Se dieron a conocer los resultados del Índice de Presupuesto Abierto correspondientes al año 2012, que publica la Internacional Budget Partnership (IBP) bianualmente. El informe arroja que Venezuela obtuvo un puntaje de 37 puntos sobre 100, ubicándose debajo del promedio de 43 puntos del total de 100 países encuestados. Asimismo, es inferior a los puntajes de todos sus vecinos en la región, a excepción de Bolivia y Ecuador.
En el año 2010, Venezuela obtuvo 34
puntos en el estudio, que incluyó en esa oportunidad, a 95 países, dos
años más tarde muestra una mejoría de 3 puntos. Estos resultados indican
que el gobierno venezolano proporciona información mínima al público
sobre el presupuesto y las actividades financieras del gobierno nacional
durante el año presupuestario. Por ello, los ciudadanos se enfrentan
con el reto de responsabilizar al gobierno por la administración de los
fondos públicos.
Transparencia Venezuela participa en la
elaboración de este índice, respondiendo a la Encuesta de Presupuesto
Abierto, que contiene 125 preguntas de las cuales 95 son sobre la la
disponibilidad pública y la exhaustividad de los ocho documentos
presupuestarios clave que los gobiernos deberían publicar y las 30
preguntas restantes se relacionan con las oportunidades para la
participación ciudadana en el proceso presupuestario y con las funciones
que desempeñan las legislaturas y las entidades fiscalizadoras
superiores en la formulación y la vigilancia del presupuesto.
En
base a estos resultados la IBP realiza una serie recomendaciones al
Ejecutivo para mejorar su transparencia presupuestaria. Entre estas
medidas se encuentran: la elaboración y publicación de un presupuesto
ciudadano, los informes entregados durante el año y una revisión a mitad
de año, mejorar la calidad del informe de auditoría al incluir todos
los gastos, publicar los Informes de auditoría de fondos extra
presupuestarios.
En cuanto al papel de la Asamblea
Nacional, ésta debería realizar un debate formal sobre políticas
presupuestarias preliminares antes de que el Ejecutivo presente la
propuesta de presupuesto, debería tener autoridad plena para modificar
la propuesta de presupuesto del Ejecutivo y debería examinar todos los
informes de auditoría; el Ejecutivo debería realizar consultas con los
miembros de la legislatura como parte del proceso mediante el cual se
establecen las prioridades.
Finalmente, la IBP destaca la
importancia de la participación ciudadana en la elaboración del
presupuesto nacional, por lo que recomienda a Venezuela ampliar la
participación pública, ya que según los resultados, existen
oportunidades limitadas en el proceso presupuestario de Venezuela.
El Índice
El Índice de Presupuesto Abierto se
compone de puntuaciones parciales para cada uno de los ocho documentos
presupuestarios clave evaluados en la Encuesta de Presupuesto Abierto,
la cual usa criterios reconocidos internacionalmente a fin de otorgar a
cada país un puntaje de transparencia en una escala de 100 puntos,
denominada Índice de Presupuesto Abierto.
Para garantizar la comparabilidad de los
datos, se estableció un periodo de investigación claramente definido
(desde agosto hasta diciembre de 2011) y que fue el mismo para todos los
países evaluados. En la medida de lo posible, se reunieron y
presentaron evidencias documentales específicas, como citas de los
documentos presupuestarios disponibles, disposiciones legales o
entrevistas a funcionarios del gobierno u otros actores relevantes,
para respaldar cada una de las respuestas. La Encuesta no refleja la
opinión de los que la elaboran; mide hechos observables relacionados con
la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la
participación ciudadana.
Entre los puntajes más altos para la
edición 2012 se incluyen Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Noruega,
Brasil y Corea del Sur. Según el informe, 77 de los 100 países
evaluados, en los que habita la mitad de la población mundial, no
cumplen con los estándares básicos de transparencia. El documento
destaca la importancia del tema, dado que los presupuestos constituyen
la herramienta principal que utilizan los gobiernos para establecer
políticas, con el fin de recaudar e invertir fondos públicos destinados a
promover el desarrollo y cubrir las necesidades de los habitantes de
estos países.
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