A las 9:30 de la mañana partió la marcha desde El Obelisco, donde comerciantes, estudiantes, amas de casa, trabajadores, transportistas entre otros con camisas blancas, pronunciaban consignas como Upata unida jamás será vencida, No más asesinatos, Queremos seguridad, Exigimos justicia. Los marchantes caminaron hasta la plaza Miranda al frente del Hotel Andrea, anhelando volver a la Upata de la tranquilidad, la ciudad dormitorio, de cordialidad y respeto.
Octavio Malavé señaló que en el municipio Piar nadie está exento de ser víctima del hampa y lo ocurrido con Aleida Sánchez, que aún después de entregar las llaves del vehículo como exigencia de sus victimarios le dispararon, lo que demuestra una gran descomposición social.
Genaro Mosquera llamó a la unidad de todo el pueblo piarense a entre todos asumir la gravedad del problema de la inseguridad y mancomunar esfuerzos para superarlo.
“La solución es posible solamente hace falta voluntad política y aplicar muchas estrategias. La próxima gestión gane quien gane la Alcaldía el próximo 8 de diciembre debe enfocarse y sembrar la semilla que se va a cosechar a mediano plazo de un municipio tranquilo”, aseveró.
El comerciante Angolino Di Scipio, con 58 años en Upata, consideró que hay que girar la mirada a Dios, elevar una oración por la paz, el encuentro, la tolerancia y la unión no solamente de Upata, sino de toda Venezuela.
Convocatoria contra la inseguridad
“El paro cívico ha sido un éxito”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio del municipio Piar, Jony Houda, a las 9:00 de la mañana luego de cumplirse las primeras tres horas de las 12 previstas en rechazo a los altos niveles de inseguridad que vive la Villa del Yocoima, y con el objetivo de exhortar a las autoridades a tomar acciones inmediatas.
Al cese de actividades se sumaron instituciones públicas como: La Alcaldía de Piar, Concejo Municipal, Registro Civil, Saime, ambulatorios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ipasme, entidades bancarias privadas -las públicas trabajaron con normalidad- el transporte urbano, rural y escolar; las escuelas y liceos permanecieron abiertas sin embargo la asistencia de los estudiantes fue muy baja.
Houda dijo que en 100 por ciento se contabilizó el cierre de los establecimientos comerciales algo que no había ocurrido en otras convocatorias lo que a su juicio deja en evidencia la preocupación por lo que ha venido ocurriendo.
“En este año en el municipio Piar, van más de 40 muertos en hechos violentos y sin contabilizar la gran cantidad de atracos, robos, vejaciones y asaltos a viviendas, esto nadie lo puede aguantar por eso Upata, es referencia nacional al paralizar sus actividades en contra de la inseguridad, no más muertos, queremos vivir en paz”, sostuvo.
El vocero del comando unificado del transporte José Quiroz agregó que más de 15 líneas se sumaron al paro ya que este sector no escapa de este flagelo donde ahora los delincuentes no se conforman con el dinero del trabajo diario sino despojan a los choferes de los vehículos.
Sin confrontación
Aclaró que no se busca ninguna confrontación con el ministro de Interior y Justicia, el gobernador y el alcalde del municipio por el contrario lo que se busca es darles a entender que el municipio Piar amerita ser atendido en seguridad, que el plan Patria Segura sea una de las alternativas a considerar y que los crímenes no queden impunes.
“Ministro, gobernador: el municipio Piar tiene una inseguridad altísima algo diferente a las estadísticas que ustedes manejan porque de 10 robos que ocurren uno solo se denuncia. También falta confianza en los cuerpos de seguridad”, destacó.
Poco presupuesto
El secretario de seguridad Ciudadana de la Gobernación y comandante general de la policía del estado, general Julio César Fuentes Manzulli, estuvo presente en una reunión realizada la noche del martes y se comprometió a presentar el próximo martes una serie de propuestas, que serán evaluadas con el gobernador Francisco Rangel Gómez.
En ese mismo encuentro el alcalde Gustavo Muñiz manifestó que no cuenta con presupuesto para emprender una mejor gestión para la seguridad. Dijo que la policía municipal solo cuenta con una patrulla y seis motocicletas para atender a Upata, El Pao y El Manteco. Anunció la inclusión de 10 funcionarios al componente a partir del 1 de noviembre.
Venezuela Quiere Unidad
jueves, 24 de octubre de 2013
Upata unida contra la inseguridad
A las 9:30 de la mañana partió la marcha desde El Obelisco, donde comerciantes, estudiantes, amas de casa, trabajadores, transportistas entre otros con camisas blancas, pronunciaban consignas como Upata unida jamás será vencida, No más asesinatos, Queremos seguridad, Exigimos justicia. Los marchantes caminaron hasta la plaza Miranda al frente del Hotel Andrea, anhelando volver a la Upata de la tranquilidad, la ciudad dormitorio, de cordialidad y respeto.
Octavio Malavé señaló que en el municipio Piar nadie está exento de ser víctima del hampa y lo ocurrido con Aleida Sánchez, que aún después de entregar las llaves del vehículo como exigencia de sus victimarios le dispararon, lo que demuestra una gran descomposición social.
Genaro Mosquera llamó a la unidad de todo el pueblo piarense a entre todos asumir la gravedad del problema de la inseguridad y mancomunar esfuerzos para superarlo.
“La solución es posible solamente hace falta voluntad política y aplicar muchas estrategias. La próxima gestión gane quien gane la Alcaldía el próximo 8 de diciembre debe enfocarse y sembrar la semilla que se va a cosechar a mediano plazo de un municipio tranquilo”, aseveró.
El comerciante Angolino Di Scipio, con 58 años en Upata, consideró que hay que girar la mirada a Dios, elevar una oración por la paz, el encuentro, la tolerancia y la unión no solamente de Upata, sino de toda Venezuela.
Convocatoria contra la inseguridad
“El paro cívico ha sido un éxito”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio del municipio Piar, Jony Houda, a las 9:00 de la mañana luego de cumplirse las primeras tres horas de las 12 previstas en rechazo a los altos niveles de inseguridad que vive la Villa del Yocoima, y con el objetivo de exhortar a las autoridades a tomar acciones inmediatas.
Al cese de actividades se sumaron instituciones públicas como: La Alcaldía de Piar, Concejo Municipal, Registro Civil, Saime, ambulatorios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ipasme, entidades bancarias privadas -las públicas trabajaron con normalidad- el transporte urbano, rural y escolar; las escuelas y liceos permanecieron abiertas sin embargo la asistencia de los estudiantes fue muy baja.
Houda dijo que en 100 por ciento se contabilizó el cierre de los establecimientos comerciales algo que no había ocurrido en otras convocatorias lo que a su juicio deja en evidencia la preocupación por lo que ha venido ocurriendo.
“En este año en el municipio Piar, van más de 40 muertos en hechos violentos y sin contabilizar la gran cantidad de atracos, robos, vejaciones y asaltos a viviendas, esto nadie lo puede aguantar por eso Upata, es referencia nacional al paralizar sus actividades en contra de la inseguridad, no más muertos, queremos vivir en paz”, sostuvo.
El vocero del comando unificado del transporte José Quiroz agregó que más de 15 líneas se sumaron al paro ya que este sector no escapa de este flagelo donde ahora los delincuentes no se conforman con el dinero del trabajo diario sino despojan a los choferes de los vehículos.
Sin confrontación
Aclaró que no se busca ninguna confrontación con el ministro de Interior y Justicia, el gobernador y el alcalde del municipio por el contrario lo que se busca es darles a entender que el municipio Piar amerita ser atendido en seguridad, que el plan Patria Segura sea una de las alternativas a considerar y que los crímenes no queden impunes.
“Ministro, gobernador: el municipio Piar tiene una inseguridad altísima algo diferente a las estadísticas que ustedes manejan porque de 10 robos que ocurren uno solo se denuncia. También falta confianza en los cuerpos de seguridad”, destacó.
Poco presupuesto
El secretario de seguridad Ciudadana de la Gobernación y comandante general de la policía del estado, general Julio César Fuentes Manzulli, estuvo presente en una reunión realizada la noche del martes y se comprometió a presentar el próximo martes una serie de propuestas, que serán evaluadas con el gobernador Francisco Rangel Gómez.
En ese mismo encuentro el alcalde Gustavo Muñiz manifestó que no cuenta con presupuesto para emprender una mejor gestión para la seguridad. Dijo que la policía municipal solo cuenta con una patrulla y seis motocicletas para atender a Upata, El Pao y El Manteco. Anunció la inclusión de 10 funcionarios al componente a partir del 1 de noviembre.
miércoles, 7 de agosto de 2013
73 % de los venezolanos están dispuestos a denunciar hechos de corrupción
El 23% de las personas consultadas que no reportaría un hecho de corrupción argumenta, en su mayoría, temor por las consecuencias que esto podría traer.
En los resultados obtenidos por el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International, lanzado este martes, se pudo conocer que el 65 por ciento de los venezolanos encuestados cree que la corrupción se incrementó en el país durante los últimos dos años, sin embargo el 73 % de las personas manifiesta que está dispuesta a denunciar.
De este número, la mayoría asevera que lo haría ante líneas de atención de los organismos del Estado (43%), en los medios de comunicación (26%) y directamente en la institución (23%).El 23% restante que no reportaría un hecho de corrupción argumenta, en su mayoría, temor por las consecuencias que esto podría traer.
La institución percibida en Venezuela como más corrupta es la policía con una apreciación de 4,4 puntos de 5, siendo 5 la calificación para “extremadamente corrupta”, seguido por los empleados públicos y los partidos políticos. El 57% de la muestra asegura haber pagado sobornos al cuerpo de seguridad y el 48% en registros y notarías.
Según la encuesta de Transparency International aplicada en 107 países, los venezolanos señalan que pagan sobornos en su mayoría para agilizar los trámites (51%) o porque es la única manera de obtener el servicio (32%).
En el instrumento, cuya información se recabó entre septiembre de 2012 y marzo de 2013, el 57% de los venezolanos consultados considera que las medidas implementadas por el Gobierno para la lucha contra la corrupción han sido inefectivas.
Sobre la relación entre los venezolanos y los operadores de servicios públicos, el 27% de los encuestados afirmó haber pagado soborno a alguna de estas instituciones.
Otras acciones de la ciudadanía
El 88% de los venezolanos entrevistados están dispuestos a contribuir en la lucha contra la corrupción, cuando se les consultó de qué manera, el 78% aseguró estar dispuesto a suscribir peticiones a los gobernantes, seguido por el activismo en las redes sociales (67%) y realizar protestas pacíficas contra la corrupción (59%).
El Barómetro
El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta realizada a 114.000 personas en 107 países y muestra que la corrupción es un fenómeno extendido. El Barómetro es una encuesta de opinión pública que permite conocer las perspectivas del público en general sobre la corrupción y el impacto que esta tiene en sus vidas, incluida las experiencias personales de soborno. Se diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en que éste se basa en la opinión de expertos.
jueves, 4 de abril de 2013
domingo, 31 de marzo de 2013
América Latina, el nuevo campo de batalla económico entre China y EE UU
* El gigante asiático se convertirá en 2015 en el segundo máximo inversor en la región.
* Su influencia en percibida de manera más positiva que la del vecino del norte.
La estabilidad democrática y la prosperidad económica de América Latina en las dos últimas décadas han permitido que deje de ser considerada el “patio trasero” de Estados Unidos. Buena parte de esa pujanza económica se debe a la creciente presencia comercial de China en los países de la zona. El paulatino empuje del gigante asiático en la región puede amenazar la relación de privilegio que todavía mantiene Estados Unidos con sus vecinos del sur, que, de momento, sólo parece preocupado por el esa expansión comercial no pase las fronteras políticas.
“La creciente economía del país asiático le obliga a buscar nuevos mercados, una necesidad que también comparte América Latina por los mismos motivos. Eso es bueno para la región y, por tanto, también es bueno para EE UU”, explica Daniel P. Erikson, asesor de la Oficina para Occidente del Departamento de Estado. La Comisión Económica Para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) estima que en 2015, China sustituirá a la Unión Europea como segundo principal inversor en América Latina, por detrás de EE UU. La fortaleza económica de China ha tenido un profundo impacto en los países de la región. El país asiático es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo destino de las exportaciones de Argentina, Costa Rica y Cuba, según CEPAL.
La creciente economía del país asiático le obliga a buscar nuevos mercados, una necesidad que también comparte América Latina por los mismos motivos"
China no sólo está recortando el protagonismo económico de EE UU en el hemisferio sur del continente americano -ha pasado de capitalizar el 4% del intercambio comercial a ser el principal socio de muchos de sus países-, también está ganando la batalla de la percepción de su peso en la región. Según un estudio del Barómetro de las Américas, elaborado por la Universidad de Vanderbilt y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, el 68,2% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe, considera que la influencia del gigante asiático en la zona es positiva, mientras que sólo el 62,2% opina lo mismo del ascendiente estadounidense. Uno de cada cinco consultados cree, además, que China ya es el país más influyente, por delante de Japón, India y EE UU.
Liu Kang, profesor de Estudios Culturales Chinos del Departamento de Estudios Asiáticos y director del Centro de Investigación sobre China de la Universidad de Duke, justifica esa impresión positiva en “la diplomacia pragmática” que ha optado por desarrollar en la región el Gobierno chino. “La inversión de China en América Latina no está basada en la ideología, esta política de no intervención se ha demostrado mucho más eficaz que la desarrollada en Oriente Medio o en África, que ha suscitado mucha más controversia”. Kang resalta, como ejemplo de esa falta de implicación política, que sus relaciones comerciales ya no se supeditan al reconocimiento a Taiwán por parte de algunos países de la región.
La estadística ayuda a ilustrar el impacto transformador de la presencia china en América Latina. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Chino, la región es el segundo mayor destino inversor del país, tras Asia. En 2000, Pekín invirtió 10.000 millones de dólares en la región, en 2009 eran 100.000 millones y dos años después, en 2011, superaba los 245.000 millones, de acuerdo con el Centro Woodrow Wilson. Esa inversión fue determinante para que América Latina soslayara el impacto de la recesión económica de 2009 -Ese a año las exportaciones de América Latina a EE UU y Europa disminuyeron el 26 y el 28% respectivamente, las que tenían como destino China, se incrementaron en un 5%-.
Uno de cada cinco consultados cree, además, que China ya es el país más influyente, por delante de Japón, India y EEUU.
EEUU también aborda de manera empírica el peso creciente de China en el continente Americano. Washington, no obstante, alerta sobre las prácticas comerciales de China, las condiciones de su mercado laboral -con una mano de obra más barata que permite rebajar los costes de producción- y la falta de garantías hacia los derechos humanos, como factores que favorecen la relación comercial de los países emergentes de la región con EE UU, por su afinidad político-económica, que con Pekin.
Esta línea de pensamiento podría explicar por qué Brasil, Chile, Argentina o México son los países que, pese a tener a China como uno de sus principales socios económicos, tienen una visión más negativa de su influencia, de acuerdo con el Barómetro de las Américas. Del mismo modo, pese al inapelable éxito del modelo económico chino, el 27,5% de los consultados prefiere el sistema estadounidense, frente al 16,3% que se decanta por el chino, seguidos del japonés (12,4%), brasileño (7%), venezolano (2,1%) y mexicano (1,7%).
Otro de los problemas que se plantean a medio plazo es la posible competencia entre China y los países emergentes de América Latina, como Brasil o México. De hecho, en ambos Estados ya se han empezado a sentir las consecuencias de la inevitable rivalidad derivada de sus respectivas pujanzas económicas. Mauricio Mosquita Moreira, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, aseguró en 2011 que China era la “principal amenaza” para la expansión industrial de Brasil, ya que ambos países producen bienes similares. La diferencia entre las políticas laborales y el respecto al medioambiente de determinadas empresas chinas instaladas en la región también han provocado fricciones con algunos Gobiernos americanos.
La inversión de China en América Latina no está basada en la ideología, esta política de no intervención se ha demostrado mucho más eficaz que la desarrollada en Oriente Medio o en África, que ha suscitado mucha más controversia"
La relación con México es sintomática de la creciente rivalidad económica entre ambos países. China se ha convertido en uno de los principales competidores de México en el mercado estadounidense. En 1980, el Gobierno mexicano comenzó a adoptar medidas protectoras en respuesta a la proliferación de productos chinos de bajo coste dentro de sus fronteras. La reestructuración del mercado laboral chino, que ha acordado una subida salarial a los trabajadores, ha permitido el renacimiento de la industria automovilística y aeronáutica mexicana, en competencia directa con la china. Pese a todo, la postura de México debe ser cauta, ya que los productos que exporta tienen una alta dependencia de las importaciones chinas.
La dependencia de la economía de América Latina de China es importante, por cada 1% que crece el PIB en el país asiático, crece un 0,4% el de la región; por cada 10% que crece China, aumentan las exportaciones de América Latina a ese país, en un 25%. La presencia del gigante asiático en el hemisferio Sur americano ha servido garantizar la estabilidad económica de la región.
Aunque EE UU vigila que esa influencia no traspase las fronteras de la política, de momento, parece aceptar la expansión comercial. Desde 2006, ambos países mantienen un diálogo periódico para intercambiar ideas sobre la región. Desde que Barack Obama está en la Casa Blanca ese fórum se reunión en 2010 y 2012 y está prevista otra reunión a finales de este año. La existencia de la Alianza Transpacífica (TPP), de la que forman parte Chile, EE UU, Perú o México -China no-, o la Alianza de Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, como miembros plenos -ni China ni EE UU forman parte- da una idea de la importancia que América Latina da a las relaciones comerciales con el Pacífico Sur.
Diario El País de España.
miércoles, 6 de febrero de 2013
Venezuela obtiene 37 puntos de 100 en Índice de Presupuesto Abierto
El informe internacional elaborado por la Internacional Budget
Partnership (IBP), mide la transparencia y calidad de los presupuestos
cada dos años y se elabora sobre la base de 100 puntos: a mayor puntaje,
mejor y más participativo el proceso presupuestario.
Se dieron a conocer los resultados del
Índice de Presupuesto Abierto correspondientes al año 2012, que publica
la Internacional Budget Partnership (IBP) bianualmente. El informe
arroja que Venezuela obtuvo un puntaje de 37 puntos sobre 100,
ubicándose debajo del promedio de 43 puntos del total de 100 países
encuestados. Asimismo, es inferior a los puntajes de todos sus vecinos
en la región, a excepción de Bolivia y Ecuador.
En el año 2010, Venezuela obtuvo 34
puntos en el estudio, que incluyó en esa oportunidad, a 95 países, dos
años más tarde muestra una mejoría de 3 puntos. Estos resultados indican
que el gobierno venezolano proporciona información mínima al público
sobre el presupuesto y las actividades financieras del gobierno nacional
durante el año presupuestario. Por ello, los ciudadanos se enfrentan
con el reto de responsabilizar al gobierno por la administración de los
fondos públicos.
Transparencia Venezuela participa en la
elaboración de este índice, respondiendo a la Encuesta de Presupuesto
Abierto, que contiene 125 preguntas de las cuales 95 son sobre la la
disponibilidad pública y la exhaustividad de los ocho documentos
presupuestarios clave que los gobiernos deberían publicar y las 30
preguntas restantes se relacionan con las oportunidades para la
participación ciudadana en el proceso presupuestario y con las funciones
que desempeñan las legislaturas y las entidades fiscalizadoras
superiores en la formulación y la vigilancia del presupuesto.
En
base a estos resultados la IBP realiza una serie recomendaciones al
Ejecutivo para mejorar su transparencia presupuestaria. Entre estas
medidas se encuentran: la elaboración y publicación de un presupuesto
ciudadano, los informes entregados durante el año y una revisión a mitad
de año, mejorar la calidad del informe de auditoría al incluir todos
los gastos, publicar los Informes de auditoría de fondos extra
presupuestarios.
En cuanto al papel de la Asamblea
Nacional, ésta debería realizar un debate formal sobre políticas
presupuestarias preliminares antes de que el Ejecutivo presente la
propuesta de presupuesto, debería tener autoridad plena para modificar
la propuesta de presupuesto del Ejecutivo y debería examinar todos los
informes de auditoría; el Ejecutivo debería realizar consultas con los
miembros de la legislatura como parte del proceso mediante el cual se
establecen las prioridades.
Finalmente, la IBP destaca la
importancia de la participación ciudadana en la elaboración del
presupuesto nacional, por lo que recomienda a Venezuela ampliar la
participación pública, ya que según los resultados, existen
oportunidades limitadas en el proceso presupuestario de Venezuela.
El Índice
El Índice de Presupuesto Abierto se
compone de puntuaciones parciales para cada uno de los ocho documentos
presupuestarios clave evaluados en la Encuesta de Presupuesto Abierto,
la cual usa criterios reconocidos internacionalmente a fin de otorgar a
cada país un puntaje de transparencia en una escala de 100 puntos,
denominada Índice de Presupuesto Abierto.
Para garantizar la comparabilidad de los
datos, se estableció un periodo de investigación claramente definido
(desde agosto hasta diciembre de 2011) y que fue el mismo para todos los
países evaluados. En la medida de lo posible, se reunieron y
presentaron evidencias documentales específicas, como citas de los
documentos presupuestarios disponibles, disposiciones legales o
entrevistas a funcionarios del gobierno u otros actores relevantes,
para respaldar cada una de las respuestas. La Encuesta no refleja la
opinión de los que la elaboran; mide hechos observables relacionados con
la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.
Entre los puntajes más altos para la
edición 2012 se incluyen Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Noruega,
Brasil y Corea del Sur. Según el informe, 77 de los 100 países
evaluados, en los que habita la mitad de la población mundial, no
cumplen con los estándares básicos de transparencia. El documento
destaca la importancia del tema, dado que los presupuestos constituyen
la herramienta principal que utilizan los gobiernos para establecer
políticas, con el fin de recaudar e invertir fondos públicos destinados a
promover el desarrollo y cubrir las necesidades de los habitantes de
estos países.
lunes, 12 de noviembre de 2012
Transparencia Venezuela: La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el gobierno
Por cuarto año consecutivo la
Organización No Gubernamental presenta al país el análisis del Proyecto
de Presupuesto para la nación. Este sábado su Directora Ejecutiva
Mercedes De Freitas, dio a conocer a los medios de comunicación el
trabajo correspondiente al Proyecto de Ley de Presupuesto para el
ejercicio fiscal 2013.
De dicho ejercicio resaltan las siguientes preocupaciones:
Dinero para Poderes Públicos
Seguridad no es un problema
Sin dinero para elecciones ni aumento de sueldos
Discrecionalidad y arbitrariedad caracterizan el proyecto de presupuesto 2013
De dicho ejercicio resaltan las siguientes preocupaciones:
Dinero para Poderes Públicos
- El Ejecutivo maneja directamente el 75% del presupuesto + los fondos paralelos + las contribuciones especiales + el FCI para Poder Popular
- Se mantiene el descenso de recursos para alcaldías y gobernaciones a través de subestimación de los ingresos.
- El presupuesto para órganos de control no llega al 1%
Seguridad no es un problema
- La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el Gobierno. Menos dinero para seguridad interna, más dinero para defensa nacional. US$ 16.000 para compra de armamento.
- Menos policías más militares
- A la lucha contra la delincuencia organizada se le asignó Bs.2 millones. Una burla.
Sin dinero para elecciones ni aumento de sueldos
- Para las elecciones de abril se asignan Bs. 93 Millones. Las Elecciones presidenciales 2012 costaron 2.933 Millones. El aumento de sueldos tampoco está.
Discrecionalidad y arbitrariedad caracterizan el proyecto de presupuesto 2013
- Presupuesto es deficitario en 32%
- El barril a $55 mantendrá el uso de gigantescos recurso paralelos sin control. En 2012 solo al FONDEN entró US$18.447 Millones
- La subestimación del gasto para el Ejecutivo no es indicativo de política de austeridad, sino anticipo de gestión financiera sin planificación real, basada en créditos adicionales a discreción
- El análisis de presupuesto confirma que no están planteadas soluciones a los problemas del país, el presupuesto no indica que se están priorizando los problemas del país. Ley de presupuesto no es real, es cumplir muy mal un requisito formal. Venezuela no tiene planificación presupuestaria
- El peso del ingreso petrolero es cada vez más bajo en el presupuesto
domingo, 11 de noviembre de 2012
Pugnas en Corpoelec develan retrocesos en sector eléctrico
Dos visiones del
socialismo. Dos grupos del oficialismo chocan por el control de la
industria eléctrica. Luego de la reelección del presidente Hugo Chávez
las diferencias ya no se guardan. Y entre las estrategias políticas de
uno u otro grupo se asoma una verdad que oculta el discurso oficial: la
crisis eléctrica está más viva que nunca.
Lo sindical
La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec) señala que la gerencia de la empresa pretende la “destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”. Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico hace campaña contra las “cúpulas sindicales”.
Lo operativo
40% de retraso presentan los proyectos nuevos de generación.
Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor.
De las 402 subestaciones de distribución, 127 exceden su vida útil de 35 años.
Dos grandes corrientes del oficialismo pugnan en la arena de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Es, quizás, una de las confrontaciones más descarnadas que se han dado en las filas del chavismo en el último período.
La incursión del vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, ex dirigente sindical, ha acentuado la rivalidad por su pasado en las filas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), una de las líneas que dominan la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de la Ciudad, el Campo y el Mar.
En dos semanas, se han producido dos marchas hacia un mismo destino pero con diferentes actores. La primera de ellas convocada por la Federación Eléctrica Nacional (Fetraelec) y más de 30 sindicatos. La segunda por el Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico, con la participación del tren gerencial, cuyas consignas fueron en contra de las “cúpulas sindicales”.
Ambas incluyeron entre sus objetivos entregar un plan integral para el mejoramiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a la Vicepresidencia de la República.
Pero dentro la confrontación resaltan las duras críticas esbozadas por Fetraelec contra quienes hoy dirigen Corpoelec, entre las que destacan el “plan de exclusión, amedrentamiento y acoso a los trabajadores, así como destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”.
El secretario de asuntos internos de Fetraelec y secretario general
del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del estado Bolívar,
Francisco Alarcón, ha denunciado que la intención de la directiva es
sustituir a los sindicatos por una organización vertical que no se
corresponde con el proyecto del control obrero.
En el documento entregado al vicepresidente Nicolás Maduro los trabajadores exponen la situación de la industria, remarcan las causas de la crisis eléctrica, subrayan la inestabilidad de las líneas de transmisión y la ausencia de un plan consensuado para salir del atolladero.
Fetraelec también destaca que el plan tarifario “razonable”, ejecutado tras el estudio de un equipo multidisciplinario, no trascendió.
La institución asegura que milita con la idea de implantar un modelo de gestión socialista para fijar una gerencia y administración de la empresa colectiva, con la conformación de consejos de trabajadores.
Sin embargo, “las autoridades vienen desmontando lo que con grandes esfuerzos pudo avanzarse desde las bases de los trabajadores, como por ejemplo la definición de las unidades mínimas operacionales y, por el contrario, se están retomando los viejos esquemas regionales”.
Cuestionan a los consejo socialistas cuya línea vertical se impone, aplicando “persecución y hostigamiento a los trabajadores que osen reclamar la aplicación del reglamento (…) se está potenciando un choque inminente y comienzan a manifestarse importantes elementos de esas dos visiones contrapuestas de cómo refundar el sector eléctrica”, alerta la federación de sindicatos eléctricos en el documento entregado a Maduro.
Dos líneas
Los cuestionamientos del sector sindical están basados en el poco avance que ha habido en la reorganización del sector eléctrico nacional, firmado en mayo de 2007 y que tenía como fin unificar e integrar las condiciones laborales de 14 empresas y 42 sindicatos exigentes.
Responsabilizan de esta situación, precisamente, a los sectores “enquistados” que este viernes se movilizaron en Caracas con Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico en contra de las “cúpulas sindicales”.
Pese a que ambos grupos coinciden en el planteamiento de que los trabajadores asuman la conducción de la industria, hay profundas divergencias en cómo se materializa la idea socialista.
La coordinadora nacional de igualdad de género de esta agrupación, Mercedes Gutiérrez, señaló a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) que este frente rechaza las cúpulas sindicales y apuestan por la integración de la fuerza laboral.
La clara división dentro de la industria obligó a la Vicepresidencia de la República a conformar un “equipo de trabajo permanente” con cuatro líneas estratégicas, divulgas este viernes por Maduro.
Entre tanto, la mayoría de las organizaciones agrupadas en Fetraelec están dispuestas a enfrentar cualquier modelo que pretenda convertirse en una figura de paralelismo sindical.
“No puede ser que intenten implantar un control obrero para enfrentar a los trabajadores, para entregar las conquistas, porque si es así yo me quedo entonces con el viejo modelo que me establece la constitución que es la participación a través de las organizaciones sindicales. Ese es el debate que tiene que darse, pero no por la imposición”, declaró el dirigente de Suteeb, Francisco Alarcón.
Sistema eléctrico Nacional (SEN), según Fetraelec:
* Inestabilidad: Capacidad instalada 23.554 sólo es posible generar el 36% y el eje norte costero requiere de la importación de energía desde Guayana de no menos de 8.400 Mw, observamos que se ve limitada por el facto de inestabilidad de transferencia de carga que sólo le permite exportar 7.400 Mw.
* Transmisión: el 78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior al 55% (22% con factor de utilización superior al 80%) que indica pérdida de capacidad firme disponible de energía, condición esta, que restringe la posibilidad de hacer mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio.
* Distribución: De las 402 subestaciones de distribución, el 32% (127) exceden su vida útil (35 años). Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como círculo vicioso, genera interrupciones cada vez más frecuentes.
* Pérdidas de energía: Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor (pagan por estimados), una gran cantidad ejecuta normas clandestinas o intervienen medidores de manera fraudulentas.
39 horas/año es el indicador de tiempo total de interrupciones (TTI); el indicador latinoamericano es de 6 horas/año
7.500 millones de bolívares eran las cuentas por obrar en Corpoelec al cerrar el 2011.
12.000 mw nuevos se requieren para los 3 millones de viviendas que aspira construir el Gobierno con la Gran Misión Vivienda y se requerían 20 millones de dólares en inversión.
40% de retraso tienen los proyectos nuevos de generación donde se estima incorporar 5.629 Mw al sistema
1.500 trabajadores, según Fetraelec, deberían estar capacitándose para la nueva infraestructura eléctrica.
Fuente: Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
Lo sindical
La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec) señala que la gerencia de la empresa pretende la “destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”. Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico hace campaña contra las “cúpulas sindicales”.
Lo operativo
40% de retraso presentan los proyectos nuevos de generación.
Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor.
De las 402 subestaciones de distribución, 127 exceden su vida útil de 35 años.
Dos grandes corrientes del oficialismo pugnan en la arena de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Es, quizás, una de las confrontaciones más descarnadas que se han dado en las filas del chavismo en el último período.
La incursión del vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, ex dirigente sindical, ha acentuado la rivalidad por su pasado en las filas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), una de las líneas que dominan la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de la Ciudad, el Campo y el Mar.
En dos semanas, se han producido dos marchas hacia un mismo destino pero con diferentes actores. La primera de ellas convocada por la Federación Eléctrica Nacional (Fetraelec) y más de 30 sindicatos. La segunda por el Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico, con la participación del tren gerencial, cuyas consignas fueron en contra de las “cúpulas sindicales”.
Ambas incluyeron entre sus objetivos entregar un plan integral para el mejoramiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a la Vicepresidencia de la República.
Pero dentro la confrontación resaltan las duras críticas esbozadas por Fetraelec contra quienes hoy dirigen Corpoelec, entre las que destacan el “plan de exclusión, amedrentamiento y acoso a los trabajadores, así como destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”.
En el documento entregado al vicepresidente Nicolás Maduro los trabajadores exponen la situación de la industria, remarcan las causas de la crisis eléctrica, subrayan la inestabilidad de las líneas de transmisión y la ausencia de un plan consensuado para salir del atolladero.
Fetraelec también destaca que el plan tarifario “razonable”, ejecutado tras el estudio de un equipo multidisciplinario, no trascendió.
La institución asegura que milita con la idea de implantar un modelo de gestión socialista para fijar una gerencia y administración de la empresa colectiva, con la conformación de consejos de trabajadores.
Sin embargo, “las autoridades vienen desmontando lo que con grandes esfuerzos pudo avanzarse desde las bases de los trabajadores, como por ejemplo la definición de las unidades mínimas operacionales y, por el contrario, se están retomando los viejos esquemas regionales”.
Cuestionan a los consejo socialistas cuya línea vertical se impone, aplicando “persecución y hostigamiento a los trabajadores que osen reclamar la aplicación del reglamento (…) se está potenciando un choque inminente y comienzan a manifestarse importantes elementos de esas dos visiones contrapuestas de cómo refundar el sector eléctrica”, alerta la federación de sindicatos eléctricos en el documento entregado a Maduro.
Dos líneas
Los cuestionamientos del sector sindical están basados en el poco avance que ha habido en la reorganización del sector eléctrico nacional, firmado en mayo de 2007 y que tenía como fin unificar e integrar las condiciones laborales de 14 empresas y 42 sindicatos exigentes.
Responsabilizan de esta situación, precisamente, a los sectores “enquistados” que este viernes se movilizaron en Caracas con Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico en contra de las “cúpulas sindicales”.
Pese a que ambos grupos coinciden en el planteamiento de que los trabajadores asuman la conducción de la industria, hay profundas divergencias en cómo se materializa la idea socialista.
La coordinadora nacional de igualdad de género de esta agrupación, Mercedes Gutiérrez, señaló a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) que este frente rechaza las cúpulas sindicales y apuestan por la integración de la fuerza laboral.
La clara división dentro de la industria obligó a la Vicepresidencia de la República a conformar un “equipo de trabajo permanente” con cuatro líneas estratégicas, divulgas este viernes por Maduro.
Entre tanto, la mayoría de las organizaciones agrupadas en Fetraelec están dispuestas a enfrentar cualquier modelo que pretenda convertirse en una figura de paralelismo sindical.
“No puede ser que intenten implantar un control obrero para enfrentar a los trabajadores, para entregar las conquistas, porque si es así yo me quedo entonces con el viejo modelo que me establece la constitución que es la participación a través de las organizaciones sindicales. Ese es el debate que tiene que darse, pero no por la imposición”, declaró el dirigente de Suteeb, Francisco Alarcón.
Sistema eléctrico Nacional (SEN), según Fetraelec:
* Inestabilidad: Capacidad instalada 23.554 sólo es posible generar el 36% y el eje norte costero requiere de la importación de energía desde Guayana de no menos de 8.400 Mw, observamos que se ve limitada por el facto de inestabilidad de transferencia de carga que sólo le permite exportar 7.400 Mw.
* Transmisión: el 78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior al 55% (22% con factor de utilización superior al 80%) que indica pérdida de capacidad firme disponible de energía, condición esta, que restringe la posibilidad de hacer mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio.
* Distribución: De las 402 subestaciones de distribución, el 32% (127) exceden su vida útil (35 años). Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como círculo vicioso, genera interrupciones cada vez más frecuentes.
* Pérdidas de energía: Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor (pagan por estimados), una gran cantidad ejecuta normas clandestinas o intervienen medidores de manera fraudulentas.
39 horas/año es el indicador de tiempo total de interrupciones (TTI); el indicador latinoamericano es de 6 horas/año
7.500 millones de bolívares eran las cuentas por obrar en Corpoelec al cerrar el 2011.
12.000 mw nuevos se requieren para los 3 millones de viviendas que aspira construir el Gobierno con la Gran Misión Vivienda y se requerían 20 millones de dólares en inversión.
40% de retraso tienen los proyectos nuevos de generación donde se estima incorporar 5.629 Mw al sistema
1.500 trabajadores, según Fetraelec, deberían estar capacitándose para la nueva infraestructura eléctrica.
Fuente: Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com
domingo, 4 de noviembre de 2012
Conclusiones y Recomendaciones de la OEA (Elecciones Presidenciales 2006 en Venezuela)
CONCLUSIONES Y RECOMDACIONES:
La MOE/OEA constató los avances del sistema electoral venezolano. Asimismo, con el objetivo de fortalecer el sistema y el proceso eleccionario de Venezuela, la Misión de la OEA presenta una serie de recomendaciones. Estas se formulan en cumplimiento de los compromisos a los que obligan las Normas sobre el Régimen de la Observación Electoral Internacional en la Elección Presidencial de 2006, dictadas por el CNE el 5 de octubre de 2006 y por Acuerdo relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores firmado con el gobierno, así como el Acuerdo de Procedimientos de la Observación firmado con el CNE. Los siguientes comentarios y sugerencias se basan en los informes preliminares de la Misión y en las observaciones y análisis presentados en páginas anteriores.
A) ASPECTOS LEGALES:
-
La Misión pudo observar que, desde las elecciones de 2005, el marco regulatorio ha mejorado en varios aspectos. En tal sentido, quizá la más relevante conclusión y recomendación en materia legal, es la urgente necesidad de tener un marco jurídico unificado, coherente, de fácil y oportuna aplicación, dotado de mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los organismos correspondientes y de los normados, con lo que se generaría un clima de confianza y tranquilidad entre todos los actores del proceso electoral en sus diferentes etapas. La actual normativa electoral de la República Bolivariana de Venezuela, no coincide en muchos aspectos con los cambios institucionales y el avance tecnológico del sistema electoral. En este sentido, la Misión considera oportuno desarrollar los principios constitucionales referidos al régimen electoral, mediante la expedición de una ley que recoja las normas existentes y la actualice y complemente para tener una legislación clara y expedita en materia electoral. Para ello, se considera que la manera de implementar esta recomendación sería rescatando de la legislación vigente lo que sea aplicable a la actualidad y refundirlo con nuevas normas en un código electoral único, que involucre de manera sistemática los diferentes aspectos del proceso electoral y los temas conexos, incluyendo el control de actividades, la regulación de las organizaciones con fines políticos, la propaganda electoral, el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales redactado con una buena técnica jurídica, buscando que este sea lo más claro posible, sin dejar lugar a vacíos o situaciones que generen un limbo jurídico.
La Misión entiende que cada elección tiene características particulares y por ello considera conveniente que el CNE conserve la facultad de reglamentar asuntos meramente procedimentales para cada elección, tales como el cronograma electoral, la reubicación de centros de votación o mesas de votación en caso de ser necesario, composición de órganos electorales transitorios para desempeñar funciones electorales (miembros de mesa, operadores, coordinadores de centro de votación). Estas reglamentaciones deben ser difundidas con la antelación que determine la ley y tengan amplia difusión para que los actores del proceso las conozcan con la debida anticipación y sean aplicables de manera justa y uniforme.
-
En cuanto a los reglamentos sobre los procedimientos que decrete el CNE para cada elección, la Misión considera que deberían ser expedidos previa concertación, opinión o intervención en su elaboración por parte de las organizaciones políticas, pues estos van a normar el proceso en la cual ellas van a participar.
B) CAMPAÑAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS:
-
La Misión observó falta de credibilidad y confianza entre los distintos sectores políticos del país, lo cual debilitó la presencia de los partidos. Por lo tanto, la MOE/OEA considera oportuna la promoción de un programa de fortalecimiento de los partidos políticos y de concertación nacional.
-
La Misión entiende que el marco jurídico para el financiamiento de las campañas electorales debe ser revisado, ya que la tendencia en la mayoría de democracias es que el Estado participe financiando estos aspectos, ya sea de manera directa, indirecta o mixta, pues esto permite tener mayor control sobre el dinero que ingresa a una campaña o a un partido político. Además, en cierta forma les da igualdad de condiciones en la participación en la vida política o en un proceso electoral en particular. La República Bolivariana de Venezuela cuenta con uno de los sistemas electorales más modernos del mundo, no obstante falta robustecer y mejorar los sistemas de control y fiscalización del financiamiento de agrupaciones con fines políticos y de campañas electorales, el cual está establecido mediante norma constitucional. Es así como la Misión recomienda revisar el marco legal en función de generar modificaciones que faciliten la auditoría de los fondos utilizados para las campañas electorales y de esta manera se refuerce la transparencia del sistema eliminado sospechas y/o suspicacias.
-
En este sentido, es importante reglamentar el uso de recursos públicos y/o del Estado, de manera que se preserve el equilibrio y la igualdad de condiciones entre los participantes de un proceso electoral. La Misión también considera imperante que al reglamentar la aludida materia, se elabore una ley que cuente con los instrumentos necesarios y efectivos que hagan posible la aplicación de la misma, estableciendo sanciones que sean aplicadas dependiendo de la clase de delito.
-
Dentro de la reforma y actualización a la normatividad electoral existente en la República Bolivariana de Venezuela es importante reglamentar lo referente a las campañas electorales, para que estas se puedan desarrollar con plenas garantías y la celebración del proceso propiamente dicho sea justo, libre y competitivo y la ciudadanía tenga una percepción clara y verdadera sobre las ofertas políticas,
evitando que su percepción sobre ellas sea distorsionada. En este campo sería importante reglamentar el acceso de los candidatos a los medios de comunicación para que los participantes en el debate electoral estén en igualdad de condiciones
.
C) FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ELECTORAL:
-
Es de destacar que los miembros rectores del Consejo Supremo Electoral fueron designados por la Asamblea Nacional de la manera que lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela37. Con motivo del grado de estabilidad que adquirió el CNE con el nombramiento en propiedad de sus rectores, este organismo se ha puesto en la tarea de trabajar en su consolidación. Se considera oportuno que, en aras de consolidar la credibilidad de la autoridad electoral se mejore la comunicación con los representantes de las organizaciones políticas. Principalmente, en el tema de contestación de inquietudes o respuestas técnicas presentadas al CNE.
D) REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE (REP):
-
La Misión considera importante que se expida una ley que permita la unificación del Registro Civil de las Personas y al Registro Electoral Permanente (REP). De esta manera, se podría obtener un padrón electoral limpio y depurado, teniendo una mayor coordinación entre las instituciones involucradas en la formación de esos registros.
E) ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL:
-
La Misión puede confirmar que, tanto en los centros de votación como los lugares centrales de totalización, hubo una presencia importante de testigos de los partidos políticos así como de observadores, lo que contribuyó a transparentar este proceso y brindar garantías acerca de la transmisión y totalización de los resultados.
-
De las elecciones de 2005 a las de 2006, el CNE amplió el número de centros de votación. En 2005 se habían habilitado 9,387 centros de votación y para las elecciones de 2006 ya había 11,118, lo que facilita al ciudadano la participación en el proceso electoral. Igualmente, para 2006, la automatización del sistema alcanzó el 94.7% y el 5.7% restante, obedece en su mayoría a las mesas de votación instaladas en el exterior y a regiones inhóspitas donde se hace imposible la implementación del sistema automatizado.
-
De lo observado el día de la votación y con el objetivo de mejorar la organización del proceso durante el acto de votación se sugiere que:
La autoridad electoral estipule y cumpla con claridad los horarios establecidos por la legislación sobre la apertura y cierre del centro electoral. También debería establecer cuál es el oficial responsable de esta función, evitando así confusiones y generando mayor transparencia en el recuento de votos. (Artículo 296 CRBV.)
Las fuerzas de seguridad eviten la exhibición de armamento ya que esto puede resultar amenazante o amedrentador para el público elector.
Realizar una renovación del parque de máquinas de votación envejecido debido a las fallas de algunas de máquinas. Unificar el modelo de las máquinas de votación y las impresoras para así minimizar las fallas y la paralización momentánea del proceso.
o
Socializar y familiarizar la tecnología utilizada en el proceso electoral mediante campañas masivas de educación al votante, las cuales podrían incluir pruebas prácticas en lugares públicos.
o
Reforzar la capacitación de los miembros de mesa, lo cual le permitiría una mejor capacidad de reacción y de toma de decisiones el día de la elección. Esto también le permitirá informar mejor al votante.
o
Diseñar una Boleta Electoral más clara para el votante para que este pueda diferenciar a su candidato o candidata del resto. Esto es importante sobre todo para aquellos que padecen algún tipo de discapacidad o limitación visual.
o
Incluir en la caja electoral juegos de boletas en físico para una rápida instrumentación de planes de contingencia en caso de fallas técnicas, especialmente en comunidades alejadas.
o
Tratar de evitar la frecuencia y “naturalización” de la figura del acompañante al momento de la emisión del voto y/o que se reglamente mejor y que estas disposiciones sean conocidas por todos.
o
Establecer procedimientos claramente definidos para la entrega a los Partidos Políticos de logs de base de datos, servidores de comunicación y resultados detallados acta por acta.
-
La Misión considera que el Plan República logró realizar de manera efectiva sus labores de logística y generar condiciones de seguridad durante el desarrollo del proceso electoral, mediante un acompañamiento oportuno de custodiar, prestar seguridad y apoyo en el despliegue y repliegue del material electoral, así como preservar el orden público durante los comicios. No obstante, la Misión recomienda que los agentes que participan en dicho Plan se apeguen de manera estricta a la ley y al reglamento para que se prevenga la extralimitación de funciones, pues se observó que en algunas ocasiones estos tuvieron un protagonismo que no les correspondía, yendo más allá de su papel, incluso calcando y desempeñando tareas propias de los funcionarios electorales. Para ello, sería importante que dentro de las reformas al ordenamiento legal electoral se incluyeran de manera clara y precisa los parámetros con los cuales se debe organizar el plan de acompañamiento de las Fuerzas Militares en los procesos electorales, determinándose que su participación se debe limitar, a brindar los elementos de seguridad, custodia y prevención del mantenimiento del orden público, así como apoyo en el traslado del material electoral a las zonas vulnerables y de difícil acceso.
F) TECNOLOGÍA ELECTORAL:
Las auditorías que se hicieron a lo largo del proceso electoral a los diferentes componentes de la plataforma tecnológica del sistema electoral (máquinas, sistema de transmisión y sistema de totalización), contaron con la presencia de la mayoría de los técnicos de los candidatos participantes y de la sociedad civil, quienes avalaron los sistemas, generando un clima de confianza en este importante aspecto del proceso. Hay que anotar que el cronograma y la metodología de estas auditorías fue discutido previamente entre el CNE y los partidos políticos.
La MOE considera que una innovación tecnológica importante como la incorporación de máquinas capta-huellas al sistema electoral, requiere en el futuro y a la luz de la experiencia observada, de una mayor difusión hacia la opinión pública. Es importante que la ciudadanía conozca su verdadero alcance, a efectos de disipar suspicacias y temores de que se pudiese identificar la identidad del votante. En caso de entenderse apropiada su continuación, deberá encararse su extensión sistemática a todo el territorio nacional.
-
Se estima oportuno que este esfuerzo por poblar la base de datos del Registro Electoral mediante el sistema de captahuellas, no se realice durante el día de la elección. Además, la Misión considera necesario realizar campañas de actualización de información permanentes en épocas no electorales.
G) TRÁMITE DE DENUNCIAS:
-
Debido a que las normas en materia electoral se encuentran dispersas en diferentes leyes, resoluciones e instructivos, sería importante que al momento de unificar la legislación electoral, se incluyera un capítulo en el que se reglamente en forma clara y precisa lo relativo a quejas, denuncias, irregularidades y delitos electorales. De esta manera, se estaría dotando a ese ordenamiento con las herramientas necesarias para el cabal cumplimiento de esa reglamentación, previniendo y/o sancionando la comisión de alguna irregularidad en esa materia, tipificando la figuras delictivas electorales y exigiendo a las autoridades correspondientes la aplicación de las mismas, so pena de incurrir en omisión de funciones, evento que también debería contemplar una sanción ejemplar para forzar al funcionario a que aplique la ley en debida forma, evitando que cualquier irregularidad electoral quede impune.
-
Se recomienda que, para cada proceso electoral, el CNE o la autoridad competente habilite una oficina de quejas y reclamos con un procedimiento claro y expedito. El objetivo de esta sugerencia es que quienes sientan que sus derechos electorales están siendo vulnerados tengan un canal de fácil acceso con la autoridad y que su denuncia y/o queja sea prontamente atendida y resuelta en el menor tiempo posible por funcionarios competentes e imparciales.
La MOE/OEA constató los avances del sistema electoral venezolano. Asimismo, con el objetivo de fortalecer el sistema y el proceso eleccionario de Venezuela, la Misión de la OEA presenta una serie de recomendaciones. Estas se formulan en cumplimiento de los compromisos a los que obligan las Normas sobre el Régimen de la Observación Electoral Internacional en la Elección Presidencial de 2006, dictadas por el CNE el 5 de octubre de 2006 y por Acuerdo relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores firmado con el gobierno, así como el Acuerdo de Procedimientos de la Observación firmado con el CNE. Los siguientes comentarios y sugerencias se basan en los informes preliminares de la Misión y en las observaciones y análisis presentados en páginas anteriores.
A) ASPECTOS LEGALES:
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La Misión pudo observar que, desde las elecciones de 2005, el marco regulatorio ha mejorado en varios aspectos. En tal sentido, quizá la más relevante conclusión y recomendación en materia legal, es la urgente necesidad de tener un marco jurídico unificado, coherente, de fácil y oportuna aplicación, dotado de mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los organismos correspondientes y de los normados, con lo que se generaría un clima de confianza y tranquilidad entre todos los actores del proceso electoral en sus diferentes etapas. La actual normativa electoral de la República Bolivariana de Venezuela, no coincide en muchos aspectos con los cambios institucionales y el avance tecnológico del sistema electoral. En este sentido, la Misión considera oportuno desarrollar los principios constitucionales referidos al régimen electoral, mediante la expedición de una ley que recoja las normas existentes y la actualice y complemente para tener una legislación clara y expedita en materia electoral. Para ello, se considera que la manera de implementar esta recomendación sería rescatando de la legislación vigente lo que sea aplicable a la actualidad y refundirlo con nuevas normas en un código electoral único, que involucre de manera sistemática los diferentes aspectos del proceso electoral y los temas conexos, incluyendo el control de actividades, la regulación de las organizaciones con fines políticos, la propaganda electoral, el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales redactado con una buena técnica jurídica, buscando que este sea lo más claro posible, sin dejar lugar a vacíos o situaciones que generen un limbo jurídico.
La Misión entiende que cada elección tiene características particulares y por ello considera conveniente que el CNE conserve la facultad de reglamentar asuntos meramente procedimentales para cada elección, tales como el cronograma electoral, la reubicación de centros de votación o mesas de votación en caso de ser necesario, composición de órganos electorales transitorios para desempeñar funciones electorales (miembros de mesa, operadores, coordinadores de centro de votación). Estas reglamentaciones deben ser difundidas con la antelación que determine la ley y tengan amplia difusión para que los actores del proceso las conozcan con la debida anticipación y sean aplicables de manera justa y uniforme.
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En cuanto a los reglamentos sobre los procedimientos que decrete el CNE para cada elección, la Misión considera que deberían ser expedidos previa concertación, opinión o intervención en su elaboración por parte de las organizaciones políticas, pues estos van a normar el proceso en la cual ellas van a participar.
B) CAMPAÑAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS:
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La Misión observó falta de credibilidad y confianza entre los distintos sectores políticos del país, lo cual debilitó la presencia de los partidos. Por lo tanto, la MOE/OEA considera oportuna la promoción de un programa de fortalecimiento de los partidos políticos y de concertación nacional.
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La Misión entiende que el marco jurídico para el financiamiento de las campañas electorales debe ser revisado, ya que la tendencia en la mayoría de democracias es que el Estado participe financiando estos aspectos, ya sea de manera directa, indirecta o mixta, pues esto permite tener mayor control sobre el dinero que ingresa a una campaña o a un partido político. Además, en cierta forma les da igualdad de condiciones en la participación en la vida política o en un proceso electoral en particular. La República Bolivariana de Venezuela cuenta con uno de los sistemas electorales más modernos del mundo, no obstante falta robustecer y mejorar los sistemas de control y fiscalización del financiamiento de agrupaciones con fines políticos y de campañas electorales, el cual está establecido mediante norma constitucional. Es así como la Misión recomienda revisar el marco legal en función de generar modificaciones que faciliten la auditoría de los fondos utilizados para las campañas electorales y de esta manera se refuerce la transparencia del sistema eliminado sospechas y/o suspicacias.
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En este sentido, es importante reglamentar el uso de recursos públicos y/o del Estado, de manera que se preserve el equilibrio y la igualdad de condiciones entre los participantes de un proceso electoral. La Misión también considera imperante que al reglamentar la aludida materia, se elabore una ley que cuente con los instrumentos necesarios y efectivos que hagan posible la aplicación de la misma, estableciendo sanciones que sean aplicadas dependiendo de la clase de delito.
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Dentro de la reforma y actualización a la normatividad electoral existente en la República Bolivariana de Venezuela es importante reglamentar lo referente a las campañas electorales, para que estas se puedan desarrollar con plenas garantías y la celebración del proceso propiamente dicho sea justo, libre y competitivo y la ciudadanía tenga una percepción clara y verdadera sobre las ofertas políticas,
evitando que su percepción sobre ellas sea distorsionada. En este campo sería importante reglamentar el acceso de los candidatos a los medios de comunicación para que los participantes en el debate electoral estén en igualdad de condiciones
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C) FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ELECTORAL:
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Es de destacar que los miembros rectores del Consejo Supremo Electoral fueron designados por la Asamblea Nacional de la manera que lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela37. Con motivo del grado de estabilidad que adquirió el CNE con el nombramiento en propiedad de sus rectores, este organismo se ha puesto en la tarea de trabajar en su consolidación. Se considera oportuno que, en aras de consolidar la credibilidad de la autoridad electoral se mejore la comunicación con los representantes de las organizaciones políticas. Principalmente, en el tema de contestación de inquietudes o respuestas técnicas presentadas al CNE.
D) REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE (REP):
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La Misión considera importante que se expida una ley que permita la unificación del Registro Civil de las Personas y al Registro Electoral Permanente (REP). De esta manera, se podría obtener un padrón electoral limpio y depurado, teniendo una mayor coordinación entre las instituciones involucradas en la formación de esos registros.
E) ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL:
-
La Misión puede confirmar que, tanto en los centros de votación como los lugares centrales de totalización, hubo una presencia importante de testigos de los partidos políticos así como de observadores, lo que contribuyó a transparentar este proceso y brindar garantías acerca de la transmisión y totalización de los resultados.
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De las elecciones de 2005 a las de 2006, el CNE amplió el número de centros de votación. En 2005 se habían habilitado 9,387 centros de votación y para las elecciones de 2006 ya había 11,118, lo que facilita al ciudadano la participación en el proceso electoral. Igualmente, para 2006, la automatización del sistema alcanzó el 94.7% y el 5.7% restante, obedece en su mayoría a las mesas de votación instaladas en el exterior y a regiones inhóspitas donde se hace imposible la implementación del sistema automatizado.
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De lo observado el día de la votación y con el objetivo de mejorar la organización del proceso durante el acto de votación se sugiere que:
La autoridad electoral estipule y cumpla con claridad los horarios establecidos por la legislación sobre la apertura y cierre del centro electoral. También debería establecer cuál es el oficial responsable de esta función, evitando así confusiones y generando mayor transparencia en el recuento de votos. (Artículo 296 CRBV.)
Las fuerzas de seguridad eviten la exhibición de armamento ya que esto puede resultar amenazante o amedrentador para el público elector.
Realizar una renovación del parque de máquinas de votación envejecido debido a las fallas de algunas de máquinas. Unificar el modelo de las máquinas de votación y las impresoras para así minimizar las fallas y la paralización momentánea del proceso.
o
Socializar y familiarizar la tecnología utilizada en el proceso electoral mediante campañas masivas de educación al votante, las cuales podrían incluir pruebas prácticas en lugares públicos.
o
Reforzar la capacitación de los miembros de mesa, lo cual le permitiría una mejor capacidad de reacción y de toma de decisiones el día de la elección. Esto también le permitirá informar mejor al votante.
o
Diseñar una Boleta Electoral más clara para el votante para que este pueda diferenciar a su candidato o candidata del resto. Esto es importante sobre todo para aquellos que padecen algún tipo de discapacidad o limitación visual.
o
Incluir en la caja electoral juegos de boletas en físico para una rápida instrumentación de planes de contingencia en caso de fallas técnicas, especialmente en comunidades alejadas.
o
Tratar de evitar la frecuencia y “naturalización” de la figura del acompañante al momento de la emisión del voto y/o que se reglamente mejor y que estas disposiciones sean conocidas por todos.
o
Establecer procedimientos claramente definidos para la entrega a los Partidos Políticos de logs de base de datos, servidores de comunicación y resultados detallados acta por acta.
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La Misión considera que el Plan República logró realizar de manera efectiva sus labores de logística y generar condiciones de seguridad durante el desarrollo del proceso electoral, mediante un acompañamiento oportuno de custodiar, prestar seguridad y apoyo en el despliegue y repliegue del material electoral, así como preservar el orden público durante los comicios. No obstante, la Misión recomienda que los agentes que participan en dicho Plan se apeguen de manera estricta a la ley y al reglamento para que se prevenga la extralimitación de funciones, pues se observó que en algunas ocasiones estos tuvieron un protagonismo que no les correspondía, yendo más allá de su papel, incluso calcando y desempeñando tareas propias de los funcionarios electorales. Para ello, sería importante que dentro de las reformas al ordenamiento legal electoral se incluyeran de manera clara y precisa los parámetros con los cuales se debe organizar el plan de acompañamiento de las Fuerzas Militares en los procesos electorales, determinándose que su participación se debe limitar, a brindar los elementos de seguridad, custodia y prevención del mantenimiento del orden público, así como apoyo en el traslado del material electoral a las zonas vulnerables y de difícil acceso.
F) TECNOLOGÍA ELECTORAL:
Las auditorías que se hicieron a lo largo del proceso electoral a los diferentes componentes de la plataforma tecnológica del sistema electoral (máquinas, sistema de transmisión y sistema de totalización), contaron con la presencia de la mayoría de los técnicos de los candidatos participantes y de la sociedad civil, quienes avalaron los sistemas, generando un clima de confianza en este importante aspecto del proceso. Hay que anotar que el cronograma y la metodología de estas auditorías fue discutido previamente entre el CNE y los partidos políticos.
La MOE considera que una innovación tecnológica importante como la incorporación de máquinas capta-huellas al sistema electoral, requiere en el futuro y a la luz de la experiencia observada, de una mayor difusión hacia la opinión pública. Es importante que la ciudadanía conozca su verdadero alcance, a efectos de disipar suspicacias y temores de que se pudiese identificar la identidad del votante. En caso de entenderse apropiada su continuación, deberá encararse su extensión sistemática a todo el territorio nacional.
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Se estima oportuno que este esfuerzo por poblar la base de datos del Registro Electoral mediante el sistema de captahuellas, no se realice durante el día de la elección. Además, la Misión considera necesario realizar campañas de actualización de información permanentes en épocas no electorales.
G) TRÁMITE DE DENUNCIAS:
-
Debido a que las normas en materia electoral se encuentran dispersas en diferentes leyes, resoluciones e instructivos, sería importante que al momento de unificar la legislación electoral, se incluyera un capítulo en el que se reglamente en forma clara y precisa lo relativo a quejas, denuncias, irregularidades y delitos electorales. De esta manera, se estaría dotando a ese ordenamiento con las herramientas necesarias para el cabal cumplimiento de esa reglamentación, previniendo y/o sancionando la comisión de alguna irregularidad en esa materia, tipificando la figuras delictivas electorales y exigiendo a las autoridades correspondientes la aplicación de las mismas, so pena de incurrir en omisión de funciones, evento que también debería contemplar una sanción ejemplar para forzar al funcionario a que aplique la ley en debida forma, evitando que cualquier irregularidad electoral quede impune.
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Se recomienda que, para cada proceso electoral, el CNE o la autoridad competente habilite una oficina de quejas y reclamos con un procedimiento claro y expedito. El objetivo de esta sugerencia es que quienes sientan que sus derechos electorales están siendo vulnerados tengan un canal de fácil acceso con la autoridad y que su denuncia y/o queja sea prontamente atendida y resuelta en el menor tiempo posible por funcionarios competentes e imparciales.
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