Robin Hood en América Latina

La apuesta por políticas sociales segmentadas, en lugar de reducir, ayudan a reproducir la fuerte fractura social en la región. El verdadero reto de la izquierda reformista es optar por políticas que sean universalistas. La izquierda moderada de América Latina está de moda. En lo que llevamos de siglo hemos oído innumerables alabanzas al Chile de Bachelet, al Uruguay de Mujica o al Brasil de Lula y Rousseff por parte de un gran número de analistas internacionales, incluyendo voces tan liberales como las de Vargas Llosa o el semanario The Economist. Como colofón, este último ha declarado a Uruguay país del año, para regocijo del primero —que escribió El ejemplo uruguayo(EL PAÍS, 29-12-13), elogiando las reformas emprendidas por el “simpático estadista” Mujica, que “vive muy modestamente”. Y es que, con razón, los apologetas de esta izquierda “inteligente” contraponen sus buenos resultados —en libertades civiles, crecimiento económico y eliminación de la pobreza— al desastroso socialismo bolivariano. Sin embargo, esta comparación entre las izquierdas latinoamericanas tan subrayada en los medios es del todo insuficiente, sobre todo si tenemos en cuenta el nivel de desarrollo de la región en el año 2014. Deberíamos comparar los progresos de la izquierda latinoamericana con aquellos de la izquierda reformista que universalizó los Estados de bienestar en Europa durante el siglo XX —desde Suecia en los treinta, dando lugar al modelo paradigmático, a España en los ochenta, dando lugar a una versión más edulcorada (y que parece difuminarse en la actualidad a pasos agigantados)—. La clave de esta izquierda reformista europea —en contraste con experiencias previas, como la torpe izquierda de nuestra República, o con la izquierda dominante en el continente americano (de EE UU hacia abajo)— fue romper con la concepción del Estado que, histórica e intuitivamente, ha tenido el pensamiento progresista: el Estado como una especie de Robin Hood cuya función sería quitar a los ricos para dárselo a los pobres. Obviamente, la izquierda tradicional ha planteado variantes muy distintas de Robin Hoods: desde un Estado “bolcheviquizado” (o bolivariano) que asalta a los capitalistas violando las reglas del Estado de derecho a otro que transfiere dinero, o cartillas de alimentos, a los más desfavorecidos con la aquiescencia del sheriff de Nottingham. El segundo Robin Hood es mucho mejor que el primero en todos los sentidos, pero ni uno ni otro representan una garantía para crear una sociedad equitativa a largo plazo, algo que podemos ver en América Latina. Como un reciente informe del Banco Mundial muestra, a pesar de que la población latinoamericana viviendo debajo del umbral de la pobreza extrema ha descendido a la mitad en las dos últimas décadas (gracias al fuerte crecimiento económico y los programas sociales puestos en marcha), la desigualdad económica continúa en niveles altísimos. Una primera razón es que la izquierda moderada latinoamericana gobierna Estados con una capacidad recaudatoria muy pequeña. Eso sí, como las pequeñas bolsas recolectadas por estos amables Robin Hoods son redistribuidas inteligentemente entre los más desfavorecidos (y algunos grupos electoralmente estratégicos), son suficientes para apuntalar en el poder a Gobiernos de izquierda. A pesar de los programas sociales, la desigualdad económica continúa en niveles altísimos En segundo lugar, hay dudas sobre la efectividad a largo plazo de sus políticas contra la exclusión social. Fijémonos en los resultados del programa más ensalzado —las transferencias condicionadas a cambio, por ejemplo, de que los niños pasen revisiones médicas y vayan a la escuela (unos programas que cubren, en distintas versiones, a más de 113 millones de latinoamericanos)— en el país más ensalzado (Uruguay). A pesar de obvios beneficios inmediatos en términos de reducción de la pobreza, estas transferencias han generado incentivos perversos. Por ejemplo, el niño se registra en la escuela, pero no atiende a clase. Las transferencias tampoco enfrentan las causas de fondo de la desigualdad, como una alarmante tasa de abandono escolar (que se traduce en que un 70,8% de los uruguayos buscan su primer empleo solo con educación primaria), una fuerte segmentación del mercado laboral o una segregación urbana que separa a las clases sociales en barrios distintivos que, a su vez, también tienen escuelas que ofrecen unas oportunidades de aprendizaje muy diferentes. Aquí radica un problema esencial de estas políticas tan extendidas. Actúan sobre la demanda de la educación, dando incentivos económicos a los padres; a expensas, porque los recursos son siempre limitados, de la oferta educativa. Es decir, de dotar al país de unas escuelas públicas de la máxima calidad para todos, que es lo que, a la postre, puede romper la intensa transmisión generacional de la pobreza que sufre la región. A nivel general, las investigaciones de científicos sociales como Bo Rothstein han mostrado los efectos contraproducentes e inintencionados que tienen las políticas sociales condicionadas a las necesidades individuales: los que reciben las ayudas quedan estigmatizados (y eso puede afectar a su posterior integración social); los que no las reciben por poco, se enojan (o bien recurren al fraude para “colarse” entre los beneficiarios. Es importante subrayar que la corrupción puede ser un efecto lateral de programas sociales selectivos); y los que nos las reciben por mucho se dejan convencer fácilmente por demagogos de que ayudar a los otros equivale a malgastar. Además, todos pierden confianza social, que es el pegamento, delicado e imprescindible, que mantiene una sociedad cohesionada. Como resultado, los ciudadanos no se sienten partícipes de un proyecto común, sino identificados con su grupo social más cercano. Esto es lo que tememos que está pasando en América Latina: una apuesta por políticas sociales segmentadas que, en lugar de reducir, ayudan a reproducir la fuerte segmentación social en la región. Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Una izquierda más revolucionaria? El ideal podríamos decir que es el de los mosqueteros: uno para todos y todos para uno Desde luego que no. Garantizar una verdadera igualdad de oportunidades solo es posible con una izquierda reformista que, reprimiendo la tentación de Robin Hood (que es muy atractiva), opte por políticas verdaderamente universalistas. Una educación, sanidad, políticas de ayuda a la familia y demás que alcance a todos, o la inmensa mayoría de la ciudadanía. Si las políticas están basadas en la concepción de que distintos ciudadanos comparten un mismo destino, generaremos cohesión social. En lugar del ideal de Robin Hood (que antepone la justicia distributiva a otras consideraciones), el ideal de esta izquierda reformista podríamos decir que es el de los mosqueteros (o sea, dar preferencia a la solidaridad social): el uno para todos y todos para uno. La izquierda reformista europea aprendió que renunciar a una redistribución directa (impuestos a los ricos y gasto social para los pobres) hoy puede facilitar una redistribución más sostenible mañana, porque el pastel de lo público crece. Es más fácil inducir a las clases medias-altas a pagar impuestos elevados —y a que se impliquen en la incesante y ardua tarea de mejorar la eficiencia de los servicios públicos— cuando estas se benefician también de las políticas sociales. Sin embargo, el electoralismo de la izquierda en América Latina impide el desarrollo de este tipo de políticas universalistas. Por ejemplo, cuando el recientemente elegido Frente Amplio uruguayo discutía en 2007 el diseño de su Plan de Equidad, unos cuantos “mosqueteros” propusieron aumentar el número de beneficiarios para más tarde universalizar el programa y así asegurar la financiación del mismo a través de impuestos de todos los uruguayos. Pero fueron derrotados por aquellos “Robin Hoods” que preferían unos fondos más generosos para los más necesitados. Fue una decisión comprensible presupuestariamente (es difícil defender transferencias a los ricos en tiempos de crisis) y políticamente (como alguno comentaba, “¿dónde estaban las clases medias durante la dictadura?”). Pero con efectos dudosos sobre sobre la exclusión social a largo plazo. El atractivo mediático de los Lula, Rousseff, Bachelet y Mujica es mayor que el de los seguramente más aburridos arquitectos históricos de los Estados de bienestar europeos que hoy consideramos emblemáticos. Pero hay que preguntarse si sus políticas sociales no están tan repletas de gestos simbólicos como sus comportamientos individuales. Debemos exigirles más. El dominio de los Robin Hoods no es solo un problema latinoamericano. Tanto allí como en el resto del mundo la nueva izquierda que parece emerger de esta crisis económica enfatiza de forma rabiosa la justicia distributiva —pensemos en el ubicuo lema “somos el 99%”— por encima del ideal de solidaridad social. Necesitamos con urgencia el retorno de los mosqueteros, porque, para construir sociedades equitativas, no bastan con políticas para el 51% ni para el 99%, sino que se requieren políticas para todos. Víctor Lapuente Giné es profesor en la Universidad de Gotemburgo y Johan Sandberg es doctorando en la Universidad de Lund.

Upata unida contra la inseguridad

A las 9:30 de la mañana partió la marcha desde El Obelisco, donde comerciantes, estudiantes, amas de casa, trabajadores, transportistas entre otros con camisas blancas, pronunciaban consignas como Upata unida jamás será vencida, No más asesinatos, Queremos seguridad, Exigimos justicia. Los marchantes caminaron hasta la plaza Miranda al frente del Hotel Andrea, anhelando volver a la Upata de la tranquilidad, la ciudad dormitorio, de cordialidad y respeto. Octavio Malavé señaló que en el municipio Piar nadie está exento de ser víctima del hampa y lo ocurrido con Aleida Sánchez, que aún después de entregar las llaves del vehículo como exigencia de sus victimarios le dispararon, lo que demuestra una gran descomposición social. Genaro Mosquera llamó a la unidad de todo el pueblo piarense a entre todos asumir la gravedad del problema de la inseguridad y mancomunar esfuerzos para superarlo. “La solución es posible solamente hace falta voluntad política y aplicar muchas estrategias. La próxima gestión gane quien gane la Alcaldía el próximo 8 de diciembre debe enfocarse y sembrar la semilla que se va a cosechar a mediano plazo de un municipio tranquilo”, aseveró. El comerciante Angolino Di Scipio, con 58 años en Upata, consideró que hay que girar la mirada a Dios, elevar una oración por la paz, el encuentro, la tolerancia y la unión no solamente de Upata, sino de toda Venezuela. Convocatoria contra la inseguridad “El paro cívico ha sido un éxito”, expresó el presidente de la Cámara de Comercio del municipio Piar, Jony Houda, a las 9:00 de la mañana luego de cumplirse las primeras tres horas de las 12 previstas en rechazo a los altos niveles de inseguridad que vive la Villa del Yocoima, y con el objetivo de exhortar a las autoridades a tomar acciones inmediatas. Al cese de actividades se sumaron instituciones públicas como: La Alcaldía de Piar, Concejo Municipal, Registro Civil, Saime, ambulatorios del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, Ipasme, entidades bancarias privadas -las públicas trabajaron con normalidad- el transporte urbano, rural y escolar; las escuelas y liceos permanecieron abiertas sin embargo la asistencia de los estudiantes fue muy baja. Houda dijo que en 100 por ciento se contabilizó el cierre de los establecimientos comerciales algo que no había ocurrido en otras convocatorias lo que a su juicio deja en evidencia la preocupación por lo que ha venido ocurriendo. “En este año en el municipio Piar, van más de 40 muertos en hechos violentos y sin contabilizar la gran cantidad de atracos, robos, vejaciones y asaltos a viviendas, esto nadie lo puede aguantar por eso Upata, es referencia nacional al paralizar sus actividades en contra de la inseguridad, no más muertos, queremos vivir en paz”, sostuvo. El vocero del comando unificado del transporte José Quiroz agregó que más de 15 líneas se sumaron al paro ya que este sector no escapa de este flagelo donde ahora los delincuentes no se conforman con el dinero del trabajo diario sino despojan a los choferes de los vehículos. Sin confrontación Aclaró que no se busca ninguna confrontación con el ministro de Interior y Justicia, el gobernador y el alcalde del municipio por el contrario lo que se busca es darles a entender que el municipio Piar amerita ser atendido en seguridad, que el plan Patria Segura sea una de las alternativas a considerar y que los crímenes no queden impunes. “Ministro, gobernador: el municipio Piar tiene una inseguridad altísima algo diferente a las estadísticas que ustedes manejan porque de 10 robos que ocurren uno solo se denuncia. También falta confianza en los cuerpos de seguridad”, destacó. Poco presupuesto El secretario de seguridad Ciudadana de la Gobernación y comandante general de la policía del estado, general Julio César Fuentes Manzulli, estuvo presente en una reunión realizada la noche del martes y se comprometió a presentar el próximo martes una serie de propuestas, que serán evaluadas con el gobernador Francisco Rangel Gómez. En ese mismo encuentro el alcalde Gustavo Muñiz manifestó que no cuenta con presupuesto para emprender una mejor gestión para la seguridad. Dijo que la policía municipal solo cuenta con una patrulla y seis motocicletas para atender a Upata, El Pao y El Manteco. Anunció la inclusión de 10 funcionarios al componente a partir del 1 de noviembre.

73 % de los venezolanos están dispuestos a denunciar hechos de corrupción

El 23% de las personas consultadas que no reportaría un hecho de corrupción argumenta, en su mayoría, temor por las consecuencias que esto podría traer. En los resultados obtenidos por el Barómetro Global de la Corrupción de Transparency International, lanzado este martes, se pudo conocer que el 65 por ciento de los venezolanos encuestados cree que la corrupción se incrementó en el país durante los últimos dos años, sin embargo el 73 % de las personas manifiesta que está dispuesta a denunciar. De este número, la mayoría asevera que lo haría ante líneas de atención de los organismos del Estado (43%), en los medios de comunicación (26%) y directamente en la institución (23%).El 23% restante que no reportaría un hecho de corrupción argumenta, en su mayoría, temor por las consecuencias que esto podría traer. La institución percibida en Venezuela como más corrupta es la policía con una apreciación de 4,4 puntos de 5, siendo 5 la calificación para “extremadamente corrupta”, seguido por los empleados públicos y los partidos políticos. El 57% de la muestra asegura haber pagado sobornos al cuerpo de seguridad y el 48% en registros y notarías. Según la encuesta de Transparency International aplicada en 107 países, los venezolanos señalan que pagan sobornos en su mayoría para agilizar los trámites (51%) o porque es la única manera de obtener el servicio (32%). En el instrumento, cuya información se recabó entre septiembre de 2012 y marzo de 2013, el 57% de los venezolanos consultados considera que las medidas implementadas por el Gobierno para la lucha contra la corrupción han sido inefectivas. Sobre la relación entre los venezolanos y los operadores de servicios públicos, el 27% de los encuestados afirmó haber pagado soborno a alguna de estas instituciones. Otras acciones de la ciudadanía El 88% de los venezolanos entrevistados están dispuestos a contribuir en la lucha contra la corrupción, cuando se les consultó de qué manera, el 78% aseguró estar dispuesto a suscribir peticiones a los gobernantes, seguido por el activismo en las redes sociales (67%) y realizar protestas pacíficas contra la corrupción (59%). El Barómetro El Barómetro Global de la Corrupción 2013 se basa en una encuesta realizada a 114.000 personas en 107 países y muestra que la corrupción es un fenómeno extendido. El Barómetro es una encuesta de opinión pública que permite conocer las perspectivas del público en general sobre la corrupción y el impacto que esta tiene en sus vidas, incluida las experiencias personales de soborno. Se diferencia del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) en que éste se basa en la opinión de expertos.

Cuba: La triste realidad del cubano de a pie. (Documental completo)

América Latina, el nuevo campo de batalla económico entre China y EE UU

* El gigante asiático se convertirá en 2015 en el segundo máximo inversor en la región. * Su influencia en percibida de manera más positiva que la del vecino del norte. La estabilidad democrática y la prosperidad económica de América Latina en las dos últimas décadas han permitido que deje de ser considerada el “patio trasero” de Estados Unidos. Buena parte de esa pujanza económica se debe a la creciente presencia comercial de China en los países de la zona. El paulatino empuje del gigante asiático en la región puede amenazar la relación de privilegio que todavía mantiene Estados Unidos con sus vecinos del sur, que, de momento, sólo parece preocupado por el esa expansión comercial no pase las fronteras políticas. “La creciente economía del país asiático le obliga a buscar nuevos mercados, una necesidad que también comparte América Latina por los mismos motivos. Eso es bueno para la región y, por tanto, también es bueno para EE UU”, explica Daniel P. Erikson, asesor de la Oficina para Occidente del Departamento de Estado. La Comisión Económica Para Latinoamérica y el Caribe (CEPAL) estima que en 2015, China sustituirá a la Unión Europea como segundo principal inversor en América Latina, por detrás de EE UU. La fortaleza económica de China ha tenido un profundo impacto en los países de la región. El país asiático es el principal socio comercial de Brasil, Chile y Perú y el segundo destino de las exportaciones de Argentina, Costa Rica y Cuba, según CEPAL. La creciente economía del país asiático le obliga a buscar nuevos mercados, una necesidad que también comparte América Latina por los mismos motivos" China no sólo está recortando el protagonismo económico de EE UU en el hemisferio sur del continente americano -ha pasado de capitalizar el 4% del intercambio comercial a ser el principal socio de muchos de sus países-, también está ganando la batalla de la percepción de su peso en la región. Según un estudio del Barómetro de las Américas, elaborado por la Universidad de Vanderbilt y el Proyecto de Opinión Pública de América Latina, el 68,2% de los ciudadanos de América Latina y el Caribe, considera que la influencia del gigante asiático en la zona es positiva, mientras que sólo el 62,2% opina lo mismo del ascendiente estadounidense. Uno de cada cinco consultados cree, además, que China ya es el país más influyente, por delante de Japón, India y EE UU. Liu Kang, profesor de Estudios Culturales Chinos del Departamento de Estudios Asiáticos y director del Centro de Investigación sobre China de la Universidad de Duke, justifica esa impresión positiva en “la diplomacia pragmática” que ha optado por desarrollar en la región el Gobierno chino. “La inversión de China en América Latina no está basada en la ideología, esta política de no intervención se ha demostrado mucho más eficaz que la desarrollada en Oriente Medio o en África, que ha suscitado mucha más controversia”. Kang resalta, como ejemplo de esa falta de implicación política, que sus relaciones comerciales ya no se supeditan al reconocimiento a Taiwán por parte de algunos países de la región. La estadística ayuda a ilustrar el impacto transformador de la presencia china en América Latina. De acuerdo con el Ministerio de Comercio Chino, la región es el segundo mayor destino inversor del país, tras Asia. En 2000, Pekín invirtió 10.000 millones de dólares en la región, en 2009 eran 100.000 millones y dos años después, en 2011, superaba los 245.000 millones, de acuerdo con el Centro Woodrow Wilson. Esa inversión fue determinante para que América Latina soslayara el impacto de la recesión económica de 2009 -Ese a año las exportaciones de América Latina a EE UU y Europa disminuyeron el 26 y el 28% respectivamente, las que tenían como destino China, se incrementaron en un 5%-. Uno de cada cinco consultados cree, además, que China ya es el país más influyente, por delante de Japón, India y EEUU. EEUU también aborda de manera empírica el peso creciente de China en el continente Americano. Washington, no obstante, alerta sobre las prácticas comerciales de China, las condiciones de su mercado laboral -con una mano de obra más barata que permite rebajar los costes de producción- y la falta de garantías hacia los derechos humanos, como factores que favorecen la relación comercial de los países emergentes de la región con EE UU, por su afinidad político-económica, que con Pekin. Esta línea de pensamiento podría explicar por qué Brasil, Chile, Argentina o México son los países que, pese a tener a China como uno de sus principales socios económicos, tienen una visión más negativa de su influencia, de acuerdo con el Barómetro de las Américas. Del mismo modo, pese al inapelable éxito del modelo económico chino, el 27,5% de los consultados prefiere el sistema estadounidense, frente al 16,3% que se decanta por el chino, seguidos del japonés (12,4%), brasileño (7%), venezolano (2,1%) y mexicano (1,7%). Otro de los problemas que se plantean a medio plazo es la posible competencia entre China y los países emergentes de América Latina, como Brasil o México. De hecho, en ambos Estados ya se han empezado a sentir las consecuencias de la inevitable rivalidad derivada de sus respectivas pujanzas económicas. Mauricio Mosquita Moreira, economista del Banco Interamericano de Desarrollo, aseguró en 2011 que China era la “principal amenaza” para la expansión industrial de Brasil, ya que ambos países producen bienes similares. La diferencia entre las políticas laborales y el respecto al medioambiente de determinadas empresas chinas instaladas en la región también han provocado fricciones con algunos Gobiernos americanos. La inversión de China en América Latina no está basada en la ideología, esta política de no intervención se ha demostrado mucho más eficaz que la desarrollada en Oriente Medio o en África, que ha suscitado mucha más controversia" La relación con México es sintomática de la creciente rivalidad económica entre ambos países. China se ha convertido en uno de los principales competidores de México en el mercado estadounidense. En 1980, el Gobierno mexicano comenzó a adoptar medidas protectoras en respuesta a la proliferación de productos chinos de bajo coste dentro de sus fronteras. La reestructuración del mercado laboral chino, que ha acordado una subida salarial a los trabajadores, ha permitido el renacimiento de la industria automovilística y aeronáutica mexicana, en competencia directa con la china. Pese a todo, la postura de México debe ser cauta, ya que los productos que exporta tienen una alta dependencia de las importaciones chinas. La dependencia de la economía de América Latina de China es importante, por cada 1% que crece el PIB en el país asiático, crece un 0,4% el de la región; por cada 10% que crece China, aumentan las exportaciones de América Latina a ese país, en un 25%. La presencia del gigante asiático en el hemisferio Sur americano ha servido garantizar la estabilidad económica de la región. Aunque EE UU vigila que esa influencia no traspase las fronteras de la política, de momento, parece aceptar la expansión comercial. Desde 2006, ambos países mantienen un diálogo periódico para intercambiar ideas sobre la región. Desde que Barack Obama está en la Casa Blanca ese fórum se reunión en 2010 y 2012 y está prevista otra reunión a finales de este año. La existencia de la Alianza Transpacífica (TPP), de la que forman parte Chile, EE UU, Perú o México -China no-, o la Alianza de Pacífico, integrada por México, Chile, Colombia y Perú, como miembros plenos -ni China ni EE UU forman parte- da una idea de la importancia que América Latina da a las relaciones comerciales con el Pacífico Sur. Diario El País de España.

Venezuela obtiene 37 puntos de 100 en Índice de Presupuesto Abierto

El informe internacional elaborado por la Internacional Budget Partnership (IBP), mide la transparencia y calidad de los presupuestos cada dos años y se elabora sobre la base de 100 puntos: a mayor puntaje, mejor y más participativo el proceso presupuestario.

Se dieron a conocer los resultados del Índice de Presupuesto Abierto correspondientes al año 2012, que publica la Internacional Budget Partnership (IBP) bianualmente. El informe arroja que Venezuela obtuvo un puntaje de 37 puntos sobre 100, ubicándose debajo del promedio de 43 puntos del total de 100 países encuestados. Asimismo, es inferior a los puntajes de todos sus vecinos en la región, a excepción de Bolivia y Ecuador.

En el año 2010, Venezuela obtuvo 34 puntos en el estudio, que incluyó en esa oportunidad, a 95 países, dos años más tarde muestra una mejoría de 3 puntos. Estos resultados indican que el gobierno venezolano proporciona información mínima al público sobre el presupuesto y las actividades financieras del gobierno nacional durante el año presupuestario. Por ello, los ciudadanos se enfrentan con el reto de responsabilizar al gobierno por la administración de los fondos públicos.

Transparencia Venezuela participa en la elaboración de este índice, respondiendo a la Encuesta de Presupuesto Abierto, que contiene 125 preguntas de las cuales 95 son sobre la la disponibilidad pública y la exhaustividad de los ocho documentos presupuestarios clave que los gobiernos deberían publicar y las 30 preguntas restantes se relacionan con las oportunidades para la participación ciudadana en el proceso presupuestario y con las funciones que desempeñan las legislaturas y las entidades fiscalizadoras superiores en la formulación y la vigilancia del presupuesto.

En base a estos resultados la IBP realiza una serie recomendaciones al Ejecutivo para mejorar su transparencia presupuestaria. Entre estas medidas se encuentran: la elaboración y publicación de un presupuesto ciudadano, los informes entregados durante el año y una revisión a mitad de año, mejorar la calidad del informe de auditoría al incluir todos los gastos, publicar los Informes de auditoría de fondos extra presupuestarios.

En cuanto al papel de la Asamblea Nacional, ésta debería realizar un debate formal sobre políticas presupuestarias preliminares antes de que el Ejecutivo presente la propuesta de presupuesto, debería tener autoridad plena para modificar la propuesta de presupuesto del Ejecutivo y debería examinar todos los informes de auditoría; el Ejecutivo debería realizar consultas con los miembros de la legislatura como parte del proceso mediante el cual se establecen las prioridades.

Finalmente, la IBP destaca la importancia de la participación ciudadana en la elaboración del presupuesto nacional, por lo que recomienda a Venezuela ampliar la participación pública, ya que según los resultados, existen oportunidades limitadas en el proceso presupuestario de Venezuela.

El Índice

El Índice de Presupuesto Abierto se compone de puntuaciones parciales para cada uno de los ocho documentos presupuestarios clave evaluados en la Encuesta de Presupuesto Abierto, la cual usa criterios reconocidos internacionalmente a fin de otorgar a cada país un puntaje de transparencia en una escala de 100 puntos, denominada Índice de Presupuesto Abierto.

Para garantizar la comparabilidad de los datos, se estableció un periodo de investigación claramente definido (desde agosto hasta diciembre de 2011) y que fue el mismo para todos los países evaluados. En la medida de lo posible, se reunieron y presentaron evidencias documentales específicas, como citas de los documentos presupuestarios disponibles, disposiciones legales o entrevistas a funcionarios del gobierno u otros actores relevantes, para respaldar cada una de las respuestas. La Encuesta no refleja la opinión de los que la elaboran; mide hechos observables relacionados con la transparencia presupuestaria, la rendición de cuentas y la participación ciudadana.

Entre los puntajes más altos para la edición 2012 se incluyen Nueva Zelanda, Sudáfrica, Reino Unido, Noruega, Brasil y Corea del Sur. Según el informe, 77 de los 100 países evaluados, en los que habita la mitad de la población mundial, no cumplen con los estándares básicos de transparencia. El documento destaca la importancia del tema, dado que los presupuestos constituyen la herramienta principal que utilizan los gobiernos para establecer políticas, con el fin de recaudar e invertir fondos públicos destinados a promover el desarrollo y cubrir las necesidades de los habitantes de estos países.

Informe Completo: http://transparencia.org.ve/wp-content/uploads/2013/01/OBI2012-VenezuelaCS-Spanish.pdf

Transparencia Venezuela: La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el gobierno

Por cuarto año consecutivo la Organización No Gubernamental presenta al país el análisis del Proyecto de Presupuesto para la nación. Este sábado su Directora Ejecutiva Mercedes De Freitas, dio a conocer a los medios de comunicación el trabajo correspondiente al Proyecto de Ley de Presupuesto para el ejercicio fiscal 2013.

De dicho ejercicio resaltan las siguientes preocupaciones:

Dinero para Poderes Públicos

• El Ejecutivo maneja directamente el 75% del presupuesto + los fondos paralelos + las contribuciones especiales + el FCI para Poder Popular
• Se mantiene el  descenso de recursos para alcaldías y gobernaciones a través de subestimación de los ingresos.
• El presupuesto para órganos de control no llega al 1%

Seguridad no es un problema

• La seguridad de los venezolanos no es prioridad para el Gobierno. Menos dinero para seguridad interna, más dinero para defensa nacional. US$ 16.000 para compra de armamento.
• Menos policías más militares
• A la lucha contra la delincuencia organizada se le asignó Bs.2 millones. Una burla.

Sin dinero para elecciones ni aumento de sueldos

• Para las elecciones de abril se asignan Bs. 93 Millones. Las Elecciones presidenciales 2012 costaron 2.933 Millones. El aumento de sueldos tampoco está.

Discrecionalidad y arbitrariedad caracterizan el proyecto de presupuesto 2013

• Presupuesto es deficitario en 32%
• El barril a $55 mantendrá el uso de gigantescos recurso paralelos sin control. En 2012 solo al FONDEN entró  US$18.447 Millones
• La subestimación del gasto para el Ejecutivo no es indicativo de política de austeridad, sino anticipo de gestión financiera sin planificación real, basada en créditos adicionales a discreción
• El análisis de presupuesto confirma que no están planteadas soluciones a los problemas del país, el presupuesto no indica que se están priorizando los problemas del país. Ley de presupuesto no es real, es cumplir muy mal un requisito formal. Venezuela no tiene planificación presupuestaria
• El peso del ingreso petrolero es cada vez más bajo en el presupuesto

Pugnas en Corpoelec develan retrocesos en sector eléctrico

Dos visiones del socialismo. Dos grupos del oficialismo chocan por el control de la industria eléctrica. Luego de la reelección del presidente Hugo Chávez las diferencias ya no se guardan. Y entre las estrategias políticas de uno u otro grupo se asoma una verdad que oculta el discurso oficial: la crisis eléctrica está más viva que nunca.



Lo sindical
La Federación de Trabajadores de la Industria Eléctrica (Fetraelec) señala que la gerencia de la empresa pretende la “destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”. Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico hace campaña contra las “cúpulas sindicales”.


Lo operativo
 
40% de retraso presentan los proyectos nuevos de generación.
Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor.
De las 402 subestaciones de distribución, 127 exceden su vida útil de 35 años.


Dos grandes corrientes del oficialismo pugnan en la arena de la  Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec). Es, quizás, una de las confrontaciones más descarnadas que se han dado en las filas del chavismo en el último período.
La incursión del vicepresidente de la república, Nicolás Maduro, ex dirigente sindical, ha acentuado la rivalidad por su pasado en las filas de la Fuerza Bolivariana de Trabajadores (FBT), una de las líneas que dominan la Central Bolivariana de Trabajadores Socialistas de la Ciudad, el Campo y el Mar.
En dos semanas, se han producido dos marchas hacia un mismo destino pero con diferentes actores. La primera de ellas convocada por la Federación Eléctrica Nacional (Fetraelec) y más de 30 sindicatos. La segunda por el Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico, con la participación del tren gerencial,  cuyas consignas fueron en contra de las “cúpulas sindicales”.
Ambas incluyeron entre sus objetivos entregar un plan integral para el mejoramiento del Sistema Eléctrico Nacional (SEN) a la Vicepresidencia de la República.
Pero dentro la confrontación resaltan las duras críticas esbozadas por Fetraelec contra quienes hoy dirigen Corpoelec, entre las que destacan  el “plan de exclusión, amedrentamiento y acoso a los trabajadores, así como destrucción sistemática del movimiento sindical eléctrico”.
El secretario de asuntos internos de Fetraelec y secretario general del Sindicato Único de Trabajadores Eléctricos del estado Bolívar, Francisco Alarcón, ha denunciado que la intención de la directiva es sustituir a los sindicatos por una organización vertical que no se corresponde con el proyecto del control obrero.
En el documento entregado al vicepresidente Nicolás Maduro los trabajadores exponen la situación de la industria, remarcan las causas de la crisis eléctrica, subrayan la inestabilidad de las líneas de transmisión y la ausencia de un plan consensuado para salir del atolladero.
Fetraelec también destaca que el plan tarifario “razonable”, ejecutado tras el estudio de un equipo multidisciplinario, no trascendió.
La institución asegura que milita con la idea de  implantar un modelo de gestión socialista para fijar una gerencia y administración de la empresa colectiva, con la conformación de consejos de trabajadores.
Sin embargo, “las autoridades vienen desmontando lo que con grandes esfuerzos pudo avanzarse desde las bases de los trabajadores, como por ejemplo la definición de las unidades mínimas operacionales y, por el contrario, se están retomando los viejos esquemas regionales”.
Cuestionan a los consejo socialistas cuya línea vertical se impone, aplicando “persecución y hostigamiento a los trabajadores que osen  reclamar la aplicación del reglamento (…) se está potenciando un choque inminente y comienzan a manifestarse importantes elementos de esas dos visiones contrapuestas de cómo refundar el sector eléctrica”, alerta la federación de sindicatos eléctricos en el documento entregado a Maduro.

Dos líneas
Los cuestionamientos del sector sindical están basados en el poco avance que ha habido en la reorganización del sector eléctrico nacional, firmado en mayo de 2007 y que tenía como fin unificar e integrar las condiciones laborales de 14 empresas y 42 sindicatos exigentes.
Responsabilizan de esta situación, precisamente, a los sectores “enquistados” que este viernes se movilizaron en Caracas con Frente Socialista de Trabajadores del Sector Eléctrico en contra de las “cúpulas sindicales”.
Pese a que ambos grupos coinciden en el planteamiento de que los trabajadores asuman la conducción de la industria, hay profundas divergencias en cómo se materializa la idea socialista.
La coordinadora nacional de igualdad de género de esta agrupación, Mercedes Gutiérrez, señaló a la Agencia Venezolana de Noticias (AVN) que este frente rechaza las cúpulas sindicales y apuestan por la integración de la fuerza laboral.
La clara división dentro de la industria obligó a la Vicepresidencia de la República a conformar un “equipo de trabajo permanente” con cuatro líneas estratégicas, divulgas este viernes por Maduro.
Entre tanto, la mayoría de las organizaciones agrupadas en Fetraelec están dispuestas a enfrentar cualquier modelo que pretenda convertirse en una figura de paralelismo sindical.
“No puede ser que intenten implantar un control obrero para enfrentar a los trabajadores, para entregar las conquistas, porque si es así yo me quedo entonces con el viejo modelo que me establece la constitución que es la participación a través de las organizaciones sindicales. Ese es el debate que tiene que darse, pero no por la imposición”, declaró el dirigente de Suteeb, Francisco Alarcón. 

Sistema eléctrico Nacional (SEN), según Fetraelec:
* Inestabilidad: Capacidad instalada 23.554 sólo es posible generar el 36% y el eje norte costero requiere de  la importación de energía desde Guayana de no menos de 8.400 Mw, observamos que se ve limitada por el facto de inestabilidad de transferencia de carga que sólo le permite exportar 7.400 Mw.

* Transmisión: el 78% de los transformadores tienen un factor de utilización superior al 55% (22% con factor de utilización superior al 80%) que indica pérdida de capacidad firme disponible de energía, condición esta, que restringe la posibilidad de hacer mantenimientos sin la suspensión parcial del servicio.

* Distribución: De las 402 subestaciones de distribución, el 32% (127) exceden su vida útil (35 años). Esta situación de sobrecarga sostenida de los componentes de distribución, como círculo vicioso, genera interrupciones cada vez más frecuentes.

* Pérdidas de energía: Más de 2.5 millones de usuarios no poseen medidor (pagan por estimados), una gran cantidad ejecuta normas clandestinas o intervienen medidores de manera fraudulentas.

39 horas/año es el indicador de tiempo total de interrupciones (TTI); el indicador latinoamericano es de 6 horas/año
7.500 millones de bolívares eran las cuentas por obrar en Corpoelec al cerrar el 2011.
12.000 mw nuevos se requieren para los 3 millones de viviendas que aspira construir el Gobierno con la Gran Misión Vivienda y se requerían 20 millones de dólares en inversión.
40% de retraso tienen los proyectos nuevos de generación donde se estima incorporar 5.629 Mw al sistema
1.500 trabajadores, según Fetraelec, deberían estar capacitándose para la nueva infraestructura eléctrica.

Fuente:  Clavel A. Rangel Jiménez
crangel@correodelcaroni.com