La prisión es una medida que han diseñado las sociedades con el fin de tratar de rescatar la calidad humana de los delincuentes. Técnicamente existen varias calificaciones para las personas que son sometidas a la limitación de su libertad física. Se habla del detenido o arrestado, se menciona al procesado y se dice del condenado.
No somos ni queremos ser expertos ni nada que se le parezca, en estos temas de la privación de la libertad. Creemos que la libertad es, después de la vida y la salud, el derecho humano más preciado por el hombre.
Desafortunadamente, quienes transgreden las leyes de la sociedad, de manera grave, deben ser privados de su libertad física, pero ello debe ocurrir dentro de un marco de respeto a la condición de seres humanos que los delincuentes mantienen.
Las cárceles venezolanas y las de muchos países del globo, no cumplen con esta última condición.
Por medios de comunicación y muy especialmente por programas de radio, nos hemos enterado de los pormenores numéricos del conjunto de sitios de reclusión que existen en Venezuela.
Entendemos que en todo el país existen treinta y tres sitios que tienen la calificación de “cárceles”. Ellos están distribuidos en toda la República y fueron diseñados, al momento de construirlos o de adaptarlos para esos fines, para alojar a doce mil quinientos presos. Aquí ya encontramos la primera barbaridad. De acuerdo con lo que hemos escuchado desde la boca de un ministro del régimen, para el cierre de 2010 había en esas cárceles 44.520 ciudadanos, entre los que se encuentra un número muy importante de personas que están pendientes del proceso legal que determine si son culpables o inocentes.
No queremos imaginarnos cuales son las condiciones en las que se encuentra ese grupo muy numeroso de personas y cuales son los efectos de la mezcla que significa la convivencia entre condenados y procesados. Toda una, o treinta y tres mazmorras.
Tampoco queremos imaginarnos las condiciones de la salud (física y mental) de hombres y mujeres que están sometidos a un hacinamiento de casi cuatro personas en el espacio que se proyectó para alojar a una sola de ellas.
Pero, para no entrar en las partes técnicas que afortunadamente desconocemos, nos hemos enterado que para 2010, el presupuesto destinado a la alimentación de los presos de la República, era de catorce bolívares por cada preso para la elaboración de sus tres comidas, cantidad muy limitada, pero gravísima, cuando nos enteramos que eso era solo para los 12.500 confinados que contempló la teoría. Si establecemos la relación entre 12.500 y 42.520, la asignación diaria disminuye a la exigua cantidad de cuatro bolívares con una locha. Se imaginan que con eso no se puede servir, ni siquiera, bazofia.
El espacio y nuestra ignorancia nos impiden abordar otras vertientes del problema carcelario nacional.
No quisiéramos terminar estas líneas sin mencionar el tema de los presos políticos que constituyen una aberración de las actuaciones del régimen que nos acogota y descuaderna el país. Afortunadamente, la valentía de los estudiantes que realizaron una huelga de hambre que comprometió a más de ochenta jóvenes por veintitres días, ha puesto en primer plano de la discusión nacional este álgido y vergonzoso tema.
Quienes están detenidos no pueden permanecer en esa condición sino un tiempo mínimo, que está claramente establecido en las leyes. Quienes están procesados necesitan, merecen y exigen una justicia que justifique ese nombre y que sea imparcial y oportuna. Y quienes están condenados deben tener centros de reclusión en los que se pueda lograr, no solo su castigo, sino la posibilidad de aprender los temas que permitirán, Dios mediante, su reinserción en la sociedad. Creemos que en esta materia, los gobiernos y la sociedad estamos “raspados”.
Caracas, 23 de febrero de 2011.
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