El líder sifonteño, Carlos Chancellor afirmó que “el gobierno ha creado un esperpento jurídico para acabar definitivamente con la actividad del oro que nuestro pueblo ha ejercido como la forma de ganarse la vida día a día. Ya que sólo los grandes capitales, y quienes tengan relaciones de complicidad con los funcionarios podrán superar los requisitos y los plazos para poder operar sustentablemente esa actividad a partir de un remedio que agrava, extiende y multiplica la enfermedad que por 13 años venimos sufriendo: mediocridad, desubicación, inhumanidad, ineptitud y corrupción”, aseguró.
DESCONOCIMIENTO DE LA REALIDAD MINERA
Haciendo un análisis del Decreto-Ley N° 8.413, el ex alcalde del municipio Sifontes resaltó que “es imposible no escandalizarse ante la carencia absoluta de raciocinio, ubicación y sobre todo de conocimiento de las realidades con que opera la actividad minera aurífera en Guayana desde hace más de un siglo”. Recordó que esta normativa legal en sus disposiciones fundamentales expresa que el objeto (Artículo 1) de la misma es “regular lo relativo al régimen de las minas y yacimientos de oro, la reserva al Estado de las actividades primarias, conexas y accesorias al aprovechamiento de dicho mineral, y la creación de empresas para su ejercicio (…) de explotación del oro con la ejecución de políticas que se traduzcan en el vivir bien del pueblo, la protección ambiental y el desarrollo nacional”.
UNA INJUSTICIA PARA EL PUEBLO MINERO
“Es decir, que el gobierno tendrá participación en toda la cadena del proceso, que se inicia con la exploración, la explotación, transporte del material, el procesamiento (molienda y concentración), comercialización, elaboración de productos (orfebrería); por lo que se tendrán que constituir ‘empresas mixtas’ en las cuales el Estado debe tener una participación del 55% del capital accionario. De esa forma, desde los mineros artesanales, los molineros, los comerciantes de oro y los orfebres, tendrán que ‘asociarse’ con el gobierno, para obtener ‘el honor’ de participar como ‘socio minoritario’ del Estado, algo que me parece muy injusto para los mineros”, argumentó Chancellor Ferrer.
NO SE HA ESCUCHADO AL PUEBLO
Explicó que para ser “socio minoritario” del gobierno, no será tan fácil. Una vez se concrete la “empresa mixta”, habrá que esperar hasta que la Asamblea Nacional apruebe dicha “asociación”, según lo dispone el artículo 6 de la misma. Luego la pregunta ineludible es ¿qué ocurrió con las cooperativas, los consejos comunales, la organización social del pueblo, el desarrollo endógeno, y los poderes creadores de ese pueblo?, lamentando que no sea escuchada la voz del pueblo organizado. Carlos Chancellor agregó que “por otro lado, todo el oro que se obtenga deberá ser vendido al Estado y a precio de dólar ‘controlado’, es decir la grama de oro deberá venderse al precio internacional pero con el equivalente a 4,30 Bs. por dólar”.
CÁRCEL POR EJERCER EL DERECHO AL TRABAJO
Aseguró que “esta ley es mortal para el pueblo. Es un adefesio legal que perjudica, agrava la situación y encarcelará a los mineros de Roscio, El Callao, Sifontes y Gran Sabana. De hecho, en su artículo 32, dispone como delito la realización de actividades ‘primarias’, ‘conexas’ o ‘auxiliares’, sin cumplir con las formalidades establecidas; estableciéndose una pena corporal de prisión que oscilará entre los seis meses y los seis años al infractor, en cabeza de sus socios y directores, o mediante interpuesta persona’. Es decir, habremos de crear y operativizar con urgencia: colectivos de apoyo y asistencia jurídica a mineros, transportistas, molineros y comerciantes que se verán imputados, procesados y condenados por ejercer un derecho que hipócrita y retóricamente el gobierno afirma que es para ‘el vivir bien del pueblo’.
Escrito por ANÍBAL EDUARDO SANDOVAL
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