Venezuela Quiere Unidad

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lunes, 12 de noviembre de 2012

Transparencia Venezuela: La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el gobierno

Por cuarto año consecutivo la Organización No Gubernamental presenta al país el análisis del Proyecto de Presupuesto para la nación. Este sábado su Directora Ejecutiva Mercedes De Freitas, dio a conocer a los medios de comunicación el trabajo correspondiente al Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

De dicho ejercicio resaltan las siguientes preocupaciones:

Dinero para Poderes Públicos
  • El Ejecutivo maneja directamente el 75% del presupuesto + los fondos paralelos + las contribuciones especiales + el FCI para Poder Popular
  • Se mantiene el  descenso de recursos para alcaldías y gobernaciones a través de subestimación de los ingresos.
  • El presupuesto para órganos de control no llega al 1%

Seguridad no es un problema
  • La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el Gobierno. Menos dinero para seguridad interna, más dinero para defensa nacional. US$ 16.000 para compra de armamento.
  • Menos policías más militares
  • A la lucha contra la delincuencia organizada se le asignó Bs.2 millones. Una burla.

Sin dinero para elecciones ni aumento de sueldos
  • Para las elecciones de abril se asignan Bs. 93 Millones. Las Elecciones presidenciales 2012 costaron 2.933 Millones. El aumento de sueldos tampoco está.

Discrecionalidad y arbitrariedad caracterizan el proyecto de presupuesto 2013
  • Presupuesto es deficitario en 32%
  • El barril a $55 mantendrá el uso de gigantescos recurso paralelos sin control. En 2012 solo al FONDEN entró  US$18.447 Millones
  • La subestimación del gasto para el Ejecutivo no es indicativo de política de austeridad, sino anticipo de gestión financiera sin planificación real, basada en créditos adicionales a discreción
  • El análisis de presupuesto confirma que no están planteadas soluciones a los problemas del país, el presupuesto no indica que se están priorizando los problemas del país. Ley de presupuesto no es real, es cumplir muy mal un requisito formal. Venezuela no tiene planificación presupuestaria
  • El peso del ingreso petrolero es cada vez más bajo en el presupuesto

domingo, 11 de noviembre de 2012

Pugnas en Corpoelec develan retrocesos en sector eléctrico

Dos visiones del socialismo. Dos grupos del oficialismo chocan por el control de la industria eléctrica. Luego de la reelección del presidente Hugo Chávez las diferencias ya no se guardan. Y entre las estrategias políticas de uno u otro grupo se asoma una verdad que oculta el discurso oficial: la crisis eléctrica está más viva que nunca.



Lo sindical
La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec) señala que la gerencia de la empresa pretende la “destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”. Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico hace campaña contra las “cúpulas sindicales”.


Lo operativo
 
40% de retraso presentan los proyectos nuevos de generación.
Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor.
De las 402 subestaciones de distribución, 127 exceden su vida útil de 35 años.


Dos grandes corrientes del oficialismo pugnan en la arena de la  Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Es, quizás, una de las confrontaciones más descarnadas que se han dado en las filas del chavismo en el último período.
La incursión del vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, ex dirigente sindical, ha acentuado la rivalidad por su pasado en las filas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), una de las líneas que dominan la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de la Ciudad, el Campo y el Mar.
En dos semanas, se han producido dos marchas hacia un mismo destino pero con diferentes actores. La primera de ellas convocada por la Federación Eléctrica Nacional (Fetraelec) y más de 30 sindicatos. La segunda por el Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico, con la participación del tren gerencial,  cuyas consignas fueron en contra de las “cúpulas sindicales”.
Ambas incluyeron entre sus objetivos entregar un plan integral para el mejoramiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a la Vicepresidencia de la República.
Pero dentro la confrontación resaltan las duras críticas esbozadas por Fetraelec contra quienes hoy dirigen Corpoelec, entre las que destacan  el “plan de exclusión, amedrentamiento y acoso a los trabajadores, así como destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”.

El secretario de asuntos internos de Fetraelec y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del estado Bolívar, Francisco Alarcón, ha denunciado que la intención de la directiva es sustituir a los sindicatos por una organización vertical que no se corresponde con el proyecto del control obrero.
En el documento entregado al vicepresidente Nicolás Maduro los trabajadores exponen la situación de la industria, remarcan las causas de la crisis eléctrica, subrayan la inestabilidad de las líneas de transmisión y la ausencia de un plan consensuado para salir del atolladero.
Fetraelec también destaca que el plan tarifario “razonable”, ejecutado tras el estudio de un equipo multidisciplinario, no trascendió.
La institución asegura que milita con la idea de  implantar un modelo de gestión socialista para fijar una gerencia y administración de la empresa colectiva, con la conformación de consejos de trabajadores.
Sin embargo, “las autoridades vienen desmontando lo que con grandes esfuerzos pudo avanzarse desde las bases de los trabajadores, como por ejemplo la definición de las unidades mínimas operacionales y, por el contrario, se están retomando los viejos esquemas regionales”.
Cuestionan a los consejo socialistas cuya línea vertical se impone, aplicando “persecución y hostigamiento a los trabajadores que osen  reclamar la aplicación del reglamento (…) se está potenciando un choque inminente y comienzan a manifestarse importantes elementos de esas dos visiones contrapuestas de cómo refundar el sector eléctrica”, alerta la federación de sindicatos eléctricos en el documento entregado a Maduro.

Dos líneas
Los cuestionamientos del sector sindical están basados en el poco avance que ha habido en la reorganización del sector eléctrico nacional, firmado en mayo de 2007 y que tenía como fin unificar e integrar las condiciones laborales de 14 empresas y 42 sindicatos exigentes.
Responsabilizan de esta situación, precisamente, a los sectores “enquistados” que este viernes se movilizaron en Caracas con Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico en contra de las “cúpulas sindicales”.
Pese a que ambos grupos coinciden en el planteamiento de que los trabajadores asuman la conducción de la industria, hay profundas divergencias en cómo se materializa la idea socialista.
La coordinadora nacional de igualdad de género de esta agrupación, Mercedes Gutiérrez, señaló a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) que este frente rechaza las cúpulas sindicales y apuestan por la integración de la fuerza laboral.
La clara división dentro de la industria obligó a la Vicepresidencia de la República a conformar un “equipo de trabajo permanente” con cuatro líneas estratégicas, divulgas este viernes por Maduro.
Entre tanto, la mayoría de las organizaciones agrupadas en Fetraelec están dispuestas a enfrentar cualquier modelo que pretenda convertirse en una figura de paralelismo sindical.
“No puede ser que intenten implantar un control obrero para enfrentar a los trabajadores, para entregar las conquistas, porque si es así yo me quedo entonces con el viejo modelo que me establece la constitución que es la participación a través de las organizaciones sindicales. Ese es el debate que tiene que darse, pero no por la imposición”, declaró el dirigente de Suteeb, Francisco Alarcón. 

Sistema eléctrico Nacional (SEN), según Fetraelec:
* Inestabilidad: Capacidad instalada 23.554 sólo es posible generar el 36% y el eje norte costero requiere de  la importación de energía desde Guayana de no menos de 8.400 Mw, observamos que se ve limitada por el facto de inestabilidad de transferencia de carga que sólo le permite exportar 7.400 Mw.

* Transmisión: el 78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior al 55% (22% con factor de utilización superior al 80%) que indica pérdida de capacidad firme disponible de energía, condición esta, que restringe la posibilidad de hacer mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio.

* Distribución: De las 402 subestaciones de distribución, el 32% (127) exceden su vida útil (35 años). Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como círculo vicioso, genera interrupciones cada vez más frecuentes.

* Pérdidas de energía: Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor (pagan por estimados), una gran cantidad ejecuta normas clandestinas o intervienen medidores de manera fraudulentas.

39 horas/año es el indicador de tiempo total de interrupciones (TTI); el indicador latinoamericano es de 6 horas/año
7.500 millones de bolívares eran las cuentas por obrar en Corpoelec al cerrar el 2011.
12.000 mw nuevos se requieren para los 3 millones de viviendas que aspira construir el Gobierno con la Gran Misión Vivienda y se requerían 20 millones de dólares en inversión.
40% de retraso tienen los proyectos nuevos de generación donde se estima incorporar 5.629 Mw al sistema
1.500 trabajadores, según Fetraelec, deberían estar capacitándose para la nueva infraestructura eléctrica.

Fuente:  Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com


domingo, 4 de noviembre de 2012

Conclusiones y Recomendaciones de la OEA (Elecciones Presidenciales 2006 en Venezuela)

CONCLUSIONES Y RECOMDACIONES:

La MOE/OEA constató los avances del sistema electoral venezolano. Asimismo, con el objetivo de fortalecer el sistema y el proceso eleccionario de Venezuela, la Misión de la OEA presenta una serie de recomendaciones. Estas se formulan en cumplimiento de los compromisos a los que obligan las Normas sobre el Régimen de la Observación Electoral Internacional en la Elección Presidencial de 2006, dictadas por el CNE el 5 de octubre de 2006 y por Acuerdo relativo a los Privilegios e Inmunidades de los Observadores firmado con el gobierno, así como el Acuerdo de Procedimientos de la Observación firmado con el CNE. Los siguientes comentarios y sugerencias se basan en los informes preliminares de la Misión y en las observaciones y análisis presentados en páginas anteriores.

A) ASPECTOS LEGALES:
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La Misión pudo observar que, desde las elecciones de 2005, el marco regulatorio ha mejorado en varios aspectos. En tal sentido, quizá la más relevante conclusión y recomendación en materia legal, es la urgente necesidad de tener un marco jurídico unificado, coherente, de fácil y oportuna aplicación, dotado de mecanismos que garanticen su cumplimiento por parte de los organismos correspondientes y de los normados, con lo que se generaría un clima de confianza y tranquilidad entre todos los actores del proceso electoral en sus diferentes etapas. La actual normativa electoral de la República Bolivariana de Venezuela, no coincide en muchos aspectos con los cambios institucionales y el avance tecnológico del sistema electoral. En este sentido, la Misión considera oportuno desarrollar los principios constitucionales referidos al régimen electoral, mediante la expedición de una ley que recoja las normas existentes y la actualice y complemente para tener una legislación clara y expedita en materia electoral. Para ello, se considera que la manera de implementar esta recomendación sería rescatando de la legislación vigente lo que sea aplicable a la actualidad y refundirlo con nuevas normas en un código electoral único, que involucre de manera sistemática los diferentes aspectos del proceso electoral y los temas conexos, incluyendo el control de actividades, la regulación de las organizaciones con fines políticos, la propaganda electoral, el financiamiento de partidos políticos y de campañas electorales redactado con una buena técnica jurídica, buscando que este sea lo más claro posible, sin dejar lugar a vacíos o situaciones que generen un limbo jurídico.

La Misión entiende que cada elección tiene características particulares y por ello considera conveniente que el CNE conserve la facultad de reglamentar asuntos meramente procedimentales para cada elección, tales como el cronograma electoral, la reubicación de centros de votación o mesas de votación en caso de ser necesario, composición de órganos electorales transitorios para desempeñar funciones electorales (miembros de mesa, operadores, coordinadores de centro de votación). Estas reglamentaciones deben ser difundidas con la antelación que determine la ley y tengan amplia difusión para que los actores del proceso las conozcan con la debida anticipación y sean aplicables de manera justa y uniforme.
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En cuanto a los reglamentos sobre los procedimientos que decrete el CNE para cada elección, la Misión considera que deberían ser expedidos previa concertación, opinión o intervención en su elaboración por parte de las organizaciones políticas, pues estos van a normar el proceso en la cual ellas van a participar.

B) CAMPAÑAS ELECTORALES Y FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS:
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La Misión observó falta de credibilidad y confianza entre los distintos sectores políticos del país, lo cual debilitó la presencia de los partidos. Por lo tanto, la MOE/OEA considera oportuna la promoción de un programa de fortalecimiento de los partidos políticos y de concertación nacional.
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La Misión entiende que el marco jurídico para el financiamiento de las campañas electorales debe ser revisado, ya que la tendencia en la mayoría de democracias es que el Estado participe financiando estos aspectos, ya sea de manera directa, indirecta o mixta, pues esto permite tener mayor control sobre el dinero que ingresa a una campaña o a un partido político. Además, en cierta forma les da igualdad de condiciones en la participación en la vida política o en un proceso electoral en particular. La República Bolivariana de Venezuela cuenta con uno de los sistemas electorales más modernos del mundo, no obstante falta robustecer y mejorar los sistemas de control y fiscalización del financiamiento de agrupaciones con fines políticos y de campañas electorales, el cual está establecido mediante norma constitucional. Es así como la Misión recomienda revisar el marco legal en función de generar modificaciones que faciliten la auditoría de los fondos utilizados para las campañas electorales y de esta manera se refuerce la transparencia del sistema eliminado sospechas y/o suspicacias.
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En este sentido, es importante reglamentar el uso de recursos públicos y/o del Estado, de manera que se preserve el equilibrio y la igualdad de condiciones entre los participantes de un proceso electoral. La Misión también considera imperante que al reglamentar la aludida materia, se elabore una ley que cuente con los instrumentos necesarios y efectivos que hagan posible la aplicación de la misma, estableciendo sanciones que sean aplicadas dependiendo de la clase de delito.
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Dentro de la reforma y actualización a la normatividad electoral existente en la República Bolivariana de Venezuela es importante reglamentar lo referente a las campañas electorales, para que estas se puedan desarrollar con plenas garantías y la celebración del proceso propiamente dicho sea justo, libre y competitivo y la ciudadanía tenga una percepción clara y verdadera sobre las ofertas políticas,

evitando que su percepción sobre ellas sea distorsionada. En este campo sería importante reglamentar el acceso de los candidatos a los medios de comunicación para que los participantes en el debate electoral estén en igualdad de condiciones
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C) FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD ELECTORAL:
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Es de destacar que los miembros rectores del Consejo Supremo Electoral fueron designados por la Asamblea Nacional de la manera que lo dispone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela37. Con motivo del grado de estabilidad que adquirió el CNE con el nombramiento en propiedad de sus rectores, este organismo se ha puesto en la tarea de trabajar en su consolidación. Se considera oportuno que, en aras de consolidar la credibilidad de la autoridad electoral se mejore la comunicación con los representantes de las organizaciones políticas. Principalmente, en el tema de contestación de inquietudes o respuestas técnicas presentadas al CNE.

D) REGISTRO ELECTORAL PERMANENTE (REP):
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La Misión considera importante que se expida una ley que permita la unificación del Registro Civil de las Personas y al Registro Electoral Permanente (REP). De esta manera, se podría obtener un padrón electoral limpio y depurado, teniendo una mayor coordinación entre las instituciones involucradas en la formación de esos registros.

E) ORGANIZACIÓN Y LOGÍSTICA ELECTORAL:
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La Misión puede confirmar que, tanto en los centros de votación como los lugares centrales de totalización, hubo una presencia importante de testigos de los partidos políticos así como de observadores, lo que contribuyó a transparentar este proceso y brindar garantías acerca de la transmisión y totalización de los resultados.
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De las elecciones de 2005 a las de 2006, el CNE amplió el número de centros de votación. En 2005 se habían habilitado 9,387 centros de votación y para las elecciones de 2006 ya había 11,118, lo que facilita al ciudadano la participación en el proceso electoral. Igualmente, para 2006, la automatización del sistema alcanzó el 94.7% y el 5.7% restante, obedece en su mayoría a las mesas de votación instaladas en el exterior y a regiones inhóspitas donde se hace imposible la implementación del sistema automatizado.
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De lo observado el día de la votación y con el objetivo de mejorar la organización del proceso durante el acto de votación se sugiere que:

La autoridad electoral estipule y cumpla con claridad los horarios establecidos por la legislación sobre la apertura y cierre del centro electoral. También debería establecer cuál es el oficial responsable de esta función, evitando así confusiones y generando mayor transparencia en el recuento de votos. (Artículo 296 CRBV.)

Las fuerzas de seguridad eviten la exhibición de armamento ya que esto puede resultar amenazante o amedrentador para el público elector.

Realizar una renovación del parque de máquinas de votación envejecido debido a las fallas de algunas de máquinas. Unificar el modelo de las máquinas de votación y las impresoras para así minimizar las fallas y la paralización momentánea del proceso.
o
Socializar y familiarizar la tecnología utilizada en el proceso electoral mediante campañas masivas de educación al votante, las cuales podrían incluir pruebas prácticas en lugares públicos.
o
Reforzar la capacitación de los miembros de mesa, lo cual le permitiría una mejor capacidad de reacción y de toma de decisiones el día de la elección. Esto también le permitirá informar mejor al votante.
o
Diseñar una Boleta Electoral más clara para el votante para que este pueda diferenciar a su candidato o candidata del resto. Esto es importante sobre todo para aquellos que padecen algún tipo de discapacidad o limitación visual.
o
Incluir en la caja electoral juegos de boletas en físico para una rápida instrumentación de planes de contingencia en caso de fallas técnicas, especialmente en comunidades alejadas.
o
Tratar de evitar la frecuencia y “naturalización” de la figura del acompañante al momento de la emisión del voto y/o que se reglamente mejor y que estas disposiciones sean conocidas por todos.
o
Establecer procedimientos claramente definidos para la entrega a los Partidos Políticos de logs de base de datos, servidores de comunicación y resultados detallados acta por acta.
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La Misión considera que el Plan República logró realizar de manera efectiva sus labores de logística y generar condiciones de seguridad durante el desarrollo del proceso electoral, mediante un acompañamiento oportuno de custodiar, prestar seguridad y apoyo en el despliegue y repliegue del material electoral, así como preservar el orden público durante los comicios. No obstante, la Misión recomienda que los agentes que participan en dicho Plan se apeguen de manera estricta a la ley y al reglamento para que se prevenga la extralimitación de funciones, pues se observó que en algunas ocasiones estos tuvieron un protagonismo que no les correspondía, yendo más allá de su papel, incluso calcando y desempeñando tareas propias de los funcionarios electorales. Para ello, sería importante que dentro de las reformas al ordenamiento legal electoral se incluyeran de manera clara y precisa los parámetros con los cuales se debe organizar el plan de acompañamiento de las Fuerzas Militares en los procesos electorales, determinándose que su participación se debe limitar, a brindar los elementos de seguridad, custodia y prevención del mantenimiento del orden público, así como apoyo en el traslado del material electoral a las zonas vulnerables y de difícil acceso.

F) TECNOLOGÍA ELECTORAL:
Las auditorías que se hicieron a lo largo del proceso electoral a los diferentes componentes de la plataforma tecnológica del sistema electoral (máquinas, sistema de transmisión y sistema de totalización), contaron con la presencia de la mayoría de los técnicos de los candidatos participantes y de la sociedad civil, quienes avalaron los sistemas, generando un clima de confianza en este importante aspecto del proceso. Hay que anotar que el cronograma y la metodología de estas auditorías fue discutido previamente entre el CNE y los partidos políticos.
La MOE considera que una innovación tecnológica importante como la incorporación de máquinas capta-huellas al sistema electoral, requiere en el futuro y a la luz de la experiencia observada, de una mayor difusión hacia la opinión pública. Es importante que la ciudadanía conozca su verdadero alcance, a efectos de disipar suspicacias y temores de que se pudiese identificar la identidad del votante. En caso de entenderse apropiada su continuación, deberá encararse su extensión sistemática a todo el territorio nacional.
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Se estima oportuno que este esfuerzo por poblar la base de datos del Registro Electoral mediante el sistema de captahuellas, no se realice durante el día de la elección. Además, la Misión considera necesario realizar campañas de actualización de información permanentes en épocas no electorales.

G) TRÁMITE DE DENUNCIAS:
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Debido a que las normas en materia electoral se encuentran dispersas en diferentes leyes, resoluciones e instructivos, sería importante que al momento de unificar la legislación electoral, se incluyera un capítulo en el que se reglamente en forma clara y precisa lo relativo a quejas, denuncias, irregularidades y delitos electorales. De esta manera, se estaría dotando a ese ordenamiento con las herramientas necesarias para el cabal cumplimiento de esa reglamentación, previniendo y/o sancionando la comisión de alguna irregularidad en esa materia, tipificando la figuras delictivas electorales y exigiendo a las autoridades correspondientes la aplicación de las mismas, so pena de incurrir en omisión de funciones, evento que también debería contemplar una sanción ejemplar para forzar al funcionario a que aplique la ley en debida forma, evitando que cualquier irregularidad electoral quede impune.
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Se recomienda que, para cada proceso electoral, el CNE o la autoridad competente habilite una oficina de quejas y reclamos con un procedimiento claro y expedito. El objetivo de esta sugerencia es que quienes sientan que sus derechos electorales están siendo vulnerados tengan un canal de fácil acceso con la autoridad y que su denuncia y/o queja sea prontamente atendida y resuelta en el menor tiempo posible por funcionarios competentes e imparciales.