Venezuela ampliar la participación pública, ya que según los resultados, existen oportunidades limitadas en el proceso presupuestario de Venezuela.

El Índice

El Índice de Presupuesto Abierto se compone de puntuaciones parciales para cada uno de los ocho documentos presupuestarios clave evaluados en la Encuesta de Presupuesto Abierto, la cual usa criterios reconocidos internacionalmente a fin de otorgar a cada país un puntaje de transparencia en una escala de 100 puntos, denominada Índice de Presupuesto Abierto.

Para garantizar la comparabilidad de los datos, se estableció un periodo de investigación claramente definido (desde agosto hasta diciembre de 2011) y que fue el mismo para todos los países evaluados. En la medida de lo posible, se reunieron y presentaron evidencias documentales específicas, como citas de los documentos presupuestarios disponibles, disposiciones legales o entrevistas a funcionarios del gobierno u otros actores relevantes, para respaldar cada una de las respuestas. La Encuesta no refleja la opinión de los que la elaboran; mide hechos observables relacionados con la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Entre los puntajes más altos para la edición 2012 se incluyen Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Noruega, Brasil y Corea del Sur. Según el informe, 77 de los 100 países evaluados, en los que habita la mitad de la población mundial, no cumplen con los estándares básicos de transparencia. El documento destaca la importancia del tema, dado que los presupuestos constituyen la herramienta principal que utilizan los gobiernos para establecer políticas, con el fin de recaudar e invertir fondos públicos destinados a promover el desarrollo y cubrir las necesidades de los habitantes de estos países.

lunes, 12 de noviembre de 2012

Transparencia Venezuela: La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el gobierno

Por cuarto año consecutivo la Organización No Gubernamental presenta al país el análisis del Proyecto de Presupuesto para la nación. Este sábado su Directora Ejecutiva Mercedes De Freitas, dio a conocer a los medios de comunicación el trabajo correspondiente al Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

De dicho ejercicio resaltan las siguientes preocupaciones:

Dinero para Poderes Públicos
  • El Ejecutivo maneja directamente el 75% del presupuesto + los fondos paralelos + las contribuciones especiales + el FCI para Poder Popular
  • Se mantiene el  descenso de recursos para alcaldías y gobernaciones a través de subestimación de los ingresos.
  • El presupuesto para órganos de control no llega al 1%

Seguridad no es un problema
  • La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el Gobierno. Menos dinero para seguridad interna, más dinero para defensa nacional. US$ 16.000 para compra de armamento.
  • Menos policías más militares
  • A la lucha contra la delincuencia organizada se le asignó Bs.2 millones. Una burla.

Sin dinero para elecciones ni aumento de sueldos
  • Para las elecciones de abril se asignan Bs. 93 Millones. Las Elecciones presidenciales 2012 costaron 2.933 Millones. El aumento de sueldos tampoco está.

Discrecionalidad y arbitrariedad caracterizan el proyecto de presupuesto 2013
  • Presupuesto es deficitario en 32%
  • El barril a $55 mantendrá el uso de gigantescos recurso paralelos sin control. En 2012 solo al FONDEN entró  US$18.447 Millones
  • La subestimación del gasto para el Ejecutivo no es indicativo de política de austeridad, sino anticipo de gestión financiera sin planificación real, basada en créditos adicionales a discreción
  • El análisis de presupuesto confirma que no están planteadas soluciones a los problemas del país, el presupuesto no indica que se están priorizando los problemas del país. Ley de presupuesto no es real, es cumplir muy mal un requisito formal. Venezuela no tiene planificación presupuestaria
  • El peso del ingreso petrolero es cada vez más bajo en el presupuesto

domingo, 11 de noviembre de 2012

Pugnas en Corpoelec develan retrocesos en sector eléctrico

Dos visiones del socialismo. Dos grupos del oficialismo chocan por el control de la industria eléctrica. Luego de la reelección del presidente Hugo Chávez las diferencias ya no se guardan. Y entre las estrategias políticas de uno u otro grupo se asoma una verdad que oculta el discurso oficial: la crisis eléctrica está más viva que nunca.



Lo sindical
La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec) señala que la gerencia de la empresa pretende la “destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”. Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico hace campaña contra las “cúpulas sindicales”.


Lo operativo
 
40% de retraso presentan los proyectos nuevos de generación.
Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor.
De las 402 subestaciones de distribución, 127 exceden su vida útil de 35 años.


Dos grandes corrientes del oficialismo pugnan en la arena de la  Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Es, quizás, una de las confrontaciones más descarnadas que se han dado en las filas del chavismo en el último período.
La incursión del vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, ex dirigente sindical, ha acentuado la rivalidad por su pasado en las filas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), una de las líneas que dominan la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de la Ciudad, el Campo y el Mar.
En dos semanas, se han producido dos marchas hacia un mismo destino pero con diferentes actores. La primera de ellas convocada por la Federación Eléctrica Nacional (Fetraelec) y más de 30 sindicatos. La segunda por el Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico, con la participación del tren gerencial,  cuyas consignas fueron en contra de las “cúpulas sindicales”.
Ambas incluyeron entre sus objetivos entregar un plan integral para el mejoramiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a la Vicepresidencia de la República.
Pero dentro la confrontación resaltan las duras críticas esbozadas por Fetraelec contra quienes hoy dirigen Corpoelec, entre las que destacan  el “plan de exclusión, amedrentamiento y acoso a los trabajadores, así como destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”.

El secretario de asuntos internos de Fetraelec y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del estado Bolívar, Francisco Alarcón, ha denunciado que la intención de la directiva es sustituir a los sindicatos por una organización vertical que no se corresponde con el proyecto del control obrero.
En el documento entregado al vicepresidente Nicolás Maduro los trabajadores exponen la situación de la industria, remarcan las causas de la crisis eléctrica, subrayan la inestabilidad de las líneas de transmisión y la ausencia de un plan consensuado para salir del atolladero.
Fetraelec también destaca que el plan tarifario “razonable”, ejecutado tras el estudio de un equipo multidisciplinario, no trascendió.
La institución asegura que milita con la idea de  implantar un modelo de gestión socialista para fijar una gerencia y administración de la empresa colectiva, con la conformación de consejos de trabajadores.
Sin embargo, “las autoridades vienen desmontando lo que con grandes esfuerzos pudo avanzarse desde las bases de los trabajadores, como por ejemplo la definición de las unidades mínimas operacionales y, por el contrario, se están retomando los viejos esquemas regionales”.
Cuestionan a los consejo socialistas cuya línea vertical se impone, aplicando “persecución y hostigamiento a los trabajadores que osen  reclamar la aplicación del reglamento (…) se está potenciando un choque inminente y comienzan a manifestarse importantes elementos de esas dos visiones contrapuestas de cómo refundar el sector eléctrica”, alerta la federación de sindicatos eléctricos en el documento entregado a Maduro.

Dos líneas
Los cuestionamientos del sector sindical están basados en el poco avance que ha habido en la reorganización del sector eléctrico nacional, firmado en mayo de 2007 y que tenía como fin unificar e integrar las condiciones laborales de 14 empresas y 42 sindicatos exigentes.
Responsabilizan de esta situación, precisamente, a los sectores “enquistados” que este viernes se movilizaron en Caracas con Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico en contra de las “cúpulas sindicales”.
Pese a que ambos grupos coinciden en el planteamiento de que los trabajadores asuman la conducción de la industria, hay profundas divergencias en cómo se materializa la idea socialista.
La coordinadora nacional de igualdad de género de esta agrupación, Mercedes Gutiérrez, señaló a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) que este frente rechaza las cúpulas sindicales y apuestan por la integración de la fuerza laboral.
La clara división dentro de la industria obligó a la Vicepresidencia de la República a conformar un “equipo de trabajo permanente” con cuatro líneas estratégicas, divulgas este viernes por Maduro.
Entre tanto, la mayoría de las organizaciones agrupadas en Fetraelec están dispuestas a enfrentar cualquier modelo que pretenda convertirse en una figura de paralelismo sindical.
“No puede ser que intenten implantar un control obrero para enfrentar a los trabajadores, para entregar las conquistas, porque si es así yo me quedo entonces con el viejo modelo que me establece la constitución que es la participación a través de las organizaciones sindicales. Ese es el debate que tiene que darse, pero no por la imposición”, declaró el dirigente de Suteeb, Francisco Alarcón. 

Sistema eléctrico Nacional (SEN), según Fetraelec:
* Inestabilidad: Capacidad instalada 23.554 sólo es posible generar el 36% y el eje norte costero requiere de  la importación de energía desde Guayana de no menos de 8.400 Mw, observamos que se ve limitada por el facto de inestabilidad de transferencia de carga que sólo le permite exportar 7.400 Mw.

* Transmisión: el 78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior al 55% (22% con factor de utilización superior al 80%) que indica pérdida de capacidad firme disponible de energía, condición esta, que restringe la posibilidad de hacer mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio.

* Distribución: De las 402 subestaciones de distribución, el 32% (127) exceden su vida útil (35 años). Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como círculo vicioso, genera interrupciones cada vez más frecuentes.

* Pérdidas de energía: Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor (pagan por estimados), una gran cantidad ejecuta normas clandestinas o intervienen medidores de manera fraudulentas.

39 horas/año es el indicador de tiempo total de interrupciones (TTI); el indicador latinoamericano es de 6 horas/año
7.500 millones de bolívares eran las cuentas por obrar en Corpoelec al cerrar el 2011.
12.000 mw nuevos se requieren para los 3 millones de viviendas que aspira construir el Gobierno con la Gran Misión Vivienda y se requerían 20 millones de dólares en inversión.
40% de retraso tienen los proyectos nuevos de generación donde se estima incorporar 5.629 Mw al sistema
1.500 trabajadores, según Fetraelec, deberían estar capacitándose para la nueva infraestructura eléctrica.

Fuente:  Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com


domingo, 4 de noviembre de 2012

Conclusiones y Recomendaciones de la OEA (Elecciones Presidenciales 2006 en Venezuela)

CONCLUSIONES Y RECOMDACIONES:

La MOE/OEA constató los avances del sistema electoral venezolano. Asimismo, con el objetivo de fortalecer el sistema y el proceso eleccionario de Venezuela, la Misión de la OEA presenta una serie de recomendaciones. Estas se formulan en cumplimiento de los compromisos a los que obligan las Normas sobre el Régimen de la Observación Electoral Internacional en la Elección Presidencial de 2006, dictadas por el CNE el 5 de octubre de 2006 y por Acuerdo relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores firmado con el gobierno, así como el Acuerdo de Procedimientos de la Observación firmado con el CNE. Los siguientes comentarios y sugerencias se basan en los informes preliminares de la Misión y en las observaciones y análisis presentados en páginas anteriores.

A) ASPECTOS LEGALES:
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La Misión pudo observar que, desde las elecciones de 2005, el marco regulatorio ha mejorado en varios aspectos. En tal sentido, quizá la más relevante conclusión y recomendación en materia legal, es la urgente necesidad de tener un marco jurídico unificado, coherente, de fácil y oportuna aplicación, dotado de mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los organismos correspondientes y de los normados, con lo que se generaría un clima de confianza y tranquilidad entre todos los actores del proceso electoral en sus diferentes etapas. La actual normativa electoral de la República Bolivariana de Venezuela, no coincide en muchos aspectos con los cambios institucionales y el avance tecnológico del sistema electoral. En este sentido, la Misión considera oportuno desarrollar los principios constitucionales referidos al régimen electoral, mediante la expedición de una ley que recoja las normas existentes y la actualice y complemente para tener una legislación clara y expedita en materia electoral. Para ello, se considera que la manera de implementar esta recomendación sería rescatando de la legislación vigente lo que sea aplicable a la actualidad y refundirlo con nuevas normas en un código electoral único, que involucre de manera sistemática los diferentes aspectos del proceso electoral y los temas conexos, incluyendo el control de actividades, la regulación de las organizaciones con fines políticos, la propaganda electoral, el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales redactado con una buena técnica jurídica, buscando que este sea lo más claro posible, sin dejar lugar a vacíos o situaciones que generen un limbo jurídico.

La Misión entiende que cada elección tiene características particulares y por ello considera conveniente que el CNE conserve la facultad de reglamentar asuntos meramente procedimentales para cada elección, tales como el cronograma electoral, la reubicación de centros de votación o mesas de votación en caso de ser necesario, composición de órganos electorales transitorios para desempeñar funciones electorales (miembros de mesa, operadores, coordinadores de centro de votación). Estas reglamentaciones deben ser difundidas con la antelación que determine la ley y tengan amplia difusión para que los actores del proceso las conozcan con la debida anticipación y sean aplicables de manera justa y uniforme.
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En cuanto a los reglamentos sobre los procedimientos que decrete el CNE para cada elección, la Misión considera que deberían ser expedidos previa concertación, opinión o intervención en su elaboración por parte de las organizaciones políticas, pues estos van a normar el proceso en la cual ellas van a participar.

B) CAMPAÑAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS:
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La Misión observó falta de credibilidad y confianza entre los distintos sectores políticos del país, lo cual debilitó la presencia de los partidos. Por lo tanto, la MOE/OEA considera oportuna la promoción de un programa de fortalecimiento de los partidos políticos y de concertación nacional.
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La Misión entiende que el marco jurídico para el financiamiento de las campañas electorales debe ser revisado, ya que la tendencia en la mayoría de democracias es que el Estado participe financiando estos aspectos, ya sea de manera directa, indirecta o mixta, pues esto permite tener mayor control sobre el dinero que ingresa a una campaña o a un partido político. Además, en cierta forma les da igualdad de condiciones en la participación en la vida política o en un proceso electoral en particular. La República Bolivariana de Venezuela cuenta con uno de los sistemas electorales más modernos del mundo, no obstante falta robustecer y mejorar los sistemas de control y fiscalización del financiamiento de agrupaciones con fines políticos y de campañas electorales, el cual está establecido mediante norma constitucional. Es así como la Misión recomienda revisar el marco legal en función de generar modificaciones que faciliten la auditoría de los fondos utilizados para las campañas electorales y de esta manera se refuerce la transparencia del sistema eliminado sospechas y/o suspicacias.
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En este sentido, es importante reglamentar el uso de recursos públicos y/o del Estado, de manera que se preserve el equilibrio y la igualdad de condiciones entre los participantes de un proceso electoral. La Misión también considera imperante que al reglamentar la aludida materia, se elabore una ley que cuente con los instrumentos necesarios y efectivos que hagan posible la aplicación de la misma, estableciendo sanciones que sean aplicadas dependiendo de la clase de delito.
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Dentro de la reforma y actualización a la normatividad electoral existente en la República Bolivariana de Venezuela es importante reglamentar lo referente a las campañas electorales, para que estas se puedan desarrollar con plenas garantías y la celebración del proceso propiamente dicho sea justo, libre y competitivo y la ciudadanía tenga una percepción clara y verdadera sobre las ofertas políticas,

evitando que su percepción sobre ellas sea distorsionada. En este campo sería importante reglamentar el acceso de los candidatos a los medios de comunicación para que los participantes en el debate electoral estén en igualdad de condiciones
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C) FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ELECTORAL:
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Es de destacar que los miembros rectores del Consejo Supremo Electoral fueron designados por la Asamblea Nacional de la manera que lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela37. Con motivo del grado de estabilidad que adquirió el CNE con el nombramiento en propiedad de sus rectores, este organismo se ha puesto en la tarea de trabajar en su consolidación. Se considera oportuno que, en aras de consolidar la credibilidad de la autoridad electoral se mejore la comunicación con los representantes de las organizaciones políticas. Principalmente, en el tema de contestación de inquietudes o respuestas técnicas presentadas al CNE.

D) REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE (REP):
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La Misión considera importante que se expida una ley que permita la unificación del Registro Civil de las Personas y al Registro Electoral Permanente (REP). De esta manera, se podría obtener un padrón electoral limpio y depurado, teniendo una mayor coordinación entre las instituciones involucradas en la formación de esos registros.

E) ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL:
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La Misión puede confirmar que, tanto en los centros de votación como los lugares centrales de totalización, hubo una presencia importante de testigos de los partidos políticos así como de observadores, lo que contribuyó a transparentar este proceso y brindar garantías acerca de la transmisión y totalización de los resultados.
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De las elecciones de 2005 a las de 2006, el CNE amplió el número de centros de votación. En 2005 se habían habilitado 9,387 centros de votación y para las elecciones de 2006 ya había 11,118, lo que facilita al ciudadano la participación en el proceso electoral. Igualmente, para 2006, la automatización del sistema alcanzó el 94.7% y el 5.7% restante, obedece en su mayoría a las mesas de votación instaladas en el exterior y a regiones inhóspitas donde se hace imposible la implementación del sistema automatizado.
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De lo observado el día de la votación y con el objetivo de mejorar la organización del proceso durante el acto de votación se sugiere que:

La autoridad electoral estipule y cumpla con claridad los horarios establecidos por la legislación sobre la apertura y cierre del centro electoral. También debería establecer cuál es el oficial responsable de esta función, evitando así confusiones y generando mayor transparencia en el recuento de votos. (Artículo 296 CRBV.)

Las fuerzas de seguridad eviten la exhibición de armamento ya que esto puede resultar amenazante o amedrentador para el público elector.

Realizar una renovación del parque de máquinas de votación envejecido debido a las fallas de algunas de máquinas. Unificar el modelo de las máquinas de votación y las impresoras para así minimizar las fallas y la paralización momentánea del proceso.
o
Socializar y familiarizar la tecnología utilizada en el proceso electoral mediante campañas masivas de educación al votante, las cuales podrían incluir pruebas prácticas en lugares públicos.
o
Reforzar la capacitación de los miembros de mesa, lo cual le permitiría una mejor capacidad de reacción y de toma de decisiones el día de la elección. Esto también le permitirá informar mejor al votante.
o
Diseñar una Boleta Electoral más clara para el votante para que este pueda diferenciar a su candidato o candidata del resto. Esto es importante sobre todo para aquellos que padecen algún tipo de discapacidad o limitación visual.
o
Incluir en la caja electoral juegos de boletas en físico para una rápida instrumentación de planes de contingencia en caso de fallas técnicas, especialmente en comunidades alejadas.
o
Tratar de evitar la frecuencia y “naturalización” de la figura del acompañante al momento de la emisión del voto y/o que se reglamente mejor y que estas disposiciones sean conocidas por todos.
o
Establecer procedimientos claramente definidos para la entrega a los Partidos Políticos de logs de base de datos, servidores de comunicación y resultados detallados acta por acta.
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La Misión considera que el Plan República logró realizar de manera efectiva sus labores de logística y generar condiciones de seguridad durante el desarrollo del proceso electoral, mediante un acompañamiento oportuno de custodiar, prestar seguridad y apoyo en el despliegue y repliegue del material electoral, así como preservar el orden público durante los comicios. No obstante, la Misión recomienda que los agentes que participan en dicho Plan se apeguen de manera estricta a la ley y al reglamento para que se prevenga la extralimitación de funciones, pues se observó que en algunas ocasiones estos tuvieron un protagonismo que no les correspondía, yendo más allá de su papel, incluso calcando y desempeñando tareas propias de los funcionarios electorales. Para ello, sería importante que dentro de las reformas al ordenamiento legal electoral se incluyeran de manera clara y precisa los parámetros con los cuales se debe organizar el plan de acompañamiento de las Fuerzas Militares en los procesos electorales, determinándose que su participación se debe limitar, a brindar los elementos de seguridad, custodia y prevención del mantenimiento del orden público, así como apoyo en el traslado del material electoral a las zonas vulnerables y de difícil acceso.

F) TECNOLOGÍA ELECTORAL:
Las auditorías que se hicieron a lo largo del proceso electoral a los diferentes componentes de la plataforma tecnológica del sistema electoral (máquinas, sistema de transmisión y sistema de totalización), contaron con la presencia de la mayoría de los técnicos de los candidatos participantes y de la sociedad civil, quienes avalaron los sistemas, generando un clima de confianza en este importante aspecto del proceso. Hay que anotar que el cronograma y la metodología de estas auditorías fue discutido previamente entre el CNE y los partidos políticos.
La MOE considera que una innovación tecnológica importante como la incorporación de máquinas capta-huellas al sistema electoral, requiere en el futuro y a la luz de la experiencia observada, de una mayor difusión hacia la opinión pública. Es importante que la ciudadanía conozca su verdadero alcance, a efectos de disipar suspicacias y temores de que se pudiese identificar la identidad del votante. En caso de entenderse apropiada su continuación, deberá encararse su extensión sistemática a todo el territorio nacional.
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Se estima oportuno que este esfuerzo por poblar la base de datos del Registro Electoral mediante el sistema de captahuellas, no se realice durante el día de la elección. Además, la Misión considera necesario realizar campañas de actualización de información permanentes en épocas no electorales.

G) TRÁMITE DE DENUNCIAS:
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Debido a que las normas en materia electoral se encuentran dispersas en diferentes leyes, resoluciones e instructivos, sería importante que al momento de unificar la legislación electoral, se incluyera un capítulo en el que se reglamente en forma clara y precisa lo relativo a quejas, denuncias, irregularidades y delitos electorales. De esta manera, se estaría dotando a ese ordenamiento con las herramientas necesarias para el cabal cumplimiento de esa reglamentación, previniendo y/o sancionando la comisión de alguna irregularidad en esa materia, tipificando la figuras delictivas electorales y exigiendo a las autoridades correspondientes la aplicación de las mismas, so pena de incurrir en omisión de funciones, evento que también debería contemplar una sanción ejemplar para forzar al funcionario a que aplique la ley en debida forma, evitando que cualquier irregularidad electoral quede impune.
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Se recomienda que, para cada proceso electoral, el CNE o la autoridad competente habilite una oficina de quejas y reclamos con un procedimiento claro y expedito. El objetivo de esta sugerencia es que quienes sientan que sus derechos electorales están siendo vulnerados tengan un canal de fácil acceso con la autoridad y que su denuncia y/o queja sea prontamente atendida y resuelta en el menor tiempo posible por funcionarios competentes e imparciales.

viernes, 20 de julio de 2012

Eugenio Martínez: No hay fraude no detectable

La última década electoral en Venezuela ha demostrado que las elecciones se ganan o se pierden por votos y por no poder garantizar testigos en todas las mesas. No obstante, a pesar de este aprendizaje comienzan a proliferar los análisis que explican cómo se cometerá fraude el 7 de octubre. Coincido con varios de los autores de estos textos en que sólo una plataforma electoral debidamente auditada es confiable, sin embargo en el resto de sus argumentos debo marcar distancia. Me preocupan estos análisis porque son generados por personas que no han participado en las auditorías realizadas al sistema electoral desde 2005 o que no tienen contacto con el grupo de técnicos que han participado en estas auditorías lo que hace que expongan teorías de fraude que en vez de servir para un trabajo conjunto y centrado en los puntos débiles del sistema electoral (que existen) pueden afectar la participación de los ciudadanos, especialmente la base de electores pro-oposición al promover la matriz de opinión que el voto no es secreto o peor llevando a un sector de la población a un escenario similar al de 2005. Pareciera que buena parte de los generadores de opinión en el país no logran interiorizar que el principal problema se presenta cuando existen mesas de votación sin testigos. En las siguientes líneas vamos a intentar dar respuesta a las principales preguntas/aseveraciones que circulan viralmente por las redes sociales. ¿Y si el CNE cambia los resultados? En nuestro sistema existe algo que podemos llamar la traza de papel, que garantiza que los resultados no se modifiquen, o sea muy sencillo detectar si alguien lo intenta hacer. Son cuatro pasos básicos los que componen la traza de papel: La máquina de votación emite un comprobante de votación, que es verificado por el elector. La máquina de votación imprime actas con resultados antes de conectarse y transmitir al CNE. Después de transmitir se entregan copias de las actas a los testigos y estos comparan con acta original. Después de cerrar todas las mesas de un centro se eligen las mesas a auditar. El 54% de las urnas se abren y se cuentan los votos. Se coteja los resultados de las actas impresas por la máquina de votación. Los resultados totalizados y publicados en la página web del CNE se pueden cotejar con las actas impresas por la máquina de votación y en manos de los testigos de los partidos políticos. ¿La oposición puede auditar el sistema electoral? Para todos los procesos electorales celebrados desde el año 2005 se han auditado los software de las máquinas de votación, revisado la red de Transmisión de la Cantv, los programas de totalización, se ha realizado la auditoría de producción de las máquinas de votación, etc. En total para el proceso electoral del 7 de octubre se van a realizar 17 auditorías, incluidas dos nuevas auditorías (asociadas al SAI) y la reformulación de la auditoría pre-despacho. ¿Y si transmiten los resultados a un centro de totalización paralelo en donde cambian los resultados? La sala de totalización (CNT1) siempre ha estado ubicada en la sede del CNE en Plaza Caracas (y en ella la oposición siempre ha tenido testigos). En todos los procesos existe otra sala de totalización de respaldo (CNT2) en caso de falla de la sala principal. La CNT2 primero funcionó en la Torre El Chorro (avenida Universidad del Distrito Capital) y desde 2007 fue trasladada a la sede de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Para la elección del 7 de octubre la CNT2 funcionará en la sede del CNE ubicada en el edificio Caracas Teleport. En esta sala también existe presencia de los técnicos acreditados por la oposición. Las máquinas de votación se conectan de forma inalámbrica para cambiar los resultados En las distintas auditorias realizadas al sistema se ha demostrado que las máquinas de votación no tienen capacidad de conexión inalámbrica. ¿Bidireccionales? Las máquinas de votación son bidireccionales así lo reconoce el CNE como cualquier equipo que requiera comunicarse, no obstante en estos protocolos de comunicación, como lo demuestran las auditorías, los votos viajan en una sola dirección (hacia la Sala de Totalización). Recuerden que en los manuales de Miembros de Mesa del CNE y en los que utiliza la oposición para sus testigos se establece que durante la votación la máquina debe permanecer desconectada. ¿Si el sistema es automatizado por qué el CNE tarda tanto en anunciar los resultados? Después de dos horas del cierre de mesas en la Sala de Totalización ya se han recibido la mayoría de las actas, no obstante los actores políticos (oposición y gobierno) coinciden en que el primer boletín debe anunciarse cuando los resultados sean irreversibles. El retraso es por consideraciones políticas, no técnicas. El proceso de totalización se inicia a las 2:00 pm del día de la votación con la “puesta a cero” de los equipos, que tendrán acceso a datos a partir de las 6:00 pm. En este proceso participan testigos de la oposición. El voto no es secreto El secreto del voto se garantiza porque se almacenan los votos emitidos de forma aleatoria, las máquinas registran todos los votos con la misma hora (así se impide la secuencia), además reordenan aleatoriamente la secuencia en que fueron emitidos, encriptan esta información y luego, al cerrar la votación, contabilizar los votos, imprimen el acta y luego transmiten los resultados. Los métodos de reordenamiento aleatorio han sido usados y verificados en elecciones anteriores, incluso en las elecciones en que ha ganado la oposición en 2007, 2008 y 2010. Este tema es muy extenso, y el espacio de esta columna se vuelve insuficiente. Sin embargo, como último elemento, vamos a recordar que Smartmatic aunque nació en Venezuela, es una empresa internacional, con prestigio internacional ¿Por qué esta empresa va a arriesgar su prestigio por una elección en nuestro país? Aunque algunos teóricos del fraude no quieran reconocerlo en los procesos electorales previos la aplicación electoral de Smartmatic y sus máquinas de votación han demostrado que cumplen con el funcionamiento esperado, otra cosa es lo que ocurre en las mesas en que la oposición no fue capaz de acreditar testigos o como el desequilibrio de la campaña o el chantaje social de los planes sociales condiciona el voto de los electores. emartinez@eluniversal.com En twitter: @puzkas

viernes, 13 de julio de 2012

¿Qué gana Venezuela con Mercosur?

Mercosur es una Unión Aduanera, la cual según la teoría económica genera la formación de una Zona de Libre Comercio (y, por lo tanto, el establecimiento de un Arancel Externo Común) Este mecanismo se debería convertir para el grupo de países que participan en él en un instrumento facilitador de negociaciones, eliminando obstáculos de ingreso y salida de mercancía y, por lo tanto, incrementar el comercio. Es de suponer que este tipo de "territorios aduaneros" propicien relaciones ganar-ganar entre sus miembros, promoviendo la especialización y competencia empresarial sana, las exportaciones y buscando la eficiencia y la generación de bienestar. Ahora bien, ¿está Venezuela preparada para competir con países como Brasil y Argentina?, ¿puede el sector privado venezolano beneficiarse de este acuerdo? Todos sabemos que a nuestros empresarios nunca les ha gustado eso de competencia, de hecho, disfrutaron siempre de un Estado proteccionista que los hizo quedarse y beneficiarse del mercado interno, y establecer fuertes barreras de entrada, sin embargo también es cierto que al día de hoy nuestro sector privado ha sido golpeado (cada año disminuyen en número e importancia) por el exceso de controles de precios, dificultad para conseguir divisas, inseguridad y con una inflación galopante. Hoy los incentivos (macabros) son a importar (lo que además genera un doble negocio: financiero y de diferencial de precios) y no producir (leyes muy costosas, peligro a expropiación, huelgas, sabotajes, etc.). ¿Tienen incentivos nuestras empresas para que exporten? Si nos remitimos a la Gaceta N 39.347, artículo 13. Providencia N 101 que reforma la Providencia N 092 mediante la cual se establecen los requisitos y el trámite para operaciones de exportación, publicada en fecha 15 de enero de 2010, los exportadores en Venezuela "podrán retener y administrar hasta un máximo del 30% de las divisas recibidas por las exportaciones de bienes, servicios o tecnologías (valor FOB)". En pocas palabras, quienes pretendan exportar bienes y servicios en Venezuela deben darle el 70% de sus ingresos en divisas al BCV y éste se los pagará a Bs.4.30/$, ¿esto es rentable (y lógico)? Ya no solamente debemos tener presente la diferencia abismal inflacionaria, la sobrevaluación de la moneda, el pánico a competir por el sector privado nacional y la intromisión pública en la economía, sino que también hay que agregarle que un 70% de tus ingresos en divisas van para el BCV a una tasa bastante inferior a la tasa de equilibrio del país. ¿Que la entrada nos facilitará las importaciones y éstas saldrán más baratas?, bueno, ¿y qué pasa con el ingreso que el Estado venezolano percibía por los aranceles a los productos de estos países? Nuestra entrada tiene un componente político, tiene una intención de seguir la política de desplazamiento (minimización) del sector privado por parte del sector público y, por lo tanto, muy poca (o ninguna) lógica económica. Como siempre, lo político y el amiguismo prevalece por sobre la lógica económica. En las condiciones en que se encuentra y opera hoy la empresa privada venezolana, ¿qué puede vender en Mercosur? Algunos datos: De todos los acuerdos comerciales en el mundo, Mercosur (con 16%) y la Comunidad Andina (con 8%) son los que tienen el menor comercio entre sus miembros; En los últimos 5 años la inflación promedio de Uruguay ha sido de 8%, Argentina de 10%, Brasil 5%, Paraguay 6% y Venezuela superior a 25%. En el período 1999-2010, las importaciones de Venezuela de los países del Mercosur ascienden a $34.262 millones, las exportaciones no petroleras a $2.066.millones (Fuente: INE); las importaciones venezolanas desde los cuatro países integrantes del Mercado Común del Sur se incrementaron 70% durante el primer trimestre de 2012, (Fuente: INE); según las últimas cifras divulgadas por el Instituto Uruguay XXI, las colocaciones externas en Venezuela entre enero y junio de 2012 totalizaron US$ 208 millones, un 72,4% más que en igual periodo de 2011. En 2011 Pdvsa envió a los países de Mercosur cerca de 140.000 b/d de petróleo, sobre esto llama la atención que a Paraguay se le enviaron 8.000 b/d según un convenio que se tiene con ellos, pero Pdvsa no registra estas ventas como exportaciones; las importaciones de Venezuela con el Mercosur se han incrementado en casi 460% desde 1999, mientras que las exportaciones no petroleras en apenas 20% (Fuente INE). Luis Oliveros

martes, 10 de julio de 2012

NUEVA CIRCUNSCRIPCIÓN ELECTORAL DEL ESTADO BOLÍVAR ELECCIONES 16 DE DICIEMBRE DEL 2012

OFICINA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTORAL JUNTA NACIONAL ELECTORAL DEL CNE Total Legisladoras o Legisladores a Elegir = 15 Legisladoras o Legisladores Nominales a Elegir = 11 Representación Indígena a Elegir = 1 Legisladoras o Legisladores Listas a Elegir = 3 Población General INE (al 31/12/12) = 1.689.007 Índice Poblacional = 153.546 TOTAL CIRCUITOS: 8 CIRCUITO (1): HERES: PARROQUIAS: CATEDRAL, VISTA HERMOSA, MARHUANTA, PANAPANA. TOTAL DIPUTADO(S) A ELEGIR (1) CIRCUITO (2)HERES: PARROQUIAS: ZEA, ORINOCO, AGUA SALADA, LA SABANITA, JOSE ANTONIO PAEZ. TOTAL DIPUTADO(S) A ELEGIR (1) CIRCUITO (3) MUNICIPIOS SUCRE Y CEDEÑO. TOTAL DIPUTADO(S) A ELEGIR (1) CIRCUITO (4) MUNICIPIO CARONI: PARROQUIAS: 11 DE ABRIL, VISTA AL SOL, YOCOIMA TOTAL DIPUTADO(S) A ELEGIR: (2) CIRCUITO (5) MUNICIPIO CARONI: PARROQUIAS: UNARE, CACHAMAY, UNIVERSIDAD, POZO VERDE. TOTAL DIPUTADO(S) A ELEGIR (2) CIRCUITO (6) MUNICIPIO CARONI: PARROQUIAS: SIMÓN BOLÍVAR, CHIRICA, DALLA COSTA. TOTAL DIPUTADOS A ELEGIR:(2) CIRCUITO (7) MUNICIPIOS: PADRE PEDRO CHIEN, PIAR, ROSCIO, EL CALLAO. TOTAL DIPUTADO(S) A ELEGIR: (1) CIRCUITO (8)MUNICIPIOS: ANGOSTURA, SIFONTES, GRAN SABANA. TOTAL DIPUTADO(S) A ELEGIR (1) Elaborado por: Oficina Nacional de Infraestructura Electoral. Estimación de Población General. Instituto Nacional de Estadística (I.N.E) Conformación de las Circunscripciones Electorales. Articulo 19 Ley Orgánica de Procesos Electorales. OFICINA NACIONAL DE INFRAESTRUCTURA ELECTORAL JUNTA NACIONAL ELECTORAL

sábado, 5 de mayo de 2012

El socialismo insensible

Para Camila Vallejo, la madre de Bachelet y Margot Honecker no importan los derechos humanos. Ellas creen que conservar el socialismo justifica los medios La historia es ciencia discutible, qué duda cabe. Aun hoy las opiniones se dividen sobre Balmaceda o el Desastre de Rancagua. Pero hay mínimos cuyo desconocimiento obliga a la crítica, especialmente cuando se trata de la dignidad de la persona y sus derechos fundamentales. Por eso somos tan sensibles a la negación de los crímenes políticos cometidos bajo la era Pinochet o de la violencia que se desencadenó bajo el gobierno de Allende. En abril, tres mujeres nos han sorprendido con declaraciones que vulneran ese delicado mínimo. Margot Honecker entiende como “estupidez” el desesperado intento de sus compatriotas por liberarse de la opresión y cruzar el Muro de Berlín. Luego, la madre de la ex Presidenta Bachelet viene indirectamente en su auxilio, y con igual insensibilidad justifica la construcción de ese muro, pues había -dice- que erigir el socialismo y evitar la intervención norteamericana. Honecker cree que Camila Vallejo encarna “el futuro de Chile”. ¿Qué afirma ese futuro? Que Fidel es “un foco, un faro de luz y esperanza para Chile”. Una viuda melancólica, una agradecida exiliada militante y una joven deslumbrada por el viejo líder, pueden decir a veces frases extrañas. El problema es que no se trata aquí de temas triviales, sino de aquel mínimo sin el cual la convivencia se deshumaniza. Se trata de derechos humanos, de dignidad humana, de sangre y de libertad. El Muro de Berlín que Jeria y Honecker defienden encerró a millones de alemanes, separó familias, dividió una patria en dos. Además, le costó la vida a decenas de personas asesinadas a tiros por los eficientes guardias fronterizos y significó la cárcel para miles de otras. Sólo la ignominia del muro explica que personalidades tan disímiles como Konrad Adenauer y Willy Brandt, John F. Kennedy, Nina Hagen o Roger Waters clamaran por eliminarlo. La viuda de Honecker y la madre de Bachelet, en cambio, no perciben el sufrimiento y la tragedia de las víctimas del muro. Desconocen, además, lo evidente. Honecker califica de “tragedia” la caída de la RDA; Angela Jeria indica que (¡aún hoy!) no puede criticar ese régimen, porque no supo ni vio nada. No se habrían enterado de lo que, incluso para muchos otros exiliados chilenos, más atentos que ellas al sufrimiento ajeno, resultaba manifiesto, a saber: que la RDA era un sistema autocrático, dotado de un aparato represivo que, entre otras cosas, contaba con un dispositivo de 200 mil personas a tiempo completo para controlar y espiar a sus compatriotas. Algo parecido puede espetársele a Vallejo: ¿no ha tomado nota de que en Cuba hay violaciones a los derechos humanos, presos políticos, censura, persecución? ¿Dónde queda su talante libertario o su sensibilidad con el débil cuando se enfrenta cara a cara y se toma del brazo con el dictador? Parece ser que para Jeria, Honecker y Vallejo los derechos humanos no importan siempre; que para ellas la instauración y conservación del socialismo justifica cualquier medio: erigir muros, dividir naciones, asesinar a tiros, censurar, perseguir o encarcelar. Ese es, empero, el modo de pensar que usualmente caracteriza en política, y del signo que sea, la mentalidad totalitaria. HUGO HERRERA – La Tercera (Chile) |@ElPoliticoWeb

domingo, 26 de febrero de 2012

Que es la política Roberto Grao Gracia / Foro Independiente de Opinión

Es obvio que lo que llamamos habitualmente Política no es una ciencia capaz de demostrar y verificar sus afirmaciones, sino que creo que todos estamos de acuerdo en denominarla como un arte, en el sentido de que depende de la habilidad del que la ejerce y que ese arte puede ser más o menos atractivo y convincente según la destreza y capacidad de persuasión del político que se trate, y de los medios que utilice.

Pues bien, podemos definirla como un arte sin lugar a dudas, pero a la vez, podemos también preguntarnos: ¿qué clase de arte es? Veamos para ello algunas definiciones o contestaciones posibles:

a) el arte de conseguir el Poder político, en democracia, por medio de lograr mayor número de votos que el adversario.

b) una vez obtenido el Poder, el arte de establecer prioridades en las decisiones a adoptar para desarrollarlo.

c) el arte de servir al bien común de todos los ciudadanos, mediante disposiciones y leyes adecuadas y respetuosas con todos ellos.

d) el arte de imponer la propia ideología sin respetar la de otros ciudadanos que no piensan como el que gobierna, atacando y destruyendo la libertad de las personas, que es principio básico en democracia.

e) el arte de no crear más problemas sino de tratar de resolver los que ya existen en la sociedad, que nunca faltan.

f) el arte de conseguir el mayor número de votos por medios ilícitos moralmente, como el engaño, la mentira, la calumnia, la prevaricación, el cohecho, el miedo, la injusticia, la corrupción, la prebenda, el clientelismo, etc.

g) el arte de manipular a los electores, no favoreciendo su libertad sino al contrario, influyendo negativamente en su modo de sentir o de pensar.

h) el arte de “comprar” los votos de muchos electores, ofreciéndoles subvenciones económicas generosas, empleos o trabajos inventados en empresas ficticias, etc.
En definitiva, puede resumirse el arte de la Política en dos actitudes básicas: esforzarse por servir al bien común de todos, respetando su libertad de elección; o bien, servir al bienestar de algunos o unos pocos ciudadanos, empezando por los propios políticos que gobiernan un país. O lo que es lo mismo, respetar la moralidad de los actos humanos propios y ajenos y por lo tanto la justicia en las decisiones, o no respetar esa moralidad que está intrínseca y necesariamente contenida en cada decisión política que toman los políticos que ejercen el Poder.
Un apunte más: no es verdad lo que decía aquel avispado político inglés de que “el Poder político corrompe siempre y el poder absoluto corrompe absolutamente” No, el Poder corrompe al que lo ejerce moralmente ilícitamente y además tiende a corromper a los que sufren su gobierno, y al contrario, mejora como personas a los políticos que detentan el Poder con absoluto respeto a las personas, y sobre todo a la verdad, a la justicia, a la moralidad y a la libertad, como valores humanos necesarios y trascendentales entre otros, para conseguir una sociedad mayoritariamente sana.

lunes, 6 de febrero de 2012

Silveira: Hay que municipalizar la educación

Lunes, 06 de Febrero de 2012

Desde la competencia por las urnas, propone que la educación en el municipio Piar debe municipalizarse. Apoyar el incremento de la matrícula universitaria así como las carreras ofertadas y beneficiar a jóvenes de El Palmar, El Manteco, El Pao y Upata es una de sus principales lineamientos.



Diana Pérez Gámez
dperez@correodelcaroni.com



“Participé en un ala del oficialismo, no lo niego, y eso no significa que tú seas una ficha o que estés camuflado como perteneciente al proceso revolucionario”
Dedicó 27 años de su vida a la educación. Asegura que, con esta experiencia supo conocer lo que afecta a quienes están en el nivel más bajo de la sociedad y de quienes gozan de uno mucho mejor.

Emiliano Silveira, precandidato a la Alcaldía del municipio Piar, hijo de una costurera que sacó adelante a tres hijos, rememora, mientras es entrevistado en el café Ghandi del Centro Comercial Anakaro de Upata, sobre su niñez.

Recuerda, aquellos días de fines de semana y vacaciones, en la finca de su tío, donde aprendió de ganadería, labor que comparte con el oficio de educador, del cual está jubilado desde hace seis años. En sus planes no estaba ser candidato a la Alcaldía pero, la propuesta de amigos ligados al medio comercial, empresarial y político, coloca a este ex presidente de la Asociación de Ganaderos de Piar en las tarjetas de los partidos: Primero Justicia, Tawala, Podemos, Min Unidad y Voluntad Popular.

- El principal apoyo que recibe es de partidos nuevos ¿qué opina de las demás toldas como Acción Democrática, Copei, Causa R?
- Yo creo que si hablamos de democracia y de fortalecer la democracia y de instituciones de la democracia, indudablemente tenemos que hablar y analizar seriamente a los partidos políticos, que son instituciones que fortalecen a la democracia. Una democracia sin partidos políticos es como una mesa sin patas que la sostenga, siempre me han parecido importantes, con algunos defectos y detalles de corregir pero, son importantes como sostén de la democracia, y así lo analizaba yo en clases en mis horas de Historia Contemporánea de Venezuela

- Usted formó parte del grupo Clase Media en Positivo, un ala del chavismo que estaba muy apartado de estos partidos llamados “puntofijistas”, ¿en aquella época también los consideraba importantes?
- Pero también te dije que dentro de los partidos había cuestiones que corregir, lógicamente son instituciones fundamentales. No es que estoy en desacuerdo con esos acuerdos, estoy de acuerdo con los cambios, cuando estuve en Clase Media en Positivo, el país y la sociedad estaba ávida de cambios, necesitaba cambios, estábamos cansados de vicios, de corrupción, se hablaba mucho de las tribus de David Morales Bello, pero lamentablemente esos cambios no se dieron como esperábamos las personas que de una u otra forma abrigábamos la esperanza y creímos que ese proceso iba a ser la oportunidad del cambio.

- Se habla de su supuesta colaboración en la campaña del alcalde Gustavo Muñiz, se conoce de su participación en un ala del oficialismo, esto hace pensar que usted podría ser una ficha del gobierno dentro de la oposición ¿esto es cierto?
- Te aclaro lo siguiente: participé en un ala del oficialismo, no lo niego, y eso no significa que tú seas una ficha o que estés camuflado como perteneciente al proceso revolucionario y pretenda llegar a la Alcaldía por otra vía. Hay muchos ejemplos en el país como Ismael García quien fue muy amigo del Presidente y seguidor de su idea y hoy está en el ala contraria, también está Pastora Medina aquí en Guayana, la gente de Podemos, la gente de PPT y hoy están fuera porque se dieron cuenta que no era el camino indicado, sino el camino equivocado.

Ahora, yo no participé en la campaña de Gustavo Muñiz eso te lo digo con mucha responsabilidad, si di algunas declaraciones y esto también lo digo con mucha responsabilidad porque los políticos tienden a desmentir muchas cosas porque piensan que el pueblo es de mente muy limitada, piensan que no hay memoria y es totalmente lo contrario, el pueblo sí tiene memoria. Yo sí di unas declaraciones, los primeros 100 días de gobierno de Gustavo Muñiz, en la cual aprobaba la gestión que se estaba haciendo, el trabajo, la repavimentación que se hacía en Upata, lamentablemente, la energía, la vitalidad, el compromiso fueron esos primeros 100 días de gobierno. A veces a uno le preguntan como ciudadano si lo avalas, qué crees, qué opinas y uno simplemente da su opinión al respecto.

- ¿El apoyo empresarial, comercial y político no le ha servido para manejar más recursos y por ende una mejor campaña en comparación con los otros precandidatos?
- No, en ningún momento pongo como factor determinante el apoyo que tenga de amigos que tengan empresas, es importante el apoyo empresarial. Yo hasta ahora no he recibido ningún tipo de recurso de nadie, cuestión que me llena de orgullo. Lo que he hecho, lo he hecho con sacrificio propio, lo ha generado mi finca, hasta ahora no hay compromiso, mi candidatura traspasa las fronteras de los partidos políticos, traspasa las fronteras de los acuerdos, de los sectores.

- Dentro de los planes de su proyecto de gobierno plantea la instalación de una sala de terapia intensiva en el Hospital Gervasio Vera Custodio ¿cree que sea posible alcanzar esa meta considerando que también será necesario clasificarlo de hospital tipo II a III?
- Lo planteo porque hay gente que sufre para ingresar a un familiar a una terapia intensiva en una institución pública por ejemplo, en el Uyapar donde a veces no hay camas y es mucho más difícil ingresarlo en una terapia intensiva privada de alguna de las clínicas de Ciudad Guayana. Si nosotros la instalamos en Upata, vamos a beneficiar a la gente humilde, la gente de escasos recursos económicos. También he planteado la instalación de un tomógrafo, y claro para eso es necesario clasificarlo de hospital tipo II a III, en este momento estamos asesorándonos con médicos y especialistas ir afinando mecanismos y los pasos que hay que dar a objeto de lograr la clasificación de tipo II a III.

- Propone invertir con urgencia en la seguridad ciudadana, pero aparte de la seguridad y la salud ¿en qué otro factor invertiría de forma inmediata para poder tener un municipio de primer orden?
- Yo me conecto en la línea con Capriles Radonski porque es el candidato que más ha hablado de la educación y estoy completamente seguro de que no está equivocado. Si queremos construir un país y municipio de primer orden y de primera línea tenemos que invertir inmediatamente en la educación, hay gente que me ha criticado porque dicen que esa es una inversión a largo plazo, y sí es verdad, es verdad que tu inviertes en la educación de una niña que tiene cuatro o cinco años tienes que esperar 15 ó 20 años para que sea una ciudadana, pero será una ciudadana de primer nivel, y va a ser una persona con la capacidad plena para asumir el reto y el compromiso de conducir a Venezuela hacia la transformación y la modernidad, entonces debe esperar más tiempo la inversión en la educación.

- ¿De cuánto sería la inversión para la educación?
- La cosa viene con la municipalización de la educación, los recursos que genere la actividad académica como tal eso me permitirá a mí con mucha responsabilidad y seriedad atacar el problema y darle solución a los problemas más urgentes que tiene el municipio. En el caso universitario, hace tres meses me reuní con el vicerrector administrativo de la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG), y le planteamos la idea de ampliar las carreras en Upata de otras especialidades y él nos dio la noticia de que para Upata se iban a traer en marzo Ciencias Fiscales y para abril Contaduría y Administración, entonces la idea es apoyar a la UNEG, tenemos que consolidarla y debemos permitir que crezca y que ofrezca una diversidad de oportunidades a ese diverso número de muchachos que viven en El Palmar, El Manteco, El Pao y Upata.

- Todo este planteamiento lo valora dentro de un cambio presidencial. Ahora, de no haber ningún cambio el 7 de octubre ¿cómo dibuja esa realidad?
- De haber un cambio en el municipio, pero de seguir el presidente Chávez no nos queda otro camino que trabajar con el Presidente, ir hasta Miraflores llevar nuestros proyectos para debatirlos y plantearlos como alternativa de solución y cuando nosotros decidimos entrar en esta carrera es porque vamos a interponer los intereses del colectivo por encima de los interés políticos y personales, yo me imagino que cuando yo plantee y que converse y toque y abra puertas indudablemente que vamos a lograr mejorar, pese a la hipótesis de que continúe Chávez.

- Buenas ideas, buenos proyectos pero ¿cuál sería el financiamiento de las políticas públicas?
- La vía de asignación de los recursos que maneja el municipio es limitado, es poco y no alcanza para cubrir los costos de todos estos planes que he esbozado, hay una vía de gobierno central y de Gobernación que nosotros debemos tocar, esa conexión ya se ha comenzado a trabajar, estas tres reuniones con Capriles le he hecho énfasis en el caso del agua que es gravísimo, del desempleo, y la respuesta ha sido, móntate que vamos a trabajar en función de eso, y esa conexión hay que aprovecharla y ponerla al servicio del municipio para lograr todos esos planes que no tienen asignación ni recursos económicos pero que tienen una posibilidad de lograrse a través de esa vía de encuentro, negociaciones con proyectos tangibles y sustentables, así lo asumo yo, como un reto insoslayable de darle solución a los problemas del municipio.

Hoja de vida

Emiliano Silveira, nacido en Upata, en la calle Miranda, tiene 54 años y 33 años de casado con Irma Testani con quien concibió tres hijos: Emiliano José, María Eugenia y María Fernanda.

Graduado de Profesor de Ciencias Sociales, mención Historia de Venezuela.

Fue miembro del Colegio de Profesores de Venezuela y Presidente de la Asociación de Ganaderos de Piar, período: 2007-2011.

PRINCIPALES PROPUESTAS

Plan Municipal de Seguridad Ciudadana.

Plan Rector Municipal.

Modernización de los sistemas administrativos de la Alcaldía del municipio y sus dependencias.

Recuperación y embellecimiento de todos los espacios públicos.

Proyecto turístico: Cerro el toro, Piedra Santa María, La Virgen de la Paz, 3 de Mayo, balnearios en la vía a El Manteco.

Plan del sistema integral de transporte público.

Construcción de un nuevo mercado municipal.

Creación de la escuela de ciudadanos para el asesoramiento a los consejos comunales, cooperativas y microempresas.

Recuperación total de la Fundación Yocoima: reparación de unidades, compactadores de basura y maquinaria pesada.